Pareciera que sólo las noticias acerca de la pandemia capturan el interés de la ciudadanía, de otro modo no se explica cómo pasó desapercibida la nota periodística que informaba que el Ejecutivo firmaría en el mes de abril un contrato de Gobierno a Gobierno para implementar el proyecto de la nueva Carretera Central, obra que es requerida y demandada hace décadas por las regiones del centro del país. El nuevo trazo propuesto hasta llegar a Yauli, involucra a dos distritos de Lima Metropolitana y seis de Huarochirí, así como a dos gobiernos regionales y hasta tres provinciales, por lo que las negociaciones han sido arduas y cargadas de tensión.
Muchas localidades de la actual carretera serán afectadas, porque perderán su ubicación estratégica que les permite promover negocios de alimentación y hospedaje para los viajantes. Si bien es cierto sólo se intervendrá en 136 kilómetros hasta La Oroya, contará con dos vías de dos carriles cada una, túneles y viaductos, lo que reducirá el tiempo de llegada de Lima a La Oroya, así como las inseguridades viales y, por ende, los costos del transporte de personas y mercaderías serán más accesibles. No está demás señalar que el 30% de los productos agrícolas que llegan a los mercados de abastos de Lima Metropolitana, provienen de las regiones del centro del país, por lo que esta obra es vital para abastecer las mesas de las familias limeñas.
La intención de ejecutar la obra mediante el esquema “Gobierno a Gobierno”, se inició en setiembre del año pasado; este mecanismo de ejecución de obras ofrece muchas ventajas, es decir, los contratos no se limitan a tercerizar la contratación de la obra pública. Más allá de la infraestructura, lo particular de este mecanismo es que se desarrolla una asesoría técnica especializada para la gestión de los procesos de contratación, y en la formulación y ejecución de los proyectos, incluye la provisión de bienes y servicios, la generación de capacidades a través de legados y planes de transferencia de conocimientos.
Existen varios precedentes, siendo el más emblemático el comprometido para los trabajos de construcción del complejo de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, que en el marco del acuerdo Gobierno a Gobierno que suscribieron Perú y Reino Unido, proponía un trabajo colaborativo entre las partes, priorizando el cumplimiento del plazo de ejecución, la inmediata resolución de cualquier controversia sin paralizar el contrato y el pago de incentivos por mejoras al costo y plazo. Nadie puede negar que, para desarrollar los referidos juegos, se requería un esfuerzo en construcción de infraestructura deportiva más adecuada cumpliendo tiempos muy exigentes.
En su momento las voces de varios sectores políticos exigieron suspender su desarrollo por una supuesta imposibilidad de tener a tiempo las construcciones; sin embargo, el Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos fue tan exitoso, que mereció el importante reconocimiento en el Reino Unido al ser galardonado en los Premios NEC 2020.
Como trasfondo podemos señalar que, la Ley de Contrataciones del Estado tiene tal rigidez y una serie de limitaciones o vicios, que más pueden entenderse como trabas que no permiten que las obras de infraestructura se realicen mediante procesos dinámicos; por lo que no es capaz de responder rápidamente a la prioritaria necesidad de construir en los tiempos más cortos posibles esta carretera. Bajo esta modalidad, existen actualmente muchas obras paralizadas, a veces por causales graves, pero también las hay nimias e intrascendentes.
Optar por un esquema de contratación que sin ser nuevo aún requiere de mucho afinamiento es todo un reto, sobre todo en este caso, en el que para este “Proyecto Especial”, las entidades estatales involucradas serán muchas y muy variadas (Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales, entre otros) cada una con sus propios perfiles y prioridades institucionales. Según informa Provías Nacional, se han recibido propuestas de cuatro países: Japón, España, Corea del Sur y Francia, y es probable que en el próximo mes de abril se otorgue al ganador y se formalice el contrato. Este formato de contratación no escapa de la posibilidad de actos de corrupción, de modo que se espera mucha atención de la Contraloría General de la República y contar también, con una eficiente y propositiva vigilancia ciudadana.
desco Opina – Regional / 19 de marzo de 2021
