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Alan Fairlie Reinoso
La UNESCO en su estudio “América Latina inclusión y educación: todos y todas sin excepción”, muestra como las desigualdades en el acceso a la educación, sigue siendo un problema estructural en nuestros países.
Las probabilidades de que los alumnos de los sectores más ricos de la población terminen la secundaria, son mucho más altas que las de los sectores con menos ingresos. Los factores sociales como la identidad, el origen y la situación de discapacidad, son determinantes en las oportunidades de acceso y culminación de los estudios escolares, donde son más afectadas las poblaciones indígenas, así como los afrodescendientes: la asistencia a la escuela entre los jóvenes de 15 a 17 años era de tres a 20 puntos porcentuales más baja entre quienes hablan un idioma indígena, que entre quienes se identificaban como tales.
Los países de América Latina han venido impulsando iniciativas de financiamiento orientado a las poblaciones vulnerables, que se han ido complementado con programas de ayuda social implementados para el fomento de la educación, tales como los programas de transferencias de efectivo condicionadas que han servido para mejorar la asistencia escolar.
Es así como algunos de los países de la región han venido trabajando en la construcción de sistemas educativos más inclusivos, a través del establecimiento de leyes y políticas para tal fin. Sin embargo, la evidencia muestra que el logro de la educación inclusiva no solo requiere de marcos normativos y legislativos rigurosos, sino de recursos financieros apropiados, entornos y materiales de aprendizaje, docentes capacitados.
En ese sentido, la educación inclusiva requiere de una colaboración tanto a nivel horizontal (entre sectores) y vertical, entre los distintos niveles del gobierno. Es decir, promover la descentralización de los servicios educativos y se adapten a las necesidades de cada zona o comunidad, así como un acompañamiento constante a los alumnos más desfavorecidos a fin de evitar su deserción escolar. Por lo tanto, el fortalecimiento de los marcos de gobernanza de la educación, es esencial para promover la inclusión en la educación.
En el caso del Perú, a pesar de ser uno de los 8 paises a nivel de la región que ha firmado y ratificado los convenios y declaraciones[1] que promueven la inclusión en la educación; y que ha establecido normativas para promover la educación dentro de las poblaciones indígenas (como la Ley para la Educación Bilingüe Intercultural), aún persisten las brechas de educación en este ámbito.
Se presentan además problemas administrativos y burocráticos. Un ejemplo, es que las escuelas rurales caen bajo la competencia de dos entidades separadas: todos los establecimientos preescolares monolingües que brindan educación en español, el 7% de las escuelas primarias y el 98% de las escuelas secundarias son supervisadas por una división; mientras que todas las otras escuelas rurales están bajo la responsabilidad de otra. Esta fragmentación puede limitar la eficacia de la prestación de servicios (UNESCO,2020).
Finalmente, contar con data adecuada sobre la educación es vital para la mejora de las políticas inclusivas. Sin embargo, solo la mitad de los países de la región brindan datos de encuestas con indicadores educativos que recojan las características individuales de los alumnos. En cuanto a los datos sobre etnicidad y discapacidad son muchos los países que han mejorado sus sistemas de información (muy pocos sobre discapacidad).
Teniendo en cuenta el contexto actual y que los problemas económicos y sociales generados por la Covid-19, la Unesco plantea algunas recomendaciones que pueden ser útiles para lograr una mayor inclusión en la educación:
• La educación inclusiva debe ser entendida de manera más amplia, donde se debe considerar a todo el alumnado sin importar su identidad, origen o situación de discapacidad. Los sistemas educativos que asumen la diversidad como uno de sus pilares, permiten que el aprendizaje sea integral para la construcción de sociedades más justas.
• Dotar de los recursos necesarios para que nadie quede excluido. Los gobiernos deben mejorar aún más la asignación de los fondos públicos que son destinados al sistema, de modo que las escuelas y regiones que están en desventaja puedan ser compensadas.
• Cooperación entre los distintos ministerios, sectores y niveles gubernamentales que están relacionados a la educación y a la inclusión social. Los ministerios de educación, por ejemplo, podrían compartir información con otros ministerios sobre las necesidades de los niños y las familias que son más desfavorecidas.
• Hacer que los sistemas inclusivos desarrollen plenamente el potencial de los alumnos aplicando el “diseño universal”, el cual está referido al diseño de la infraestructura escolar de modo que los edificios sean accesibles a todos los alumnos con discapacidad.
• Preparar a los docentes para que puedan afrontar los desafíos de la enseñanza inclusiva, como un elemento central para su formación y para su desempeño en todos los niveles educativos.
• Intercambiar experiencias a través de las redes de docentes, las asociaciones de padres, los consejos estudiantiles y los foros nacionales e internacionales.
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[1] Convención sobre los derechos del Niño, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951,Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 OIT
