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Francisco Herranz
Ha transcurrido un mes desde se celebró la segunda vuelta de las elecciones y Perú sigue sin saber quién será su próximo presidente. Todo está en manos de los jueces del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el organismo que está revisando las actas impugnadas por Keiko Fujimori.
La candidata derechista perdió por apenas 44.000 votos de diferencia frente al pretendiente izquierdista Pedro Castillo, según los datos ofrecidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La líder de Fuerza Popular no soportó la derrota por un margen tan estrecho y solicitó la nulidad de nada menos que 200.000 votos pertenecientes a 802 mesas a nivel nacional. Esa es la tarea que ahora desempeña el JNE no sin pocas presiones.
A medida que ha ido avanzando el lento y transparente –se transmite por televisión– proceso de validación del resultado y viendo que éste no la beneficia como ella presuponía, Fujimori empezó a movilizar todos los resortes disponibles a su alcance. La última jugada fue reclamar al jefe del Estado saliente, Francisco Sagasti, que un grupo de auditores internacionales, concretamente de la Organización de Estados Americanos (OEA), revise las impugnaciones presentadas. Ese llamamiento de Fujimori supone una evidente desautorización del JNE, porque no tuvo en cuenta sus acusaciones de presunto fraude masivo. El Jurado Nacional de Elecciones no aceptó aquellos reclamos que fueron presentados fuera de plazo o que no cumplieron los requisitos necesarios para ser considerados.
FUJIMORI A POR TODAS
La actitud de Fujimori no es nada ejemplar. Sembrar dudas sobre el proceso electoral, cuando este ha sido avalado internacionalmente, representa una conducta muy poco democrática que puede tener graves consecuencias sociopolíticas. Socava la reputación de las instituciones peruanas y, en general, hace mucho daño a la credibilidad de este país andino azotado no solo por la pandemia y la crisis económica sino también por numerosos casos de corrupción. Lo mejor que podría hacer Fujimori sería retirar sus alegaciones y asumir la derrota. Pero eso no pasará.
Prolongar el pleito está provocando más y más inestabilidad e incertidumbre, y alimenta el nerviosismo de una sociedad civil ya de por sí cansada por las duras circunstancias. De ahí las manifestaciones de apoyo a Castillo y a Fujimori que han visto recorrer las calles de Lima en los últimos días. O el ruido de sables, todavía lejano, porque un grupo de exmilitares ya pidió por carta a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas que desconozcan la validez de la victoria de Castillo, si esta es finalmente confirmada por los órganos judiciales.
DISCREPANCIAS
Poco antes de la inusual petición de Fujimori a Sagasti, Luis Arce Córdova, representante del Ministerio Público en el Pleno del JNE, había renunciado al cargo que ostentaba en ese organismo por considerar que, en su opinión, existe una falta de imparcialidad con respecto a la revisión de las actas electorales que se viene llevando a cabo desde el 6 de junio, fecha del balotaje presidencial. Sin embargo, la verdadera motivación de la dimisión de Arce sería su estrecho vínculo con el entorno de Fujimori.
En una carta remitida al presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, y a los demás integrantes del Pleno de dicha entidad, Arce Córdova explicó que actuaba de esa manera para evitar que sus “votos en minoría sean utilizados para convalidar falsas deliberaciones constitucionales que son en realidad decisiones con clara parcialización política”.
Sin embargo, de acuerdo al artículo 16 de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, los integrantes del Pleno del JNE no pueden renunciar a su posición. Horas después, Salas Arenas suspendió a Arce Córdova del organismo por sus «expresiones agraviantes». En su reemplazo, el Ministerio Público designó al fiscal Víctor Rodríguez Monteza que ya era miembro suplente.
En el documento donde explicaba sus razones, Arce Córdova cuestionaba la honestidad de Salas Arenas y arremetía contra la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, y el jefe de la ONPE, Piero Corvetto Salinas, especulando sin dar pruebas sobre un contexto político “que pareciera estar orquestado, planificado y programado desde mucho tiempo atrás”.
Arce Córdova aseguró que el presidente del máximo organismo de justicia electoral no tenía facultades para suspenderle y en una entrevista, dijo que esperaba que Salas Arenas rectificara, ya que, en su opinión, los únicos que pueden apartarlo son la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Congreso de la República o un juez penal en un proceso abierto.
La JNJ, por su lado, acordó abrir un procedimiento disciplinario inmediato contra Arce Córdova por su decisión arbitraria, dado el carácter de “irrenunciable” de su puesto. También se le acusó de proferir “expresiones ofensivas” contras altos funcionarios del Estado, del Poder Judicial, la JNJ, el JNA, el Ministerio Público y la ONPE.
Si bien la razón pública de la “declinación” del fiscal tenía que ver con supuestos malos manejos del JNE en las elecciones presidenciales, es evidente que esos no se han dado, como reconocieron la OEA, Transparencia, diversas misiones de observación, Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros. El Departamento de Estado de EEUU llegó a describir el proceso como un “modelo de democracia”.
El paso dado por el fiscal Arce Córdova podía parecer baladí, pero realmente tenía mucha trascendencia ya que dejaba sin quorum al JNE en un momento tan delicado como el actual, es decir, en mitad de las audiencias de apelaciones a los citados recursos de nulidad. Su rápida sustitución por Rodríguez Monteza, que juramentó el cargo sin problemas, impidió que se produjera la parálisis de un litigio que tiene en vilo no solo a todo Perú sino a toda Latinoamérica.
Arce Córdova está siendo actualmente investigado por presuntos vínculos con «Los Cuellos Blancos del Puerto», una red de magistrados involucrados en una serie de actos de corrupción en las más altas esferas del sistema judicial del Perú. Esta organización fue protegida precisamente por Fuerza Popular, partido de Keiko Fujimori, cuando este tenía una mayoría absoluta en el Congreso entre los años 2016 y 2018.
Con información de Sputnik
