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Alan Fairlie Reinoso
La Organización Internacional del Trabajo – OIT, ha publicado un reciente documento denominado “Respuestas de corto plazo a la COVID-19 y desafíos persistentes en los sistemas de salud de América Latina”[1]. Analiza cómo se encontraban los sistemas de salud en la región antes de la pandemia del COVID-19, las medidas que se tomaron para afrontar la crisis, y los retos y desafíos ante las falencias demostradas; así como, la necesidad de reforzar los sistemas de salud y superar la fragmentación existente que genera desigualdad en el acceso a los servicios de salud. Resalta a su vez, la pertinencia de la Recomendación Nro. 202 “Sobre los Pisos de Protección Social”, para garantizar un nivel mínimo de seguridad social en todo el ciclo vida a través de garantías básicas como la salud.
Los sistemas de salud antes de la pandemia del COVID-19
La OIT señala que en el año 2016, el gasto promedio en la región para la atención de la salud era del 7.8%, si bien es la media mundial, es muy inferior al de los países desarrollados. Mientras que el gasto en salud en relación con el PBI es alto para países como Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay; es muy bajo para países como Perú y Guatemala.
Asimismo, uno de los rasgos más comunes en los sistemas de salud de los países en América Latina es la fragmentación de los derechos a la cobertura y acceso, por lo que existe un elevado gasto de bolsillo para las personas que requieren de atención en salud. A ello, se suma el bajo presupuesto destinado a este sector y las deficiencias en recursos humanos e infraestructura. Estas condiciones previas, generaron serias dificultades a los sistemas de salud para afrontar la pandemia.
Según el estudio de la OIT, los sistemas de salud en la región se estructuran en torno a tres subsistemas que no siempre se encuentran articulados y coordinados. El primero es de acceso a la población que no cuenta con seguros contributivos, cuyo financiamiento lo asume el Estado con los impuestos generales. El segundo, son los sistemas contributivos, que se basan en la seguridad social y al cual acceden los que se encuentran en el sector formal. Y, el tercero que brindan las empresas privadas mediante aseguramientos directos, y al que suelen acceder quienes tienen mayores ingresos.
Los países de América Latina tienen diferencias en sus sistemas de salud. En Brasil, el sistema de salud es sin seguro contributivo, financiado con los recursos provenientes de los impuestos y contribuciones federales, estatales y municipales, de acceso a toda la población. En Costa Rica, existe una combinación entre el financiamiento contributivo y las rentas generales, que le permiten una cobertura universal en salud. Asimismo, varios países cuentan con fragmentación en sus sistemas de salud con los tres subsistemas y más, avanzan hacia reformas para reducir esas brechas de cobertura entre los que tienen seguridad social contributiva frente a la mayoría que no cuenta con seguros.
Respuestas de los países de la región frente al COVID-19
La fragmentación de los sistemas de salud, la falta de acceso de gran parte de la población que no contaba con seguros contributivos, fueron determinantes para atender diferenciadamente la pandemia. Si bien los países de la región asumieron diversas medidas a corto plazo, esta crisis también muestra la oportunidad para priorizar la salud, resaltar el papel de los recursos humanos en salud, la rectoría de los ministerios y superar la fragmentación para lograr accesos equitativos, de calidad y solidarios. En ese sentido, la OIT resalta las siguientes medidas como necesarias a ser adoptadas por todos los países de la región:
1. Fortalecimiento presupuestario del sector salud
2. Incorporación de incentivos al personal de la salud
3. Gestión centralizada de la infraestructura hospitalaria
4. Apoyo financiero a la seguridad social
5. Atención de la salud y transferencias en especie a grupos vulnerables
6. Planes de financiamiento y adquisición de vacunas por COVID-19
7. Una visión de conjunto
Reflexiones finales de la OIT
Como lo ha señalado la OIT, los sistemas de salud en la región ser caracterizar por estar segmentados, lo que permite una injustificada fragmentación en el acceso a los derechos de coberturas y servicios. Si se suman los bajos presupuestos públicos y las limitaciones de eficiencia organizacional, la población termina haciendo uso de sus propios recursos o gastos de bolsillo, profundizándose la inequidad en los sistemas de salud. Frente a la pandemia, los países de la región tuvieron que asumir diversos cambios en sus sistemas de salud para enfrentar al Covid-19, siendo necesario pensar más allá de la crisis con reformas a largo plazo dirigidos a alcanzar sistemas de protección de salud universal en base a financiamientos solidarios y sustentables.
Nuestro país
En el caso peruano, tenemos cinco segmentos en nuestro sistema de salud: el Seguro Integral de Salud (SIS), el Seguro Social de Salud (EsSalud), las Sanidades de las Fuerzas Armadas (Marina, Aviación y Ejército), la Sanidad de la Policía Nacional del Perú (PNP), y las instituciones del sector privado (EPS, aseguradoras privadas, clínicas, entre otros).
Esta fragmentación fue advertida por las autoridades desde el inicio, por lo que designaron al Ministerio de Salud como el órgano rector frente a la pandemia y se propuso como prioridad el Sistema Único de Salud Pública. Se debería tomar en cuenta las recomendaciones de la OIT y avanzar en la reforma del sistema de salud sustentado en la solidaridad y la universalidad. En ese sentido, y sumándome a la necesidad de implementar la Recomendación Nro. 202 de la OIT, en lo relacionado a garantizar el acceso a la salud, propuse y fue aprobado en el Parlamento Andino la Recomendación Nro. 378 “Sobre los Pisos de Protección Social para los trabajadores andinos”.
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