Sunat: también con mafia que aprovechó "despidos arbitrarios"

El Estado debe ser el primer empleador en respetar la ley, por lo cual sólo son procedentes los despidos con por causa justa. Todo funcionario que por malicia, error o ignorancia incurre en despedir arbitrariamente a un trabajador debe ser procesado y no es necesario inventar nada, las leyes que sancionan a estos funcionarios ya existen.

Clara Loza

José Palomino

María Guerrero. Fotos: IDL

IDL Reporteros denuncia hoy que pocos meses después del inicio del segundo gobierno de Alan García en julio de 2006, la Superintendenta de Administración Tributaria (SUNAT), Nahil Hirsh, perpetró su execrable acto.

Por la fecha de ocurridos los hechos se concluye que estos mafiosos contaron con la complicidad de funcionarios que no denunciaron, tal vez con la oscura esperanza de a su vez beneficiarse ellos en su momento con estos dolosos procedimientos.

Para sacar el botín de la Sunat, Nahil Hirsch incluso firmó una ilegal resolución titulada “Política para cargos directivos” en la que establecía normas para la indemnización preferente en caso de despido de esos “cargos directivos”. Se otorgaba una indemnización por “despido arbitrario, conforme lo previsto en las disposiciones laborales vigentes”

Es ilegal porque incluso establecían que para los funcionarios de confianza podían proceder los despidos arbitrarios, lo cual es improcedente porque a estos funcionarios no se les puede aplicar la figura del despido arbitrario y es la misma figura perpetrada por Barrios pues no hay un superior que pueda despedir a la máxima autoridad, que eran Hirsh  y ellos funcionarios  de confianza a los que se podia retirar la confianza y no despedir en forma arbitraria, por lo cual se configurarían los delitos de peculado, asociación ilicita para delinquir y malversación (ver Despido "arbitrario" de Fernando Barrios sí es ilegal).

Dos meses después Hirsh cesó y junto con ella salieron la secretaria general de la SUNAT, Clara Martina Loza Ramírez; la jefa de Comunicaciones, Maria Lita (“Melita”) Guerrero Burga y el asesor, José Palomino Roedel. Loza recibió una indemnización de 194 mil 503 soles; “Melita”, una por 182 mil 313 soles y Palomino otra de 141.990.22 soles, respectivamente. En total, se les pagó 518 mil 805 soles. Fue el único caso en el que se aplicó esa disposición. Ni antes ni después.

Que la directiva con nombre propio lo dice un informe posterior de Control Interno señala que la “Resolución de Superintendencia No. 164-2006/SUNAT de fecha 6 de octubre de 2006, solo fue aplicada a cuatro ex trabajadores de la SUNAT”.

Los indemnizados por el despido presuntamente arbitrario no quedaron en el desempleo. Tanto Clara Martina Loza como “Melita” Guerrero Burga y José Palomino pasaron a trabajar de inmediato —como empleados de confianza— a otra entidad estatal; la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV), donde Hirsh había sido nombrada presidenta.

De institución en institución cometiendo los mismos actos, succionando el erario nacional como vampiros

A comienzos de este año, cuando Hirsh fue nombrada de nuevo como superintendenta nacional de la SUNAT, tanto Clara Martina Loza como “Melita” Guerrero regresaron con ella a sus puestos de confianza. Los mismos que antes, salvo una diferencia. Cada una con cerca de 200 mil soles más que cuando salíó, ‘indemnizadas’ pese a que no dejaron de trabajar para el Estado, con la misma jefa, Nahil Hirsh, que en 2006 firmó la disposición con nombre propio y con dinero de los contribuyentes, como precisa IDL.