Por Nicolás Parra Tapia y Felipe Díaz Montero.
“No soy espía”, declaró un teniente del Ejército encargado de Caliche, proyecto secreto del Comando Conjunto chileno destinado a husmear en las comunicaciones de Perú y Bolivia. Su causa, actualmente en tramitación en la Corte Suprema, reveló una trama donde confluyen sospechas de filtración de información a “potencias extranjeras” y la vulneración a una endeble seguridad militar. Con todo, la defensa del uniformado apunta a la inocencia de su representado. La historia es de la Unidad de Investigación de BioBioChile.
La ejecución de Caliche, proyecto top secret de la Inteligencia del Ejército de Chile destinado a husmear en las comunicaciones de Perú y Bolivia, quedó en riesgo total.
Lo que partió como un simple robo de cremas cosméticas al interior de la institución castrense, terminó develando un caso con ribetes de espionaje en el que confluyen viajes a Tacna, un militar condenado y con la seguridad de la nación comprometida.
Los hechos se remontan a inicios de 2014, cuando el teniente Maximiliano Arancibia fue descubierto con más de 72 mil archivos clasificados en su poder. Los documentos estaban contenidos en 7 mil carpetas, al interior de un disco duro de un terabyte ingresado sin autorización. El dispositivo incluso estaba contaminado con virus informáticos.
Y peor aún: un oficio de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército (DINE) deja abierta la puerta a que los documentos de alta sensibilidad militar pudieran haber llegado a manos de potencias extranjeras.
Pese a ser sentenciado a cuatro años de presidio, el castigo de Arancibia sigue en veremos. Todo lo deberá resolver la Corte Suprema, en una causa que está petrificada en el máximo tribunal del país desde 2019.
DE CREMAS A LA SEGURIDAD NACIONAL
La historia va así. De acuerdo a información recabada por la Unidad de Investigación de BioBioChile, los hechos tuvieron lugar en la Primera Brigada Acorazada “Coraceros” del Ejército, con sede en Arica.
Fue la noche del 14 de mayo de 2014 cuando uno de los capitanes de la repartición reclamó que le habían robado unas cremas cosméticas de alto valor. Las habían sacado de su habitación de soltero emplazada en el Casino de Oficiales.
Rápidamente dieron aviso a la Fiscalía Militar, lo que derivó en el encargo de diligencias a la PDI. La Brigada de Robos llegó al recinto militar al día siguiente. Las pesquisas dieron fruto.
¿El apuntado? El teniente Maximiliano Arancibia, perteneciente al Pelotón de Guerra Electrónica (COMINT). Una unidad creada en 2005, dependiente entonces del ex Regimiento de Infantería “Rancagua”. Al poco andar fue transferida a la Briaco Coraceros y posterior a los hechos, en 2014, fue derivada al Regimiento de Inteligencia Llaitún. Según un oficio de la DINE -al que accedió este medio- al 2017 contaba con una fuerza total de 34 hombres.
En la habitación de Arancibia, los detectives no sólo dieron con las cremas que estaban contenidas en una caja, sino también con dispositivos no autorizados que levantaron inmediatamente sospechas de su contenido. Entre ellos, figuran un pendrive y un disco duro de un terabyte. Todos ellos fueron incautados por personal de la Oficina de Seguridad Militar.
LOS ARCHIVOS
Según quedó acreditado en el peritaje ordenado al Regimiento de Inteligencia del Ejército “Soberanía”, el teniente Arancibia mantenía en su poder 7.004 carpetas, con 72.213 archivos calificados como secretos y de “alta sensibilidad militar”.
Hasta hoy se desconoce a ciencia cierta el propósito del uniformado para haber extraído información de los servidores institucionales que son fuertemente resguardados. Incluso está prohibida la conexión de estos dispositivos intrusos, mientras que el resto de la información debía quedar guardada bajo llave en una caja fuerte.
Como sea, el material correspondía a información encriptada que -de acuerdo al informe confeccionado por esa misma repartición- en caso de “ser mal manipulada, extraviada o perdida por el oficial, puede producir un gravísimo daño a la institución e incluso al país”.
HUSMEANDO EN EL EXTRANJERO
Entre los ficheros aparecen planos, antecedentes de inteligencia e incluso una carpeta rotulada “HIKO” que contenía compendios de comunicaciones respecto del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. El grueso de lo hallado, sin embargo, está relacionado a Caliche, un proyecto top secret del Ejército en el que trabajaba Arancibia.
En buenas cuentas, se trata de una maquinaria implementada por el Pelotón de Guerra Electrónica, cuyo sistema informático fue adquirido a DRS, empresa estadounidense, por un monto total que hasta hoy se mantiene en reserva.
¿El objetivo? Husmear en las comunicaciones de países limítrofes, principalmente de Perú y Bolivia, mediante la interceptación de radio-frecuencias.
Según declaró un coronel en medio del proceso judicial contra Arancibia, toda la información recopilada por el proyecto era finalmente llevada hasta el Centro de Fusión de Inteligencia Conjunta Norte (Cenficnor), donde era procesada para generar informes -valga la redundancia- de inteligencia.
¿ESPIONAJE?
Una vez conocido el contenido del disco duro, las alertas se encendieron. Inmediatamente se dispuso una investigación sumaria en la que quedó al descubierto que las medidas de seguridad fueron vulneradas en más de una oportunidad por Arancibia.
Sobre él, colegas dijeron sospechar que estaba “almacenando demasiada información, dinero y otras especies”. Incluso pusieron en conocimiento de su superior que éste mantenía conectado de manera irregular un disco duro en los servidores dedicados especialmente para Caliche.
Para ello -se desprende de los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa- había alterado los computadores, puesto que los puertos de acceso estaban bloqueados. Justamente para evitar la conexión de dispositivos intrusos. El capitán a cargo de Arancibia, simplemente, quedó de brazos cruzados, sin advertir de la situación a la Fiscalía Militar.
La investigación administrativa finalizó con un castigo de dos días de prisión para el acusado.
“NO SOY ESPÍA”
A esa indagatoria le siguió otra penal, a cargo de la judicatura castrense. El fiscal militar tomó declaración al propio Arancibia. En su alocución reconoció un actuar negligente, pero negó haber entregado la información a terceros.
En primer término, expuso que almacenó toda esa información secreta para “un mejor análisis de mi desempeño (…) Es por ello que guardé cierto material sensible y de carácter secreto del cual por mi oficio y desempeño trabajaba comúnmente en mi unidad”.
Así, añadió que “esta información en caso alguno la compartí con alguien que no sea relacionada a mi oficio (…) ni la he comercializado ni prestado para duplicar o copiar. Eso lo digo tajantemente y en ese sentido he actuado responsable y profesionalmente, resguardando la integridad y seguridad institucional”.
Asimismo, negó “obtener esta información secreta para otros, bajo algún ofrecimiento económico, ni tampoco me he enriquecido ilícitamente durante mi desempeño en la institución ni menos durante mi labor en el pelotón de Guerra Electrónica”. “Llevó una vida normal”, espetó.
Y ante las sospechas de que la información pudiera haber llegado a manos extranjeras, negó poseer cuentas bancarias fuera del país y respecto de sus viajes a Tacna -muy comunes entre los militares chilenos-, además de México y EEUU, sostuvo que corresponden a vacaciones familiares y trabajo, respectivamente.
Con todo, Arancibia sentenció: “No soy espía, ni he hurtado información con la cual yo haya lucrado o beneficiado terceras personas ajenas a la institución, sólo tenía la información -como lo he aclarado en todo este tiempo- como parte de mejorar mi trabajo y desempeño en cada una de mis actividades como asesor del área de telecomunicaciones”.
NO ES POSIBLE AFIRMAR NI DESCARTAR
Pese a sus explicaciones, a lo largo de todo el proceso judicial, el Ejército no pudo aseverar a ciencia cierta que los dichos de Arancibia fueran reales.
Es más, dejan la puerta abierta a la posibilidad de que la información pudiera haber llegado a manos extranjeras.
Un oficio de la DINE, fechado el 5 de agosto de 2016, versa: “La información secreta (…) estuvo expuesta a internet, lo que significa que pudo haber sido obtenida por terceros, dentro de los cuales pueden encontrarse los sistemas de inteligencia de potencias adversarias, lo cual, no es posible afirmar o descartar”.
Requeridos por la Unidad de Investigación de BioBioChile, desde el Ejército detallaron escuetamente que “Maximiliano Arancibia no es parte de la Institución desde el año 2018”.
“Referido a los demás antecedentes solicitados, y debido a que el proceso judicial aún se encuentra en curso, no le corresponde a la Institución referirse a los detalles que puedan ser objeto de investigación y/o futuras diligencias”, añadieron.
Y sentenciaron: “Finalmente, cabe precisar que el proyecto en comento fue desarrollado por el Estado Mayor Conjunto, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, y las capacidades correspondientes para el Ejército se encuentran en uso”.
“INOCENTE”
Maximiliano Arancibia fue condenado a una pena de cuatro años de presidio como autor del delito descrito y sancionado en el artículo 256 del Código de Justicia Militar. Esto es, respecto de quienes hubieren obtenido extraoficialmente los planos, mapas, documentos o escritos en referencia, o que en la misma forma hubiere tomado conocimiento de ellos.
El castigo, sin embargo, fue sustituido por libertad vigilada intensiva. Con todo, el militar apeló a la Corte Suprema en 2019. En un recurso de casación, la defensa de Arancibia, liderada por el abogado Arturo Yuseff Durán, insistió en su inocencia.
En el escrito, alegaron que todos los antecedentes los obtuvo por su trabajo, “dado que tenía que transcribir y cargarlos para otros computadores y presentarlos en reuniones de coordinación”.
“Toda la investigación resultó negativa en orden a establecer alguna conducta ilegítima”, agregaron.
Consultado por este medio, Yuseff sostuvo que Arancibia “ha sido perseguido” por sus superiores, puesto que le entregaron la responsabilidad absoluta del proyecto cuando apenas tenía 25 años.
“No es posible que un programa de esa naturaleza, que es para resguardar los intereses del país, se le entregue a una persona tan joven y sin la experiencia para dilucidar los problemas de seguridad”, apuntó.
En esa línea, insistió en que “no hubo corrupción, no hubo delito, sino una obsesión de que había que ‘liquidar’ a alguien”. Por ello, aseveró que “los servicios de inteligencia militar no dan garantías suficientes”.
“No hay elementos penales reales (en contra de Arancibia). Tengo la certeza de la inocencia”, concluyó.
Tras tres años, la causa está actualmente petrificada en el máximo tribunal del país.
Fuente: BiobioChille 07-07-2022
El pendrive del sargento: Ejército expulsa militar acusado de poner en riesgo la seguridad nacional
Por Felipe Díaz Montero
Durante seis años el sargento Juan Lobos mantuvo en un cajón con llave dos discos duros externos y un pendrive donde almacenaba información de la Contraloría del Ejército, violando la seguridad militar y sin el conocimiento de sus superiores. Todo cambió en 2020 cuando fue sorprendido, sumariado, dado de baja y enfrentado a una investigación en la Justicia Militar. ¿Cometió espionaje? ¿Cuántas veces los dispositivos salieron del principal edificio institucional con rumbo desconocido? Hasta ahora nadie lo sabe. Ni el mismo Ejército. Lobos recurrió a la Corte apostando a que un recurso de protección le devuelva el uniforme. Su abogado, Pedro Aliaga, declamó: “Ni al sargento le queda claro por qué se le dio la gravedad que se le dio”. La historia la revela la Unidad de Reportajes de BioBioChile.
El Segundo Juzgado Militar de Santiago sustancia un proceso en contra de un sargento segundo, quien mantuvo durante seis años en uno de los cajones de su escritorio -y bajo llave- dos discos duros y un pendrive donde almacenaba información de la Contraloría del Ejército.
De acuerdo a la información recabada por la Unidad de Reportajes de BioBioChile, Juan Lobos puso en riesgo la seguridad nacional, ya que extrajo, almacenó y manipuló información sensible de la institución, sin que hasta ahora exista claridad de cómo, cuándo, por qué ni para qué.
Los hechos indagados por la judicatura castrense ocurrieron nada menos que en el edificio institucional, ubicado frente al parque O’Higgins, que alberga la oficina del comandante en jefe, Ricardo Martínez, y que oficia como principal centro de operaciones militares del país.
La información consta en los archivos de la investigación interna a la que accedió este medio, donde se establece una “transgresión de nivel alto de criticidad”. Esto, en “relación a la conexión de dispositivos intrusos”.
Según los antecedentes presentados en el proceso, hubo una conducta reiterada del acusado, toda vez que el mando nunca conoció la existencia de los dispositivos de almacenamiento. En otras palabras, el Ejército no tiene claridad si estos pudieron salir de la unidad en muchas oportunidades llevando información reservada, confidencial o secreta. Un pendrive verde despertó las sospechas.
Más allá de lo que pueda surgir de la investigación, Lobos sostuvo que usar discos duros externos en su estación de trabajo, era habitual.
Dijo que las constantes interrupciones en los servidores y la asidua caída del sistema informático lo llevaron a que, para cumplir sus obligaciones, recurriera a un almacenamiento externo.
EL RECURSO
El descubrimiento que -de acuerdo al Ejército- abrió una fisura en la seguridad nacional motivó dos procedimientos. Primero, uno penal, que está en conocimiento del tribunal castrense; y segundo, uno administrativo.
Este último se basó en la investigación militar referida en la que se concluyó que existía evidencia de “vulneraciones gravísimas” a las disposiciones referentes a la Seguridad Militar, “toda vez que el clase mantuvo en su poder y sin la autorización de ingreso pertinente dos discos duros por un largo periodo de tiempo”.
De hecho, en la resolución -fechada el 3 de agosto de 2020-, el subcontralor del Ejército, coronel Ricardo Gárate Vera, sostiene que el conocimiento por parte de terceros de la señalada información “no sólo provoca un grave daño a la organización (Contraloría), sino para el Ejército en su conjunto”, por lo que se decidió la desvinculación de Lobos Céspedes.
Notificado de la determinación institucional el sargento Lobos solicitó la reconsideración de la sanción, pero fue rechazada. Así el 20 de agosto de 2020 quedó fuera de la institución, después de 22 años de servicio.
De acuerdo o no, Lobos firmó el dictamen militar, rubricado por el jefe de la Segunda División y Contralor del Ejército, general Hernán Araya. Intentó revocarlo, pero recibió la misma respuesta el 2 de septiembre pasado, con lo que se cerró la opción a su reincorporación “debido a las graves vulneraciones a las seguridad militar y el perjuicio causado al Ejército de Chile y está Contraloría”, según plasmó Araya de puño y letra.
DE BUENA FE
Durante la tramitación del sumario administrativo, Lobos insistió en que su único norte de conducta fue la buena fe y que los aparatos le permitieron ser un funcionario eficiente.
Añadió que pese a las constantes fallas del sistema informático, el mando era enfático: los trámites debían realizarse sí o sí “con la finalidad de cumplir con (…) los diversos requerimientos que se solicitaban a la sección, cuando la red institucional estaba caída”.
Como fuera, lo cierto es que la indagatoria interna nunca pudo establecer si los discos duros salieron en la misma mochila en que Lobos los llevó al edificio militar, ni qué información portaban. Determinarlo, hoy está en manos de la justicia militar.
El 28 de octubre pasado Lobos quemó sus últimas naves y recurrió ante el comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, con miras a revocar la decisión para eventualmente regresar a la institución. De nada sirvió, porque el 28 de octubre de 2020, el entonces ministro de Defensa, Mario Desbordes, firmó el decreto que lo dejó sin uniforme. “Necesidades institucionales”, quedó estampado en el documento oficial.
Nuevamente a la carga, intentó lo propio con Desbordes, arguyendo que Martínez no firmó su salida, pero tampoco tuvo suerte.
VÍA JUSTICIA ORDINARIA
Atendido a que acudió a todas las instancias administrativas y sólo obtuvo rechazos constantes, junto a su abogado Pedro Aliaga, presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago. A su juicio, se habían vulnerado sus derechos constitucionales.
El 18 de diciembre pasado el tribunal de alzada declaró admisible la presentación, dirigida contra el ministro de Defensa Baldo Prokurica, como el jefe superior del servicio, el general Martínez y el jefe de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), encabezada por su director, Luis Rojas.
En el texto, Aliaga sostuvo que la vulneración de derechos ocurrió, entre otros factores, porque Martínez no firmó la salida, sino que esta llegó a la secretaría de Estado sin que se respetaran los conductos administrativos.
“En contra de él se está adoptando una decisión que, a juicio nuestro, es ilegal absolutamente, porque se le está -a través de otra figura- eliminando de las filas institucionales, aún cuando el procedimiento por el cual se le está sancionando aún está pendiente, no está resuelto”, explica el profesional a BioBioChile.
Y agrega: “Ni al sargento le queda claro por qué se le dio la gravedad que se le dio”.
DENUNCIA A LA JUSTICIA MILITAR
Pese a lo mencionado por el abogado del acusado, el Ejército confirmó a este medio que presentó una denuncia por los hechos antes descritos.
En efecto, de acuerdo a la respuesta institucional, no se descarta que la información almacenada por Lobos pudo llegar a manos de terceros.
“Al exponer el contexto de la situación, se tomó conocimiento oficial de los hechos y por conducto regular mediante un informe presentado por otro integrante de la Institución, dándose curso a la denuncia correspondiente e iniciándose los procedimientos a que se ha hecho referencia”, sentencian.
En caso de confirmarse que la información pudiera haberse filtrado y de acuerdo a lo que señala expresamente el Código de Justicia Militar (CJM), el funcionario en cuestión arriesga incluso penas de cárcel.
En concreto, el Artículo 255 del CJM señala que “será castigado con la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados, el que, sin alcanzar a cometer traición, divulgue en todo o parte, entregue o comunique a personas no autorizadas para ello, planos, mapas, documentos o escritos secretos que interesen a la defensa nacional o seguridad de la República”.
Mientras que el Artículo 256 del mismo indica que “la pena del artículo anterior se aplicará en su grado mínimo respecto del que hubiere obtenido extraoficialmente los planos, mapas, documentos o escritos en referencia, o que en la misma forma hubiere tomado conocimiento de ellos”.
“En ninguna parte queda claro por qué se le dio una gravedad a tal nivel que genera como consecuencia que un funcionario del Ejército hoy pierda su calidad de funcionario”, reflexiona el abogado Aliaga.
BiobioChile 18-03-2021
