Duro golpe al Sionismo en el Consejo de Seguridad
Por Pablo Jofré Leal
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobó la resolución contra los asentamientos ilegales del régimen de Israel, pese a las presiones ejercidas por Trump y Netanyahu, junto al lobby sionista.
A pesar de presiones ejercidas por el presidente electo estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benyamin Netanyahu, junto al lobby de organizaciones como el Comité de Asuntos Público Estadounidense-Israelí (AIPAC); el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas —CSNU— aprobó la Resolución N.o 2334, con la coautoría de Nueva Zelanda, Malasia, Venezuela y Senegal, en contra de los asentamientos de colonos judíos en territorios de la Ribera Occidental.
La votación estaba prevista para el día 22 de diciembre, pero la delegación de Egipto —que había presentado el proyecto de resolución al Consejo de Seguridad—, por presiones de Estados Unidos a través de una llamada directa del mandatario electo estadounidense Donald Trump al presidente egipcio Abdelfatah al-Sisi, pospuso el proceso. Finalmente, se sometió a consulta este viernes por las delegaciones de Nueva Zelanda, Malasia, Venezuela y Senegal, coautores del texto.
La resolución N.o 2334 es la primera referente a la ocupación israelí de las tierras palestinas después de ocho años. Con ella se condena la conducta violatoria del derecho internacional por parte de Israel. Aprobada por 14 votos a favor y una abstención —la de Estados Unidos— esta resolución es documento que destaca claramente que la presencia de Israel y sus fuerzas ocupantes en la Ribera Occidental y en al-Quds (Jerusalén) supone una “violación del derecho internacional y un grave obstáculo para solucionar el conflicto, a través de la creación de dos Estados”.
Esta Resolución reafirma la ilegalidad de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén oriental y reitera la exigencia de que Israel ponga fin de inmediato y por completo a todas sus actividades de ese tipo. Según se señala en la página de la ONU con esta importante determinación se subraya que no reconocerá ningún cambio a las fronteras acordadas en 1967, lo que incluye a Jerusalén. El texto llama, así mismo, a tomar medidas para prevenir actos de violencia contra civiles, incluidos atentados terroristas. Finalmente, llama a las partes a retomar los esfuerzos para iniciar negociaciones creíbles y definir la cuestión del proceso de paz de acuerdo con las recomendaciones del Cuarteto de Paz para Oriente Medio.
Rafael Ramírez, embajador de Venezuela ante la ONU, señaló en la presentación de esta Resolución que “Al someter esta propuesta nos anima el firme compromiso de revertir esta peligrosa tendencia para salvaguardar los intereses del pueblo palestino y la viabilidad de su Estado y para revitalizar el proceso de paz que se ha visto estancado por más de 20 años. Ya es hora que este Consejo de Seguridad asuma la altísima responsabilidad que tiene en el origen y en la extensión de este conflicto”. La presidencia de la Autoridad Nacional Palestina —ANP—, a través del portavoz Abu Rubeina, señaló que la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU contra los asentamientos ilegales es un "un gran golpe" para Israel.
Para indignación del régimen de Netanyahu, la propia embajadora de EE. UU. ante la ONU, Samantha Power, en un mazazo al sionismo, destacó que "no se puede abogar por asentamientos y la solución de los dos Estados. No vetamos la resolución, ya que refleja los hechos en el terreno y es consistente con la política estadounidense". John Kerry, Secretario de Estado norteamericano señalo, por su parte, que “aunque no estamos de acuerdo en todos los aspectos de esta resolución, ella, con razón, condena la violencia, la incitación, la actividad de los asentamientos e insta a las partes a tomar medidas constructivas”. Por su parte, para el asesor presidencial estadounidense Ben Rhodes, “la actividad por parte de Israel en materia de asentamientos amenaza la coexistencia pacífica de los dos Estados. Una actividad que se ha intensificado durante los últimos años, sobre todo después de 2011. La condena de la política de asentamientos de Israel es consistente con la política de EE. UU., que es apoyada por ambos partidos".
Para el mandatario electo Donald Trump, quien se jugó por evitar esta derrota israelí, dijo “las cosas en la ONU a partir de mi presidencia serán diferentes" en una clara muestra de apoyo a un régimen alicaído como el israelí y que espera, de la mano del multimillonario estadounidense, devenido presidente, tener nuevos aires en su política colonialista. A pocos minutos de salir a la luz pública la Resolución N.o 2334, el régimen israelí emitió una declaración señalando que no acatará lo determinado por el Consejo de Seguridad. Para el régimen de Netanyahu la responsabilidad de esta dura derrota es atribuible a la administración de Barack Obama que “no solamente falló para proteger a Israel contra esta conspiración en la ONU, sino que se coludió con ella entre bastidores". El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, admitió que tenía esperanzas de que Estados Unidos vetara lo que denominó “una vergonzosa resolución".
Aplicar sanciones Contra el régimen sionista
Este tipo de resoluciones son de carácter vinculante y obligan a los países involucrados al cumplimiento de la decisión tomada, en la cual se considera que la construcción y ampliación de estas colonias en los territorios ocupados palestinos constituyen una “violación flagrante de las leyes internacionales y un severo obstáculo para la paz”. La resolución del CSNU implica un clarísimo reconocimiento del carácter ilegal de los asentamientos y constituye un poderoso instrumento para la exigencia de responsabilidades a las autoridades civiles y militares israelitas en el plano internacional en hechos que son claramente constitutivos de crímenes de guerra y lesa humanidad, fundados en el derecho internacional humanitario.
El propio CSNU, los países que aspiran al cumplimiento de las leyes internacionales, la propia Autoridad Nacional Palestina, Hamas, los gobiernos amigos deben comenzar a trabajar por exigir el cumplimiento de esta Resolución y, si ello no se ejecuta, establecer las sanciones que el incumplimiento de un mandato internacional exige. El Consejo de Seguridad de la ONU debe tomar medidas concretas, incluso amenazar con sanciones selectivas, contra las partes del conflicto de Siria que incumplen descaradamente los términos de una resolución adoptada por unanimidad por la ONU. Estas sanciones pueden ser políticas, diplomáticas, económicas, militares. El recurso a las sanciones, previsto explícitamente por el artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas, permite al Consejo de Seguridad pedir a los Estados miembros que apliquen medidas coercitivas con el fin de hacer efectivas sus decisiones y contribuir de este modo al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales. Los diversos regímenes de sanciones adoptados por el Consejo pueden equipararse a instrumentos políticos destinados a velar por el mantenimiento de la paz y la seguridad.
Recordemos que la Carta de las Naciones Unidas ha creado lo que denomina un sistema de seguridad colectiva, que está recogida en su Capítulo N.o VII y que es administrado centralizadamente por el Consejo de Seguridad, definido como el órgano principal de la organización según el artículo 7.o de la Carta. En vista de la necesidad de cumplir el cometido esencial, el cual es velar por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, este Consejo puede adoptar las siguientes medidas: Primero, medidas que no implican el uso de la fuerza, lo que usualmente se denominan sanciones, contempladas en los artículos 40 y 41 de la Carta de las Naciones Unidas. Segundo, medidas que implican uso de la fuerza, que están consignadas en los artículos 42 y siguientes de la Carta. Tercero, otras medidas, que si bien no se desprenden de manera explícita en la carta de la ONU, si se han constituido a partir de la práctica que el propio CSNU ha utilizado en la exigencia de resoluciones como ha sido en el caso de Serbia, Libia, Irak, Siria. Esto último, a través de un papel similar al que cumpliría un legislador, por ejemplo, con la adopción de acciones contra el terrorismo y la creación de tribunales penales ad hoc frente a acusaciones de crímenes de guerra y lesa humanidad.
El CSNU tiene experiencia a la hora de ejercer las sanciones cuando los miembros de la ONU no cumplen las determinaciones del ente multinacional y en este caso es muy probable que Israel se niegue a cumplirlas. Ya lo ha declarado y, por tanto, la parálisis no puede ser el curso de acción. Las sanciones suelen ser estandarizadas, como embargos de armas y bienes sensibles, la prohibición de viajar a sus cargos políticos, militares y empresariales, congelación de activos. Esto, de tal forma de privar al violador de sus medios de acción de sus recursos y ejercer presión para cooperar en el proceso de solución de un conflicto en el cual es parte. Para ello el CSNU debe crear un Comité de sanciones acompañado de un grupo de expertos para garantizar la aplicación efectiva de las sanciones por los Estados miembros de las Naciones Unidas.
Esta resolución será, sin duda un aliciente muy poderoso en la demanda presentada en Chile a principios del mes de diciembre contra tres jueces de la Corte Suprema israelí, precisamente por crímenes de guerra con relación a la construcción del muro, la confiscación de tierras, la construcción de asentamientos, la violación del derecho a desplazamiento de la población palestina en Beit Jala, localidad ubicada a pocos kilómetros de al-Quds. Para el abogado Gonzalo Boye, uno de los profesionales que asesoró a los abogados chilenos que presentaron en Chile la demanda contra los magistrados israelíes, la resolución que se aprobó en Nueva York este viernes 23 de diciembre “es un puntal muy valioso para fundamentar las investigaciones que está haciendo la Fiscalía de la Corte Internacional y también se constituye en un instrumento jurídico y político de enorme trascendencia de cara a cualquier reclamación judicial en contra de quienes diseñan, practican financian y/o apoyan la ocupación de los territorios palestinos “
Para Boye, el incumplimiento de la resolución aprobada en el CSNU puede conllevar sanciones a Israel y su régimen; pero lo más importante es que se constituye y se establece a ojos del mundo la absoluta ilegalidad de la ocupación israelí del WestBank (Cisjordania). El CSNU debe exigir ahora la aplicación del acuerdo en todos los ámbitos afectados por esta política colonialista de ocupación y construcción de asentamientos, que implica el traslado de miles de colonos a territorio palestino. Y, especialmente debe encauzar los requerimientos jurídicos internacionales para que la entidad sionista de cumplimiento a las exigencias contenidas en esta resolución. Que ha dejado establecido que le guste o no al ocupante israelí, que su proceder en la ribera occidental y la política criminal ejercida deben cesar.
Esta resolución es un importante avance frente a una política violatoria del derecho internacional que el régimen de Netanyahu venía ejerciendo sin que la comunidad internacional emitiera opinión alguna. Ahora bien, uno de sus más importantes instrumentos como es el Consejo de Seguridad —que seguramente será despreciado por Tel Aviv— ha definido que la política de ocupación, de colonialismo, de construcción de viviendas y el traslado de colonos es ilegal, debe cesar completamente. Israel ha decidido hace tiempo ya —desde el momento mismo que firmaron los impotentes Acuerdos de Oslo del año 1993— que Palestina no tiene derecho a existir y para ello fue creando, con su policía de ocupación y apartheid una serie de bantustanes, aislados unos de otros, segregados y sometidos a la ocupación civil y militar de la entidad sionista, decidida a expulsar a los palestinos de su tierra como lo hizo el año 1948 con la Nakba 'Catástrofe').
Recuperar Palestina es expulsar a los colonos
En una serie de crónicas escritas al visitar tierras palestinas a mediados de este año 2016 señalaba que al- Quds y lo que ella representa constituyen la expresión más clara, concreta y ejemplificadora de la conducta violatoria y de la práctica de crímenes de guerra y lesa humanidad que el sionismo ejerce sobre el pueblo palestino, el quebrantamiento de las leyes internacionales y cualquier acción que implique negarse a devolver los territorios usurpados a sus legítimos dueños. Al-Quds, así como al-Jalil (Galilea), Bayt Laḥm (Belén), Nablus, Tulkarem y Jericó, entre otras, son la prueba clara de que Israel —que tras la guerra del año 1967 los consideraba “territorios administrados”— ha convertido, en virtud de su ideología racista, en territorios ocupados por una potencia colonial represiva y criminal, en cuyo ideario la ciudad de al-Quds adquiere ribetes mitológicos, considerándola parte única e indivisible de su falsaria idea de que les ha sido otorgada por gracia divina.
Este mito es el que viene a romper la resolución del CSNU y que da fuerzas al pueblo palestino y a la comunidad internacional, que alienta la autodeterminación de este pueblo, a denunciar la permanente política de usurpación de los barrios de al-Quds, de los pueblos y ciudades del West Bank, de exigir el derribo de un muro miserable* y sobe todo exigir el cese de los crímenes que diariamente cometen la soldadesca y los colonos en los territorios ocupados. Esta resolución permite dar fuerza vinculante a las demandas permanentes de las autoridades palestinas, de su pueblo y las organizaciones que apoyan la lucha de esta sociedad: que termine la construcción de asentamientos de colonos, ya sea en la parte este de la ciudad de al-Quds, tras la línea verde o en las zonas adyacentes, conformando un anillo de dominio y fragmentación, destinado a impedir —si en el futuro así se da— la devolución de todos aquellos territorios expoliados al pueblo palestino, tal como sucede en el resto del territorio de la Ribera Occidental.
La Disposición N.o 2334 del Consejo de Seguridad debe ser cumplida de tal forma que la Autoridad Nacional Palestina tome la iniciativa para exigir, por ejemplo, que la serie de asentamientos que rodean a al-Quds, como el de Talpiot Este, Pisgat Ze’ev, Gilo, Nevé Yaakov, además de la siempre creciente Colonia de Maaalé Adumin dejen de ampliarse mientras se discute su destrucción y salida de esos 300 mil colonos que irrumpieron en al-Quds Este y en barrios del casco antiguo como Silwan, Shuafat, Bein Hanina, Wadi Hilwe Haman al-Ain y al-Bustan generando una situación de ocupación de hecho que suele ir acompañada de la irrupción de fuerzas militares, para proteger a esos grupos extremistas israelíes. Como también dar los pasos para la salida de los 350 mil ocupantes extremistas que ocupan tierras palestinas en al-Jalil, Hebrón, Nablus y Jericó, en el valle del Aghwar-Jordania.
Es, sin duda, una tarea compleja, pero es un deber moral, político de sobrevivencia para el pueblo palestino el ejecutarla. Sacar a esos colonos que están protegidos por un Ejército de ocupación y exterminio al estilo de las SS hitlerianas, que violan la legislación internacional, ocupan cada pulgada de las más ricas y fértiles tierras palestinas, en asentamientos que no respetan ni siquiera las fronteras establecidas a golpe de complicidad de los organismos internacionales y los aliados de Israel. Colonos que se confunden con el ejército sin existir una distinción precisa pues muchos colonos son oficiales o miembros del Ejército Sionista y son miles los oficiales que viven en los asentamientos en los territorios palestinos.
En mi trabajo titulado "¿Cómo frenar a los perros de guerra?", denominación que el exparlamentario y activista israelí da a los colonos judíos extremistas asentados en territorio palestino en el West Bank señalaba: “La mayor parte de los colonos son nacionalistas religiosos, extremistas y radicales que votan al Likud de Netanyahu como también a formaciones terroristas como Yisrael Beytenu del sionista y ex Ministro de Asuntos Exteriores —hasta mayo del año 2015— Avigdor Lieberman quien habita en Nokdim, un asentamiento ubicado en Cisjordania. Lieberman es partidario de decapitar a aquellos "árabes-israelíes que sean desleales a Israel". Como también no dejar piedra sobre piedra, destruir todo. Bombardear Irán, como también Beirut. Propulsor del llamado Plan Transfer que consiste en trasladar a Jordania u otros países árabes a todo habitantes árabes que vivan en Israel y los territorios ocupados. Un Lieberman con opiniones tales como "Sería mejor ahogar a los palestinos en el Mar Muerto, si fuera posible, puesto que es el punto más bajo del mundo". Ideas y prácticas similares a las expresadas por los partidarios del nacionalsocialismo hitleriano, que implementó una política de exterminio del pueblo judío, tal como el sionismo lo concreta con el pueblo palestino. Una paradoja cruel que asimila el nacionalsocialismo con el nacionalsionismo.
Los colonos en Jerusalén Este y en Cisjordania son de la misma estirpe rabiosa que Lieberman e impiden avanzar incluso en la idea de dos Estados, que ha sido asumida en forma humillante por la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que ha ido de tumbo en tumbo desde los Acuerdos de Oslo firmados el año 1993 —oficialmente Declaración de Principios sobre las Disposiciones relacionadas con un Gobierno Autónomo Provisional— y que lo han hecho ir cediendo demanda tras demanda ante el régimen israelí. Tal política contrasta con la llevada a cabo por otras entidades políticas, que a pesar de represión, agresiones militares, invasiones y miles de muertos aún sostienen la valerosa bandera de la autodeterminación, bajo el marco político y militar que ello significa, como es el caso de Hamas, que gobierna la asediada Franja de Gaza.
Es claro que la resolución N.o 2334 dada a conocer en este viernes 23 de diciembre del año 2016 marca un hito fundamental. Como también es claro que no será cumplida por Israel, lo que obliga a dar los pasos efectivos en todos los frentes de lucha para esta determinación sea ejecutada. Israel no entenderá otra línea de acción que no sea la fuerza conjunta del pueblo palestino, acompañado del boicot, las sanciones y la desinversión, que implique cercarlos, tal como se hizo con el régimen del apartheid en Sudáfrica, con el claro compromisos de la comunidad internacional. Y hablo, simplemente, de acciones no violentas, aunque no se puede descartar cuando las condiciones así lo permitan una política de mayor presión, donde actores regionales de importancia y un cambio en la correlación de fuerzas permitan acorralar al régimen sionista. El marco jurídico lo permite; la voluntad y la dignidad nos exigen hacer cumplir lo que durante 68 años ha sido una política de desprecio a las leyes internacionales por parte de la entidad sionista. Es hora de actuar, con firmeza, con la razón de nuestra parte, con todas las fuerzas de la historia.
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* Lo malo de ese muro es que en gran parte se ha hecho en territorio palestino, poniendo bajo domiinio israelí tierras qe pertenecen a los palestinos. [Nota de Con nuestro Perú]
Con información de HispanTV, 23.12.2016
