Por Eduardo González Viaña
En la época de la independencia, el cura de Chancay Matías Zapata, predicaba que:
“El nombre de San Martín es una blasfemia, y está en pecado mortal quien lo pronuncie: ¿Qué tiene de santo ese malvado?
Confórmese con llamarse Martín, por lo semejante con el hereje Martín Lutero, que debe arder en el infierno. Declaro excomulgado a todo el que grite: ¡viva San Martín!, porque es mofarse de nuestro Dios.
Justamente en esos días llegó a su pueblo la expedición libertadora. Aterrado el sacerdote fue a hablar con San Martín y le ofreció que a partir de ese día lo volvería a llamar con su apellido completo, y que pediría a sus fieles que también lo hicieran así.
-No es necesario-contestó el libertador.-Usted le ha quitado una sílaba a mi apellido. Yo voy a quitársela al de usted. A partir de hoy, tendrá que firmarse Matías Pata, el Padre Pata, y así tendrán que llamarlo sus feligreses.
Hace poco, César San Martín, en su calidad de presidente de la Corte Suprema, reunió en una comilona al entonces ministro de Justicia Juan Jiménez y el agente del Estado Pedro Cateriano con la jueza que veía la causa de Chavín de Huantar.
Según el Decreto Legislativo 1068, los procuradores que defienden al Estado en sede jurídica internacional deben coordinar con los titulares de cada entidad. Muy bien… pero este decreto no implica reunirse con el juez de la causa sino con el titular de justicia. Entonces, ¿qué papel jugaba la jueza Carmen Rojjasi? ¿O tal vez era la somméliere encargada de decantar el vino e informarles cuál es el que le sienta al cabrito o a los frijoles?
San Martín sería después uno de los jueces que confirmarían la absolución de Montesinos, Hermoza y Huamán, sin que fuera recusado o se inhibiera debido a los humos del cabrito la norteña.
San Martín nos explica ahora que la reunión era tan sólo para «unificar criterios». ¿Estaba el presidente de la Corte Suprema «unificando los criterios” de una de las partes con los de la juez?… Esa es una aberración jurídica y una perversión moral.
En los audios que se han difundido recientemente, el primer juez de la República se dirige a su subordinada Rojjasi y le dice que en las manos de ella se encuentra salvar al estado.
¿Salvar al estado significa destruir la independencia de la magistratura? ¿No significa más bien acabar con el equilibrio de los poderes que presupone la existencia de la democracia?
Está claro que el gobierno terminó convirtiéndose en el principal abogado de los acusados en el proceso nacional sobre Chavín de Huántar. ¿Por qué? En realidad, Montesinos, Hermoza y Huamán, y no los comandos, resultaron al fin amparados y beneficiados por todo el poder del estado peruano.
Está probado, además, que luego de la liberación de los rehenes, hubo lo que se llama con el eufemismo de «ejecuciones extrajudiciales», o sea un carnaval de sangre decretado por los responsables. Recuérdese que Fujimori se hizo tomar fotos con los cadáveres y que su júnior acaba de decir en la TV que también estuvo presente en esa fiesta macabra.
Así la víctima sea un judío, un gitano, un homosexual o un tupacamarista, si se le mata por la espalda, el acto es un crimen cobarde. Y si el acto se ejecuta en nombre del estado, entonces es una deshonra para el país.
La pregunta del fin es ¿por qué razón el estado peruano tiene que defender los crímenes de Fujimori? ¿Acaso después de la guerra, Alemania justificó el genocidio de Hitler o Chile defendió al sangriento Pinochet?
Si no le pide disculpas al país, el doctor San Martín arriesga perder el “san” y toda la santidad de su apellido.
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