Flamante ministro BTR borró audios que implican a gobierno
Hidalgo juramentó apurado y salió huyendo de la prensa para no responder por su controvertido currículum.
Miguel Hidalgo fue acusado por comisión congresal en minoría como responsable por varios delitos en el caso BTR. Debate en el pleno aún está pendiente. General también está enjuiciado por peculado en el Poder Judicial y es investigado en el fuero militar.
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Hidalgo juramentó apurado y salió huyendo de la prensa para no responder por su controvertido currículum.
Miguel Hidalgo fue acusado por comisión congresal en minoría como responsable por varios delitos en el caso BTR. Debate en el pleno aún está pendiente. General también está enjuiciado por peculado en el Poder Judicial y es investigado en el fuero militar.
Ante la escandalosa salida de Fernando Barrios del Ministerio del Interior, el gobierno aprista ha nombrado de inmediato como nuevo titular de esa descuidada cartera al general de la Policía, Miguel Hidalgo, un hombre muy cercano a Alan García, que durante el actual régimen ha tenido un meteórico ascenso que va desde alto mando de la Dirección Nacional AntiDrogas (Dirandro), jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional a director general de esta institución castrense.
Conocida su designación como ministro, el ex titular del Interior Remigio Hernani recordó a LA PRIMERA que la buena estrella de Hidalgo empezó a brillar durante su paso por la Dirandro, pero no por méritos propios sino porque fue el hombre que García utilizó en esa unidad para desaparecer los audios que contenían conversaciones telefónicas interceptadas por la empresa Business Track (BTR), las cuales comprometían seriamente a su gobierno.
Tal como informó en su oportunidad este diario, Hidalgo recibió el encargo directo del presidente de la República con ese propósito. Es así como oficiales de la Dirandro a su cargo planearon el 8 de enero de 2009 la intervención en la casa de Giselle Giannotti para desaparecer pruebas que comprometían al ex premier Jorge del Castillo así como al ex ministro de Vivienda Hernán Garrido Lecca.
Ambos políticos fueron grabados con el empresario dominicano Fortunato Canaán y Rómulo León Alegría en extrañas negociaciones de las que hasta ahora no hay resultados, ni en la Fiscalía ni en el Poder Judicial.
Respondía a García
Gracias a la comisión del Congreso que investigó la pérdida de los USB, hoy se sabe que el general Hidalgo fue encargado irregularmente de las investigaciones por la Fiscalía y que no comunicó de ello al entonces director general de la Policía, Walter Remicio, quien debió autorizar el nombramiento.
Tanto Remicio, como el entonces ministro del Interior, Remigio Hernani, desconocían de las investigaciones sobre el chuponeo y sólo se enteraron de ellas el día de la intervención a la casa de Giannotti, cuando por televisión se informaba sobre las capturas de los ejecutivos de BTR.
Entonces, ambos oficiales de la Policía pidieron explicaciones a Hidalgo pero éste les contestó que se trataba de una investigación dispuesta por el presidente de la República en coordinación con la Fiscalía de la Nación. “Yo no debo darle cuenta a nadie, solamente a él, porque esto es estrictamente reservado”, recuerdan que les dijo.
Documentos falsos
Esas afirmaciones fueron negadas por Hidalgo. Sin embargo, ante las evidencias que lo comprometían dijo en el Congreso que sí cumplió con informar por escrito a sus superiores. Para sustentarlo, presentó cuatro documentos, que los congresistas determinaron que eran falsos.
Esta contramarcha tenía como afán no comprometer al presidente García, quien, según lo investigado, ordenó la ilegal intervención. El informe en minoría de la comisión investigadora, establece que la diligencia en casa de Giannotti estuvo plagada de irregularidades.
Para el congresista nacionalista Fredy Otárola, uno de los dos firmantes del dictamen en minoría, el propósito de poner a Hidalgo fue con la intención de digitalizar la investigación y desaparecer las pruebas que involucra a las altas esferas del gobierno.
Hidalgo, según el informe en minoría, habría cometido diversos delitos como el de omisión de actos funcionales (artículo 377º del Código Penal) por no dar cuenta a sus superiores del allanamiento a la casa de Giselle Giannotti; de función por información falsa sobre asuntos del servicio (artículo 145º del Código de Justicia Militar Policial) al presentar documentos falsos para justificar que sí dio cuenta del operativo.
También el delito de función de exceso en la facultad de mando (artículo 139º del Código de Justicia Militar Policial) por concertar con algunos fiscales la sustracción, desaparición y cambio de los USB incautados que eran material probatorio.
Lo grave del asunto, es que hasta ahora, tal como señaló el congresista Otárola a este diario, el pleno del Congreso no tiene la voluntad política de debatir los informes evacuados. “No quieren que se conozca la verdadera dimensión del gobierno aprista”, denunció.
Es procesado por peculado
El flamante ministro del Interior, Miguel Hidalgo, también tiene abierto un proceso penal ante el Segundo Juzgado Anticorrupción, por el presunto delito de peculado de uso en agravio del Estado, por haber utilizado para uso particular y personal el vehículo que la institución le asignó para el ejercicio de su función.
Este juzgado, a cargo del magistrado César Vásquez Arana, acogió la denuncia del fiscal anticorrupción Demetrio Díaz Huamán, y el 27 de septiembre pasado abrió la investigación.
Los hechos materia de proceso, están referidos a los hechos registrados en un video en el que se aprecia al jefe policial en el hostal Elixir con una mujer que no era su esposa, el cual fue difundido a través de Youtube, en marzo pasado.
En este proceso, Hidalgo está bajo comparecencia y el juez del caso fijó el pago de una caución.
En el fuero militar
A raíz del la difusión del video, el Ministerio del Interior nombró una comisión especial para investigar el tema, pero antes de salir su informe final —que era inculpatorio, e incluso recomendaba la separación de Hidalgo de la Policía Nacional—, el Tribunal Supremo de Justicia Policial Militar se abocó al caso y le abrió una investigación preliminar.
Este giro fue considerado muy extraño, porque el entonces director general de la PNP salió bien librado del caso. Según el ex ministro Remigio Hernani, esta investigación ha quedado en nada.
Helio Ramos, Redacción, La Primera, 24.11.2010
Conocida su designación como ministro, el ex titular del Interior Remigio Hernani recordó a LA PRIMERA que la buena estrella de Hidalgo empezó a brillar durante su paso por la Dirandro, pero no por méritos propios sino porque fue el hombre que García utilizó en esa unidad para desaparecer los audios que contenían conversaciones telefónicas interceptadas por la empresa Business Track (BTR), las cuales comprometían seriamente a su gobierno.
Tal como informó en su oportunidad este diario, Hidalgo recibió el encargo directo del presidente de la República con ese propósito. Es así como oficiales de la Dirandro a su cargo planearon el 8 de enero de 2009 la intervención en la casa de Giselle Giannotti para desaparecer pruebas que comprometían al ex premier Jorge del Castillo así como al ex ministro de Vivienda Hernán Garrido Lecca.
Ambos políticos fueron grabados con el empresario dominicano Fortunato Canaán y Rómulo León Alegría en extrañas negociaciones de las que hasta ahora no hay resultados, ni en la Fiscalía ni en el Poder Judicial.
Respondía a García
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Gracias a la comisión del Congreso que investigó la pérdida de los USB, hoy se sabe que el general Hidalgo fue encargado irregularmente de las investigaciones por la Fiscalía y que no comunicó de ello al entonces director general de la Policía, Walter Remicio, quien debió autorizar el nombramiento.
Tanto Remicio, como el entonces ministro del Interior, Remigio Hernani, desconocían de las investigaciones sobre el chuponeo y sólo se enteraron de ellas el día de la intervención a la casa de Giannotti, cuando por televisión se informaba sobre las capturas de los ejecutivos de BTR.
Entonces, ambos oficiales de la Policía pidieron explicaciones a Hidalgo pero éste les contestó que se trataba de una investigación dispuesta por el presidente de la República en coordinación con la Fiscalía de la Nación. “Yo no debo darle cuenta a nadie, solamente a él, porque esto es estrictamente reservado”, recuerdan que les dijo.
Documentos falsos
Esas afirmaciones fueron negadas por Hidalgo. Sin embargo, ante las evidencias que lo comprometían dijo en el Congreso que sí cumplió con informar por escrito a sus superiores. Para sustentarlo, presentó cuatro documentos, que los congresistas determinaron que eran falsos.
Esta contramarcha tenía como afán no comprometer al presidente García, quien, según lo investigado, ordenó la ilegal intervención. El informe en minoría de la comisión investigadora, establece que la diligencia en casa de Giannotti estuvo plagada de irregularidades.
Para el congresista nacionalista Fredy Otárola, uno de los dos firmantes del dictamen en minoría, el propósito de poner a Hidalgo fue con la intención de digitalizar la investigación y desaparecer las pruebas que involucra a las altas esferas del gobierno.
Hidalgo, según el informe en minoría, habría cometido diversos delitos como el de omisión de actos funcionales (artículo 377º del Código Penal) por no dar cuenta a sus superiores del allanamiento a la casa de Giselle Giannotti; de función por información falsa sobre asuntos del servicio (artículo 145º del Código de Justicia Militar Policial) al presentar documentos falsos para justificar que sí dio cuenta del operativo.
También el delito de función de exceso en la facultad de mando (artículo 139º del Código de Justicia Militar Policial) por concertar con algunos fiscales la sustracción, desaparición y cambio de los USB incautados que eran material probatorio.
Lo grave del asunto, es que hasta ahora, tal como señaló el congresista Otárola a este diario, el pleno del Congreso no tiene la voluntad política de debatir los informes evacuados. “No quieren que se conozca la verdadera dimensión del gobierno aprista”, denunció.
Es procesado por peculado
El flamante ministro del Interior, Miguel Hidalgo, también tiene abierto un proceso penal ante el Segundo Juzgado Anticorrupción, por el presunto delito de peculado de uso en agravio del Estado, por haber utilizado para uso particular y personal el vehículo que la institución le asignó para el ejercicio de su función.
Este juzgado, a cargo del magistrado César Vásquez Arana, acogió la denuncia del fiscal anticorrupción Demetrio Díaz Huamán, y el 27 de septiembre pasado abrió la investigación.
Los hechos materia de proceso, están referidos a los hechos registrados en un video en el que se aprecia al jefe policial en el hostal Elixir con una mujer que no era su esposa, el cual fue difundido a través de Youtube, en marzo pasado.
En este proceso, Hidalgo está bajo comparecencia y el juez del caso fijó el pago de una caución.
En el fuero militar
A raíz del la difusión del video, el Ministerio del Interior nombró una comisión especial para investigar el tema, pero antes de salir su informe final —que era inculpatorio, e incluso recomendaba la separación de Hidalgo de la Policía Nacional—, el Tribunal Supremo de Justicia Policial Militar se abocó al caso y le abrió una investigación preliminar.
Este giro fue considerado muy extraño, porque el entonces director general de la PNP salió bien librado del caso. Según el ex ministro Remigio Hernani, esta investigación ha quedado en nada.
Helio Ramos, Redacción, La Primera, 24.11.2010
