El denunciante y testigo protegido, Gregory Paredes, presentó queja ante el Tribunal Constitucional (TC), peticionando se revise el incumplimiento de la “ejecución de sentencia” donde ya el tribunal había emitido jurisprudencia en el Exp. 0201-2007-Q/TC, 14-10-2008 estableciendo que:
“…no puede ser indiferente ante los supuestos incumplimientos de sentencias en procesos constitucionales para quienes han obtenido una sentencia expedida por el Poder Judicial”.
El 9-5-2024, el TC decretó que tendría presente el argumento pero el 24-09-2025 los magistrados Morales Saravia (ponente), Hernández Chávez y Monteagudo Valdez, declararon improcedente la queja, viciando su propia jurisprudencia.
No solo no evaluaron sus propias expresiones, sino que la desconocieron, dejando a Paredes sin sus beneficios pensionarios y sociales.
La cosa juzgada es una institución jurídica inimpugnable contra sentencias judiciales y garantiza la seguridad jurídica. La Constitución afirma que la cosa juzgada es una sentencia que ninguna autoridad puede dejar sin efecto. Y el Código Civil la califica como: ..la resolución que transcurridos los plazos, no se le interpone medios impugnatorios.
La resolución judicial del 31-5-2017, que otorgó derechos pensionarios al denunciante y testigo protegido Gregory Paredes, nunca fue apelada, quedando, por tanto, consentida.
Cuello Blanco del Callao
La cosa juzgada fue pisoteada en la Corte del Callao presidida el 2017, por Walter Ríos, líder de la organización criminal los “Cuellos Blancos del Puerto”, el juez Julio Mollo que revivió el proceso fenecido, cumplió prisión por ese caso emblemático y delincuencial.
La vocal Madeleine Ildefonso quien, a pesar que alertó la cosa juzgada, cambio su criterio y continuó impulsando el proceso ilegal junto a los magistrados de la Sala Civil: Bretoneche Gutiérrez, Quispe Astoquilca y Morales Chuquillanqui desconociendo la cosa juzgada y
quienes, sin valorar las alegaciones de Paredes sobre “ejecución de sentencia”, favorecieron al Procurador Juan Cotera quien “no la apeló”, dejándola consentida e inexplicablemente ganó el juicio. Cotera el 2017 junto a Walter Ríos, postularon a jueces supremos, en proceso amañado.
Paredes advierte contra asesinato
Desde el 2014 hasta hoy, Paredes se defiende de procuradores del Estado y otros, quienes imputaron “ofensa al superior y desobediencia”, archivado; en 1º juicio por difamación anularon condena al falsearse el proceso, el 2º fue improcedente y en el 3º fue absuelto pero modificando la prueba los vocales lo condenaron a prisión, Paredes apeló; el 4º juicio para evitar se utilice imagen de un investigado, fue improcedente:
En fiscalía investigaron a Paredes por “organización criminal”, por sus opiniones sobre la corrupción por Facebook, caso archivado; procuraduría del Estado lo denunció por “lavado de activos” a él su esposa y su abogado, caso archivado; asimismo procuraduría lo denunció penalmente por “denuncia calumniosa”, caso archivado.
Su esposa, sufrió daños de salud, tras atentado con arma de fuego perpetrado por delincuente trasladado en vehículo de propiedad de un agente de inteligencia del Estado, asimismo intentaron dejar sin estudios a sus menores hijos discriminándolos en la matrícula, y ahora con este atropello a la “cosa juzgada” hunden la condición económica y social del denunciante que defiende al Estado que le condena al abandono.
ONU y denunciantes anticorrupción
Los principios recomendados por Michelle Bachelet en su calidad de “Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos” manifestando que: “Los Estados deben instaurar medidas para proteger los derechos humanos de las personas que denuncian delitos de corrupción y blanqueo de dinero”.
“Deben dar protección a los denunciantes y a sus familiares, abordando la cuestión de la coacción o el hostigamiento, la discriminación, los daños a una persona o a una propiedad, las amenazas de represalias, la pérdida del empleo, la suspensión o el descenso de categoría, enjuiciamiento por calumnia o difamación”.
“Cuando una persona tenga un convencimiento razonable que se ha producido un acto de corrupción, los Estados no deben desalentar a esa persona y no deben iniciar actuaciones penales contra ella.”
Estado hace lo contrario
Contrario a recomendaciones de la ONU, el Estado peruano ha permitido que el testigo protegido Gregory Paredes sea perseguido judicialmente, durante más de 11 años por altos mandos militares contactados con el poder político y económico, coaccionándole con cartas notariales y sometiéndolo a juicios e investigaciones buscando meterlo a prisión.
Instancias internacionales
Su caso ha despertado interés en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDNUH) considerándolo como preocupante.
26.11.2025
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