Congresista “comepollo” condenado a 5 años de cárceljose_anaya_oropeza.jpg

El congresista José Oriol Anaya Oropeza, más conocido como “comepollo” quien se encontraba suspendido tras el escándalo de documentación falsa presentada por consumo de pollo, viajes y otros, fue condenado ayer a cinco años de prisión efectiva.

Anaya había falsificado la mencionada documentación para solicitar el reembolso de gastos operativos realizados durante su gestión entre abril y junio del 2008.

Tras escuchar la sentencia de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema,
Anaya Oropeza,  apeló el veredicto, lo cual no impidió que sea  detenido, por lo cual la policía lo trasladó a la carceleta judicial, de donde se le ubicará en un centro penal.

José Lecaros Cornejo, Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo, magistrados de la citada sala, establecieron que Anaya cometió delitos contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos y peculado en agravio del Estado y de la empresa Ida Service.

Los jueces justificaron dos años de pena por falsificación de documentos y tres años por peculado, con lo que sumaron una condena de cinco años de cárcel.

Adicionalmente, el condenado deberá pagar una reparación civil de 50 mil soles a favor del Estado y 5 mil soles a la empresa agraviada Ida Service SAC.

En tanto, fue absuelto de la acusación de falsa declaración en procedimiento administrativo.

En la sentencia se subraya que Anaya presentó documentos falsos: las facturas de la empresa Ida Service SAC por la suma de 4,574 soles por la compra de pasajes a Italia y las boletas de venta de la pollería Yorlas por 379 soles, 428 soles y 377 soles  por compra de pollo a la brasa, para sustentar gastos y lograr que el Congreso le reponga dinero que no gastó.

Se desestimó la defensa del acusado, que alegó el hecho a un complot político de uno de sus asesores para lograr su desafuero, no tiene ningún sustento probatorio.

Los originales de las facturas y boletas de pago fueron desaparecidos por el congresista, pese a que, según acuerdo de la Mesa Directiva del Congreso, era su obligación guardarlas.