El hacinamiento en las cárceles es una constante en todo el Perú

El exministro de Justicia, ahora presidente del Consejo de Ministros Eduardo Arana, tuvo actuación nula en construcción de penales pese a la gravedad no sólo del hacinamiento carcelario sino además de la ola de criminalidad que creció en número y en salvajismo nunca antes visto, principalmente por la inmigración venezolana.

En El Salvador, Nayib Bukele construyó una megacárcel para 40 mil internos en siete meses. Arana estuvo vegetando 19 meses en el cargo y no construyó siquiera una minicárcel, más bien el gobierno se enfocó junto con el Congreso en leyes que liberen a parte de los presos menos peligrosos, lo cual incidió en el incremento de delitos, porque la mayor parte de estos sujetos vuelve a delinquir y a veces a agravar la modalidad de sus fechorías.

Si en 29 meses el gobierno de Dina Boluarte ha hecho nada por la construcción de cárceles, al menos debe tomarse medidas prontas para reducir la capacidad del hampa de actuar desde los penales, desde donde se dirigen extorsiones, secuestros y otros delitos.

Por ejemplo, de nada sirve la capacidad de seguimiento de llamadas de teléfono fijo de los penales, el gobierno no usa esa información. Peor aún, los sistemas de bloqueo de llamadas de teléfono celular son burlados una y otra vez.

Tampoco se ha tomado medidas efectivas contra la mafias de empleados del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que controlan las gollerías para los presos que las pueden pagar ni contra los que permiten el ingreso de objetos prohibidos, como teléfonos o drogas. La podredumbre campea.

En este panorama, urge tomar medidas necesarias aunque puedan ser criticadas por las ONG autoproclamadas defensoras de los derechos humanos, pero que defienden los derechos de los delincuentes, no los derechos de los ciudadanos víctimas de estos. Más valen los derechos de los ciudadanos de bien que los derechos de aquellos que los asesinan, extorsionan, secuestran o asaltan y por ello no hay que escuchar las críticas de esas ONG cuyo discurso es pagado por ciertos intereses.

Supresión de las visitas

Debido a que son los visitantes de los presos, en complicidad con malos empleados, los que introducen objetos prohibidos, es necesaria una medida de emergencia temporal, de prohibición total de visitas, hasta que se solucione el problema del hacinamiento y se reduzca los índices de criminalidad por lo menos a valores que se tenía hace 10 años, cuando era mayor el control de las autoridades sobre la delincuencia.

Algunos argumentarán que las visitas también llevan ropa a los internos, pero para el Estado y para la ciudadanía será mucho más beneficioso encargarse de ello y proporcionarles vestimenta.

Derecho a las comunicaciones

Las autoridades deben realizar debido seguimiento de las llamadas realizadas por los teléfonos fijos de los penales, lo cual ayudaría en la investigación de delitos. Sin embargo, de detectarse que estos teléfonos fijos estén siendo usados como herramienta para delinquir, también debería limitarse o suprimirse su uso.

En cuanto al uso de teléfonos celulares para perpetrar delitos, ya estaría desterrado, porque son los visitantes los que los llevan. De darse el remoto caso de encontrarse alguno de estos aparatos en posesión de un interno, la investigación debe llevar de inmediato a separar a los empleados del INPE que resulten responsables.

Debido a la supresión de las visitas, los internos deberían tener derecho a recibir cartas, pero abiertas.

Como toda medida contra el crimen, por sí sola no es efectiva, sino dentro de un conjunto de medidas para combatir la acción del hampa.

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Con 77 votos a favor, 26 en contra y 1 abstención, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen -en mayoría- recaído en los proyectos de ley 1297/2021-CR, 10343/2024-CR y 10892/2024-CR, Ley de reforma constitucional de los artículos 191 y 194 de la Constitución, a fin de reestablecer la reelección de gobernadores y vicegobernadores regionales, y alcaldes por un periodo adicional de manera inmediata.

Sin embargo, de acuerdo al artículo 206 de la Constitución, la iniciativa aprobada debe ser ratificada mediante referéndum al no haber alcanzado los 87 votos y solo superar los 66 votos.

La propuesta plantea modificar los artículos 191 y 194 de la Carta Magna: el primero indica que el gobernador regional es elegido conjuntamente con un vicegobernador regional, por sufragio directo y por un período de cuatro años con la posibilidad de ser reelegido.

“El mandato de dichas autoridades es revocable, conforme a ley. Pueden ser reelegidos por un periodo adicional de manera inmediata. Los miembros del Consejo Regional son elegidos en la misma forma y por igual período. El mandato de dichas autoridades es irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la Constitución”, detalla la propuesta de cambio al artículo 191.

Asimismo, en el artículo 194, se plantea que los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un período de cuatro años, además de poder ser reelegidos por un “periodo adicional de manera inmediata”.

DEBATE

La propuesta fue sustentada por el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Fernando Rospigliosi, quien dijo que la propuesta de reelección no es de forma indefinida, sino limitada a solo un periodo.

“En la vigencia del anterior modelo de reelección inmediata se reportó una muy baja tasa de reelección que no superaba el 21% de autoridades (…) la reelección constituye un sistema implícito de evaluación política, toda vez que al gestor competente se le ratifica en el cargo mediante el sufragio, mientras que al gestor deficiente se le excluye de la administración”, sostuvo.

En esa línea, Rospigliosi alegó que la reelección de autoridades no constituye un derecho fundamental, sino una decisión política, tal como ha reconocido el Tribunal Constitucional. “Posibilita la implementación de proyectos de desarrollo mediano y largo plazo, además, fomenta la profesionalización de la política”, acotó.

Por su parte, la congresista Ana Zegarra (SP), presidenta de la Comisión de Descentralización, señaló que la reelección permitirá que se concluyan proyectos que no son considerados por las nuevas autoridades. “Hay que darle la oportunidad, pues quien finalmente los elige son los electores”, dijo.

A su turno, Alejandro Cavero (Avanza País) manifestó que la reelección no es un derecho de los alcaldes, sino de los ciudadanos, pues es la libertad de poder decidir si un alcalde ha hecho bien o no su gestión y merece un periodo adicional.

“Es importante entender que este proyecto (dictamen) no solo es por el bien de la ciudad, el municipio y el país, sino que es para darle al ciudadano un poder que ha perdido y le ha sido arrebatado, que es decidir si vuelve a premiar a un buen alcalde que ha hecho un buen trabajo y merece que se le dé una segunda oportunidad”, destacó.

En tanto, el parlamentario Alejandro Muñante (RP) dijo que la reelección de alcaldes no ha sido un problema, porque no ha superado el 20%, es decir, no todos los que querían una segunda oportunidad ganaban.

“Creo que es un derecho que tiene que ser reivindicado, que sean los ciudadanos y no los políticos los que decidan si una autoridad debe continuar por una gestión más”, señaló.

Asimismo, María Acuña (APP) dijo que no se le puede quitar el derecho a una población de reelegir a un buen alcalde. “En la semana de representación hemos visto muchas obras paralizadas porque la autoridad que llega no quiere continuar la obra del que empezó”, alegó.

Sobre la reelección, el segundo vicepresidente del Parlamento, Waldemar Cerrón (PL), indicó que es la opción de someterse a una evaluación social a fin de que una autoridad sea reivindicada por sus hechos.

EN MINORÍA

Por otro lado, el congresista Luis Aragón (AP), en representación de los autores de un dictamen en minoría, planteó que la reelección de autoridades municipales y regionales sea a partir del 1 de enero del 2027.

La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó el dictamen del proyecto de ley que plantea autorizar a los legisladores a expresar con libertad sus posiciones ideológicas, políticas o partidarias sin que ello sea considerado una infracción al principio de neutralidad, objetividad o imparcialidad.

Como se sabe, en el Estado los funcionarios públicos están prohibidos de realizar actividades políticas, de proselitismo y de expresar su ideología política durante la época de campaña electoral, porque todo ello se interpreta como acciones de propaganda política, lo cual no deben realizar mientras estén percibiendo una remuneración del Estado, por lo cual si desean entrar en campaña deben pedir licencia sin goce de haber, porque las funciones en el Estado deben ejercerse con neutralidad.

Es decir, el Congreso se está burlando de la ciudadanía al decir que la propaganda política no es propaganda política. No se contentan remuneración, viáticos, banquetes a costa del Estado, sino que ahora quieren cometer encubiertamente un latrocinio porque un empleado público recibe una remuneración para las funciones propias de su cargo, no para utilizar ese tiempo en beneficio propio.

El proyecto de ley, N.º 11306/2024-CR, fue aprobado por mayoría en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso presidida por el inefable Fernando Rospigliosi y propone la incorporación del artículo 25-A en el Reglamento del Congreso. Fue aprobado con 15 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones.

Como siempre, el Congreso utiliza palabras engañosas para aprobar barbaridades, como “fortalecer”, “optimizar”, “agilizar”, como si los peruanos fuesen retrasados mentales para no entender lo que hay detrás de sus apestosas normas.

Esta iniciativa fue or de carácter multipartidario, fue presentada el pasado 23 de mayo, durante el periodo electoral, aduciendo como fin “optimizar el ejercicio de los derechos políticos de los parlamentarios”. Como otros proyectos en beneficio de la ciudadanía no les interesa y esto sí, rápidamente, en menos de dos semanas, la incluyeron en la agenda de la comisión.

El artículo 25-A aprobado en el dictamen de la Comisión Constitución fue modificado así:

“Los parlamentarios en ejercicio de sus funciones pueden expresar, defender y promover las posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad y/o neutralidad. Esto no habilita actividades de proselitismo político en horarios en los que se desarrollen las sesiones de comisiones en las que son miembros y/o del Pleno del Congreso, salvo se solicite licencia de goce de haber”.