IGV: Un punto para la salud
Alexandro Saco
Un gobierno de salida compromete lo que no le corresponde; ahora opta por desprenderse de al menos 1700 millones de soles al reducir el IGV al 18%. Teniendo en cuenta las brechas financieras que existen para dotar de servicios básicos a millones de peruanos, resulta por lo menos contradictorio que el Estado deje de percibir una gran cantidad de dinero con la que ya contaba. Sabiendo cómo se desenvuelve el mercado peruano, los últimos beneficiados con esta medida serán los más pobres. Al contrario, los grandes compradores del país contarán con más dinero en el bolsillo, ya que éste no se trasladará ni a los sueldos ni significará menores precios.
Alexandro Saco
Un gobierno de salida compromete lo que no le corresponde; ahora opta por desprenderse de al menos 1700 millones de soles al reducir el IGV al 18%. Teniendo en cuenta las brechas financieras que existen para dotar de servicios básicos a millones de peruanos, resulta por lo menos contradictorio que el Estado deje de percibir una gran cantidad de dinero con la que ya contaba. Sabiendo cómo se desenvuelve el mercado peruano, los últimos beneficiados con esta medida serán los más pobres. Al contrario, los grandes compradores del país contarán con más dinero en el bolsillo, ya que éste no se trasladará ni a los sueldos ni significará menores precios.
Si bien en el debate electoral la reforma tributaria se ha hecho presente, medidas de esta envergadura requieren de consensos imposibles de lograr a dos meses de las elecciones. Siendo claro que se debe apuntar hacia la ampliación de la base tributaria, ello no se debe hacer limitando hoy ingresos que pueden ser dedicados a deudas sociales, las que son desatendidas con el argumento de la falta de dinero que el MEF esgrime como escudo mágico. Y si a eso le sumamos la casi desaparición del ITF, que implica dejar de percibir otros cientos de millones de soles, el argumento de la falta de dinero se debilita y se percibe como la intensión de beneficiar a algunos.
0.1% para atender el cáncer
El Estado destina 560 millones de soles al año para la atención de la salud de los más pobres vía el SIS; suma absolutamente insuficiente para brindar atenciones integrales, oportunas y en condiciones adecuadas. Con los 1700 millones, se podría hacer muchas cosas para beneficiar la salud los peruanos. Con la décima parte, 170 millones de soles, según un estudio elaborado por el Fondo Intangible Solidario en Salud (FISSAL), se daría atención integral a los 10 cánceres más frecuentes que se presentan en la población afiliada al SIS, entre los que se encuentran el cáncer de mama, de cuello uterino, de próstata, de colon, de estomago entre otros; hoy una proporción mínima de los 40 mil casos nuevos de cáncer al año reciben tratamiento adecuado.
La crisis de la salud en el país no sólo es un asunto de falta de recursos económicos, sino de gestión, reorientación del servicio, simplificación en el acceso, falta de personal sanitario y varios aspectos más. Por ello, una inyección de 1700 millones sería una base para iniciar un reordenamiento de la salud; una proporción de esos recursos se debiera destinar a implementar una gestión adecuada y simplificación de los procesos sanitarios, que finalmente redundarían en ahorros significativos para el Estado; se requiere además transformar al SIS de cajero a asegurador público, haciéndolo trabajar por la equidad antes que por cuadrar cifras.
En ese contexto, es indicativo que siendo el financiamiento uno de los problemas clave para ir hacia la universalización de la salud, los actores inmersos en la problemática sanitaria no hayan reparado para alzar la voz frente a esta enorme oportunidad. Si bien las propuestas de crear impuestos específicos para la salud resultan complicadas de implementar por la nueva carga tributaria que implican, en este caso estamos ante la situación inversa, ya que la contribución está vigente.
Triunfalismo y pobreza
En los pocos documentos académicos que se han producido recientemente con aportes para la reforma de salud en el contexto de un nuevo gobierno, la necesidad del mayor financiamiento fiscal ha sido soslayada, para tácitamente dejar que el mercado sea el que resuelva el acceso a servicios de salud, mientras el Estado se conforma con su limitado presupuesto para 12 millones de peruanos en el SIS, lo que hace insostenible la ampliación efectiva del acceso a salud. No se ha logrado entender que la inversión en salud posibilitaría una igualación hacia arriba de los pobres peruanos, que al contar con una protección de este tipo destinarían los recursos que ahora destinan a la enfermedad a otras necesidades o emprendimientos.
Según la Organización Mundial de la Salud, al menos 150 millones de personas en el mundo cada año se vuelven pobres al ser afectadas por la enfermedad y la falta de protección en salud. En el Perú, miles de familias frente a una enfermedad de alto costo deben optar por las polladas, vender al auto o moto taxi o alguna otra fuente de ingresos, para luego vender una propiedad si es que la tuvieran o buscar la caridad en la TV.
La falta de protección en salud genera un drama, marca a las familias que nunca vuelven a ser las mismas. Reducir el IGV alegremente privilegia el consumo frente a la vida y las urgencias sociales. Por eso dejar que un dinero con el que el Estado ya contaba regrese a grandes bolsillos, es una forma de eutanasia social, ya que implica dejar morir a miles de peruanos. Presentar esto como síntoma de desarrollo, es ridículo. Aún no estamos para dejar de lado lo poco que tenemos para cubrir las necesidades sociales; el triunfalismo económico es casi una nueva ideología en el país.
0.1% para atender el cáncer
El Estado destina 560 millones de soles al año para la atención de la salud de los más pobres vía el SIS; suma absolutamente insuficiente para brindar atenciones integrales, oportunas y en condiciones adecuadas. Con los 1700 millones, se podría hacer muchas cosas para beneficiar la salud los peruanos. Con la décima parte, 170 millones de soles, según un estudio elaborado por el Fondo Intangible Solidario en Salud (FISSAL), se daría atención integral a los 10 cánceres más frecuentes que se presentan en la población afiliada al SIS, entre los que se encuentran el cáncer de mama, de cuello uterino, de próstata, de colon, de estomago entre otros; hoy una proporción mínima de los 40 mil casos nuevos de cáncer al año reciben tratamiento adecuado.
La crisis de la salud en el país no sólo es un asunto de falta de recursos económicos, sino de gestión, reorientación del servicio, simplificación en el acceso, falta de personal sanitario y varios aspectos más. Por ello, una inyección de 1700 millones sería una base para iniciar un reordenamiento de la salud; una proporción de esos recursos se debiera destinar a implementar una gestión adecuada y simplificación de los procesos sanitarios, que finalmente redundarían en ahorros significativos para el Estado; se requiere además transformar al SIS de cajero a asegurador público, haciéndolo trabajar por la equidad antes que por cuadrar cifras.
En ese contexto, es indicativo que siendo el financiamiento uno de los problemas clave para ir hacia la universalización de la salud, los actores inmersos en la problemática sanitaria no hayan reparado para alzar la voz frente a esta enorme oportunidad. Si bien las propuestas de crear impuestos específicos para la salud resultan complicadas de implementar por la nueva carga tributaria que implican, en este caso estamos ante la situación inversa, ya que la contribución está vigente.
Triunfalismo y pobreza
En los pocos documentos académicos que se han producido recientemente con aportes para la reforma de salud en el contexto de un nuevo gobierno, la necesidad del mayor financiamiento fiscal ha sido soslayada, para tácitamente dejar que el mercado sea el que resuelva el acceso a servicios de salud, mientras el Estado se conforma con su limitado presupuesto para 12 millones de peruanos en el SIS, lo que hace insostenible la ampliación efectiva del acceso a salud. No se ha logrado entender que la inversión en salud posibilitaría una igualación hacia arriba de los pobres peruanos, que al contar con una protección de este tipo destinarían los recursos que ahora destinan a la enfermedad a otras necesidades o emprendimientos.
Según la Organización Mundial de la Salud, al menos 150 millones de personas en el mundo cada año se vuelven pobres al ser afectadas por la enfermedad y la falta de protección en salud. En el Perú, miles de familias frente a una enfermedad de alto costo deben optar por las polladas, vender al auto o moto taxi o alguna otra fuente de ingresos, para luego vender una propiedad si es que la tuvieran o buscar la caridad en la TV.
La falta de protección en salud genera un drama, marca a las familias que nunca vuelven a ser las mismas. Reducir el IGV alegremente privilegia el consumo frente a la vida y las urgencias sociales. Por eso dejar que un dinero con el que el Estado ya contaba regrese a grandes bolsillos, es una forma de eutanasia social, ya que implica dejar morir a miles de peruanos. Presentar esto como síntoma de desarrollo, es ridículo. Aún no estamos para dejar de lado lo poco que tenemos para cubrir las necesidades sociales; el triunfalismo económico es casi una nueva ideología en el país.
