Sobre contratos de hidrocarburos del Noroeste

Sobre contratos de hidrocarburos del Noroeste

Por Jorge Manco Zaconetti (Investigador UNMSM y Consultor)

No tengo un ánimo de animadversión con respecto al señor Daniel Saba de Andrea, mi relación con su persona es eventual, esporádica desde los años noventa a la fecha, más de conocidos que amigos. Por ello, los comentarios de los señores Víctor Guevara y José Fiestas en mi blog no dejan de tener interés sobre el comportamiento pasado, presente y futuro del Presidente de PerúPetro. Es más, si se tiene perspectiva histórica para juzgar a las personas, debieran evaluarse los activos y pasivos de sus acciones, por ello, creo que nuestro país debiera estar agradecido con Daniel Saba y con muchos otros que defendieron el patrimonio y el interés nacional en los duros días de la dictadura fujimontesinista después del golpe del 5 de abril de 1992; régimen donde se privatizaron rentables empresas estatales, yacimientos y activos para valorizar el capital privado fundamentalmente transnacional.

Por ello, el comportamiento del señor Saba debe ser evaluado, no soy juez ni fiscal, teniendo perspectiva histórica. Si bien a mediados de la presente década formó parte de la asesoría del comandante Ollanta Humala y su movimiento nacionalista, tuvo la oportunidad de asumir la presidencia de PerúPetro en el 2006 por invitación directa y personal del presidente Alan García.

Se debe reconocer que PerúPetro es la empresa estatal responsable de promover la inversión en el sector de hidrocarburos y la supervisión de los contratos, y Saba tuvo que arrastrar en la administración a una serie de funcionarios doctos en malas prácticas empresariales, con indicios de corrupción como ha quedado en evidencia en sendas investigaciones del Congreso de la República y de la Contraloría, entre otros el asunto Petro Tech, la extensión de contrato del 1-AB, Z-1, el contrato de exportación del lote 56 etc.

En ese contexto se podría cuestionar al señor Saba de varios errores, incluso de no ser experto en contratación petrolera y de ser ilegalmente miembro del directorio de PetroPerú como bien señalan los atinados comentarios. Seguramente se podrá acusar al señor Saba de una serie de cargos, de irresoluto, medio autista, de timidez, de exceso de confianza a personas de dudoso pasado, etc. Pero como ha quedado demostrado en las investigaciones de los llamados “petroaudios”, y en su práctica vital, sí se puede afirmar que no es un corrupto, que no tiene manchadas las manos con entuertos, negociados y bellaquerías. Esto es decir bastante en un régimen que ha hecho de la mentira una virtud, y de la hacienda pública el establo de negocios privados.

Por lo tanto, con este reconocimiento de parte del activo y pasivo personal me extraña la manera como se está llevando en PerúPetro el asunto de la extensión de los contratos de Talara en los llamados “campos marginales” de Talara, donde se debe preservar ante todo el interés nacional.

LOS CAMPOS MARGINALES

Se debe recordar que en la gestión del señor Jaime Quijandría Salmón como presidente del directorio de PetroPerú hacia 1991 se planteó la entrega de lotes llamados marginales al sector privado en razón de los altos costos de producción. Este proceso de denominó la “modernización de PetroPerú”, un adelgazamiento de la petrolera estatal y por el cual fueron transferidos a las empresas privadas un conjunto de distritos petroleros como San Pedro, Tablazo, Portachuelo, Lobitos, Lomitos, Pariñas, Hualcatal, Los Órganos, Lagunitos, Alvarez, etc.

La lógica de ese proceso de entrega de los llamados campos marginales tenía la intención de favorecer la capitalización del empresariado nacional reproduciendo la experiencia chilena que favoreció a los capitales privados de dicho país. En ese contexto varias empresas nacionales petroleras incursionaron en el negocio petrolero que como diría un funcionario de Graña y Montero “Obtener petróleo en el Zócalo Continental es tan rentable aún si se trasladase el crudo en camiones. No existe negocio lícito más lucrativo ahora que la actividad petrolera” 1992

Esta experiencia de transferencia marcada en el ámbito de la privatización de los campos marginales tuvo además otras características que no se debieran reproducir en el presente. En los inicios de los noventa el problema central en el sector de hidrocarburos estaba relacionado fundamentalmente con la capitalización del sector, en la promoción de la inversión privada, en el reordenamiento económico-financiero de PetroPerú, la superación de las absurdas políticas de subsidios del régimen anterior, en el incremento de la producción y de las reservas de hidrocarburos, en la superación del déficit de la balanza comercial de hidrocarburos, etc.

Por ello, con la excepción del “adelgazado” lote X/XI que fue transferido al sector privado en diciembre de 1996, donde la empresa argentina Pérez Companc pagó US$ 202 millones de dólares por las reservas que a la fecha tenía el lote operado por PetroPerú. Por defecto, todos los demás lotes del noroeste fueron privatizados a favor de empresas que firmaron contratos con PerúPetro pero que no pagaron por las reservas probadas. Esto que era razonablemente justificado a inicios de los años noventa no puede repetirse en el presente.

Las condiciones económicas, políticas y sociales han cambiado. De allí, que para la extensión de los contratos debiera haber un pago al Estado por las reservas probadas, al margen de las regalías abonadas y los compromisos de inversión pactados. Los altos precios internacionales del petróleo y gas exigen que las empresas paguen al fisco por las reservas si es que se pretende la prórroga. Esto debiera ser lo consecuente en la preservación del interés nacional.

Es más, por el mismo interés nacional esos lotes debieran seguir siendo operados por el sector privado por los altos costos y riesgos que entraña su producción. Por ello, si bien resultaría deseable que PetroPerú asuma paulatinamente la gestión y administración de los referidos lotes, ésta no tiene ni los capitales de inversión, ni el capital humano necesario. Es más políticamente la opinión pública está sensibilizada contra la petrolera estatal por el affaire de los petroaudios, la falta de transparencia en la administración actual, y el excesivo peso político en la determinación de los precios de los combustibles.

Por ello, lo razonable sería que PetroPerú concentre sus mejores esfuerzos en la modernización de la Refinería de Talara, en la obtención de los requeridos capitales para su ampliación, tratamiento de crudo pesados y la desulfurización del petróleo diesel. En ese sentido sería la petrolera estatal la más interesada en el incremento de la producción de los llamados campos marginales de Talara y del Zócalo Continental. Cuando su capacidad de refino se amplié a los 90 mil barriles diarios lo lógico sería que el abastecimiento del crudo tenga un origen doméstico, de preferencia del buen petróleo ligero del noroeste.

SOBRE LAS REGALÍAS

En honor a la verdad, se podría afirmar que las empresas privadas no abonaron por las reservas probadas, sin embargo asumieron altas tasas de regalías sea en los contratos de licencia y de regalías equivalentes en los llamados contratos de servicios que involucran solamente a tres empresas Graña y Montero, Petro Tech y Unipetro, empresa de la Universidad Nacional de Ingeniería.

Sirva la comparación entre el lote I de Graña y Montero y el lote IX de Unipetro donde la diferencia en la regalía equivalente, es decir lo que percibe el Estado deducida la retribución al contratista, resulta abismal. Mientras el lote I paga una regalía de 25.56%, y el resto (74.49%) constituye el valor de la producción fiscalizada que determina los importantes ingresos y utilidades de una empresa que no pagó suma alguna por las reservas probadas que recibió de PetroPerú en 1991. Solamente en el año 2008 facturó ingresos por 71 millones de dólares con utilidades netas de 18 millones.

Si bien es verdad, que Graña y Montero petrolera es una empresa que ha gozado y goza de las preferencias al más alto nivel de los poderes de turno, que se caracteriza por el abono de salarios miserables a sus trabajadores y pésimas prácticas empresariales sin responsabilidad social, ha incrementado los volúmenes de reservas probadas, probables y posibles, por ello constituye un imperativo que pague por las reservas probadas antes de cualquier prórroga contractual, al margen de mayores compromisos de inversión.