¡Pusilanimidades de peso!
por Herbert Mujica Rojas
La Comisión Permanente del Congreso que acabó sus funciones, sin pena ni gloria y muchísima mediocridad, en julio pasado, incurrió en acierto al despenalizar la difamación penada con cárcel para el periodismo. Comunicada la decisión al presidente anterior, Alan García Pérez, a pocas horas de irse, la observó. Se desprenden dos retos urgentísimos y decentes para los inquilinos de Plaza Bolívar y para el jefe de Estado Ollanta Humala: ¡aprobar esta ley con carácter de prioritaria!.
En Perú cualquier individuo o empresa que se sienta agraviado –y con abogánsgteres que por estos lares sobran- puede denunciar a quien se le ocurra por difamación agraviada. Los jueces admiten el 99% de casos, dan curso al proceso y los intríngulis son infames: desde citaciones a granel hasta el pago de aranceles abusivos y que forman parte de otra forma de ingreso colateral de los magistrados.
Pero la verdad de la milanesa es que las firmas o personas naturales que enjuician no pretenden la verdad que no esgrimen en sus descabellados textos sino que procuran el silenciamiento amedrentador de quienes osaron romper el pacto infame de hablar a media voz. Y las exigencias son atrabiliarias: en un juicio que conozco, se demanda al periodista por la suma de US$ 500 mil como “reparación civil”.
Por tanto compete al presidente Humala y al Congreso que ya aprobó la despenalización semanas atrás, poner en agenda el asunto y cancelar la amenaza a la libertad de prensa. Que el señor García Pérez haya observado la ley es un argumento poderoso para hacer lo que corresponde en terrenos de limpieza pública, ejecutoria limpia y ética.
¿Por causa de qué observó García Pérez la despenalización? Sabido es que el pueblo castigó furiosamente al ex partido de gobierno y apenas si le concedió la pitanza minúscula de cuatro representantes al Parlamento. Se deduce que con cálculo acostumbrado, García diose cuenta que con tan raleado equipo no tendrá el blindaje que él juzga necesitar.
Si es llevado a antejuicio ante el Congreso, García requerirá de un potente equipo de abogados dispuestos a defenderle y con arreglo a honorarios no muy baratos que digamos. Pero el ex mandatario debe tener ahorros, los tocó y así comunicó al país, cuando puso US$ 100 mil de aquellos para sufragar la compra del Cristo-réplica que está ahora en el Morro Solar de Chorrillos. Cualquier persona no muy avisada, con lógica maciza, aprehenderá que para su defensa, puede García Pérez gastar mucho más.
Y siempre en el terreno de la lógica demostrada en la realidad, los juicios por difamación aunque no lleguen a encarcelar, algunas veces, a los periodistas, sí les hacen pasibles de silencios forzosos, restricción en las publicaciones y censura en los temas, de modo que, bien adiestrados, no resulta difícil tener una espada de Damocles lista a caer por su peso letal y yugular al osado que denuncie hechos de la gestión de García.
Concedamos que nada de lo dicho es verdad y que el grado de especulación es superlativo e injusto con el ex presidente. No una, decenas de veces, García Pérez ha cincelado la expresión: en política no hay casualidades. Y todos sabemos que carga a cuestas con una prescripción que le salvó del enjuiciamiento de múltiples hechos correspondientes o derivados de su primera gestión desastrosa entre 1985-1990. Nunca aclaró nada, la prescripción puso una lápida salvadora a esa aciaga etapa.
Hay pusilanimidades que se encuadran en el aforismo inglés: The man is the style. Quien se escondía debajo de mesas para huir de las piedras, quien carece de escrúpulos de cualquier clase o temperatura, quien ha destruido una obra política de 80 años para instaurar la medición de los hombres por el precio de sus servicios, jamás actuará con valentía, virtud de la que carece. En Latinoamérica no es un fenómeno inusual ver esta clase de vulgaridades en los políticos. Por el contrario casi es una tara a que estamos condenados.
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