La reciente inauguración del puente de la carretera Arequipa – La Joya es una buena noticia. Mejorará la conectividad regional, reducirá tiempos de viaje y fortalecerá la articulación logística entre Arequipa y el corredor hacia Matarani, Puno, Cusco y otras regiones del sur. Sin embargo, dejando de lado la pompa de la inauguración, este acto nos hace preguntarnos ¿por qué una infraestructura de esta importancia necesitó tantos años, múltiples paralizaciones, adicionales de obra y reiteradas observaciones técnicas para acercarse a su culminación? Acercarse, es un decir, porque ya han pasado seis administraciones regionales y no se logra terminar.
Lamentablemente, lo que pasa con la carretera Arequipa–La Joya no es una excepción. Es la consecuencia de uno de los mayores problemas de la inversión pública peruana: la incapacidad del Estado (en todos sus niveles) para ejecutar proyectos de manera oportuna y eficiente. Las obras paralizadas no solo inmovilizan miles de millones de soles de recursos públicos, sino que retrasan servicios esenciales, encarecen la inversión, pero, sobre todo, erosionan la confianza ciudadana en las instituciones. Por eso es común escuchar que el gobierno regional no hace nada, o la municipalidad o el ministerio.
La Contraloría General de la República viene alertando desde hace varios años sobre la magnitud de este problema mediante informes y también en su portal web. Actualmente, a nivel nacional tenemos 634 obras paralizadas que tienen un valor conjunto de S/. 9211 millones. Cusco ostenta el triste récord de ser el departamento con el mayor número de obras paralizadas, 187 proyectos que representan la inmovilidad de S/.1060 millones de los recursos públicos.
Las causas se repiten con preocupante frecuencia. En una reciente exposición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el evento “Conectar el Estado: articulación multinivel y sistemas públicos para cerrar brechas territoriales” se mencionó que entre las principales causales de la paralización de proyectos de inversión pública en el país están: la programación presupuestal insuficiente para la continuidad, las controversias legales o arbitrales, el quiebre financiero contractual por pagos pendientes y los expedientes técnicos insuficientes (o mal hechos). Lo más preocupante es que gran parte de estas dificultades se pueden identificar antes del inicio de las obras.
El caso del puente Arequipa – La Joya resulta particularmente ilustrativo. La obra se gestó durante el gobierno regional de Vera Ballón, en el de Guillén Benavides se culminó con el expediente técnico, y recién se inició en el gobierno de Osorio Delgado en octubre de 2017, con un presupuesto superior a los S/ 107 millones y un plazo contractual de 510 días. Sin embargo, durante su desarrollo se aprobaron adicionales de obra y se registraron paralizaciones, resoluciones contractuales, reactivaciones y controversias judiciales que encarecieron el proyecto. Según data del Sistema de Seguimiento de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el proyecto tiene un costo de inversión actualizado de S/ 914.8 millones. A esto, hay que añadirle las múltiples denuncias de corrupción y de invasiones de terrenos en zonas aledañas, que la han acompañado durante todo su trayecto de ejecución.
Lo alarmante es que varios de los proyectos de inversión pública que se ejecutan en la actualidad presentan uno o más de los problemas mencionados en el proyecto de la carretera Arequipa – La Joya. No se trata de ineficiencias exclusivas de obras de gran complejidad. Esta situación revela una debilidad más profunda: la insuficiente calidad de los expedientes técnicos y la escasa capacidad institucional para gestionar proyectos.
El estudio Políticas de Desarrollo Regional en Perú de la OCDE, recomienda que el país fortalezca la gobernanza multinivel, mejore la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y desarrolle capacidades técnicas permanentes para formular y ejecutar inversiones públicas. Sin embargo, la reciente presidenta electa, Keiko Fujimori, quien ha anunciado que reivindicará el gobierno de su padre en su gestión, es posible que implemente políticas que recentralicen el poder, evitando que se puedan resolver estos escollos en las gestiones subnacionales. Quizá volveremos a ver la acumulación del poder en un ministerio de la presidencia, con otro nombre, pero con las mismas artimañas para usar las alianzas estratégicas regionales como ejercicio de un clientelismo ramplón.
La descentralización necesita ir acompañada de instituciones más sólidas, mejores sistemas de planificación y equipos profesionales especializados, fundamentalmente en gobiernos regionales y locales que administran una parte significativa de la inversión pública. Quizá así, el cronograma de un proyecto de inversión pública se pueda cumplir sin complicaciones.
Sea cual sea la decisión del gobierno nacional, la ciudadanía tiene una tarea: vigilar la ejecución presupuestal. Recientemente la cooperación suiza ha inaugurado el portal de Alertas de Obras Públicas Paralizadas en el Perú con una base de datos de organismos oficiales. En él, cualquier persona puede monitorear los proyectos paralizados en los tres niveles de gobierno, además de ver cuánta es la cantidad de la población potencialmente afectada.
Celebrar la culminación de una obra siempre será motivo de satisfacción, pero sería un error conformarnos con el acto simbólico y no preguntarnos por qué tardamos tanto en concluir proyectos que debieron estar al servicio de la ciudadanía mucho antes. Debemos exigir que cada inauguración venga acompañada del acta oficial de cierre de proyecto, un trámite inconcluso de muchas obras, y que son un pasivo que se hereda de gestión en gestión.
Es imprescindible corregir las deficiencias estructurales en la formulación de proyectos, mejorar la calidad de los expedientes técnicos y fortalecer la capacidad de gestión pública para culminarlos con eficiencia, de lo contrario difícilmente seguiremos sonriendo en las fotos de inauguración.
desco Opina – Regional / 17 de julio de 2026
