Por Raúl Allain
Entre el año 1980 y el 1992, el llamado «conflicto armado interno» dejó un saldo de alrededor de 70 mil víctimas mortales, entre civiles, militares y terroristas. Fueron los grupos terroristas los que, en su afán de tomar el poder por la vía de las armas y el terror, dejaron una secuela de sangre en el país.
Sin embargo, en tiempos actuales, en que se fabrican héroes de barro, muchos peruanos ignoran esta realidad y son manipulados por quienes tratan de maquillar el terrorismo y quieren justificarlo, señalando equivocadamente que fue un movimiento que buscaba la justicia social. Gran mentira, que defienden también los organismos de fachada de estas agrupaciones.
Y lamentablemente, hay una tendencia a responsabilizar y hasta «satanizar» a los valerosos policías y militares que ofrendaron sus vidas por el Perú. Aunque hubo casos aislados de abusos de autoridad, y que se han ventilado en el Poder Judicial, la cuestión de fondo es que fue una «guerra» contra el terrorismo. Al final, las autoridades detuvieron, procesaron y sentenciaron a los cabecillas de estas sanguinarias organizaciones, entre ellos Abimael Guzmán.
Otra información muy importante: En el Perú existirían más de 1,300 efectivos policiales en condición de discapacidad, la mayoría de los cuales la obtuvo como consecuencia de enfrentamientos armados y por cumplir valerosamente su servicio policial. En las Fuerzas Armadas habría una cifra similar de alrededor 2,500 personas que quedaron con secuelas graves, por combatir a los terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA, según informan fuentes confiables.
Como afirma el general EP (r) Wilson Barrantes: «Existe una judicialización perversa contra los militares que participaron en el conflicto armado interno, y por otro lado, existe una negociación establecida entre la Comisión de la Verdad y Sendero Luminoso, de tal suerte que logró que muchos de ellos reduzcan penas y abandonen los penales. O sea que no hubo un equilibrio igualitario para solucionar el problema de la guerra. (…) Prueba de lo que le estoy diciendo es que el Instituto de Defensa Legal (IDL) realizó una serie de talleres a fiscales y jueces para inducirlos en que lo que estaba escrito ahí (en el informe de la CVR) era la biblia y había que judicializar los casos, cosa que no corresponde a la realidad de las cosas».
Actualmente, los familiares de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, inmolados o heridos gravemente y con terribles secuelas por su lucha contra el terrorismo, piden que no se les olvide y se les reivindique porque no han sido debidamente atendidos por el Estado.
Expreso, Lima 08-02-2021
(*) Escritor y sociólogo. Presidente de IPJ y director de Editorial Río Negro.
Raúl Alfonso Allain Vega. Escritor, poeta, editor y sociólogo. Presidente del Instituto Peruano de la Juventud y director del sello independiente Río Negro.
