José Villena, ministro de Trabajo, quien protagonizó un acto de matonería esta semana por llegar tarde a su vuelo, ahora busca descargar sus instintos contra los trabajadores estatales, recortando sus derechos.
Con el pretexto de la reforma del Estado, intenta imponer un proyecto de ley para que los empleados vean deteriorada su la estabilidad laboral, de la cual gozan incluso los trabajadores del sector privado.
El sujeto ya anunció que la reforma laboral estatal se iniciará en 2,500 entidades del Estado e involucra 560 mil trabajadores del millón 400 mil que laboran en el sector.
Plantea crear una nueva escala de carrera para que concursen los trabajadores nuevos, la cual no tendrá estabilidad laboral, y pretenden que los trabajadores antiguos, con todos sus años de experiencia, se igualen a los nuevos, y si no aceptan los castigará negándoles aumentos de sueldo, lo cual constituirá un acto de discriminación, pues aunque tengan mérito no se les aumentará su remuneración por el solo hecho de no aceptar pasar al nuevo régimen.
¿A qué trabajador con experiencia le va a convenir ingresar a un régimen donde va a ser tratado igual que un trabajador nuevo? Esto será mucho peor para quienes ya tienen 10, 15 y hasta más de 20 años de servicio, tiempo que Villena pretende desconocer. Es un atropello que tal vez sea peor que el perpetrado por la dictadura fujimontesinista contra los trabajadores.
Se producirían despidos indiscriminados por la falta de institucionalidad
Si se pretende forzar a todos los trabajadores para pasen a un régimen de “mejores” sueldos sin estabilidad laboral, esto se prestará a futuros despidos indiscriminados, pues cada vez que llega un partido al poder despide a los trabajadores para colocar a sus partidarios por favor político, práctica que llegó a extremos en los gobiernos apristas.
El ministro aduce que ordenará todos los regímenes en una sola planilla, con beneficios por igual para todos: a los que tienen contratos de administración de servicios (CAS) y los que están en la 276 que eran los originales de la carrera del servicio público, además de la 728 que por leyes a partir de los 90 pudieron ingresar a la actividad pública, pero bajo el régimen de la actividad privada.
Señaló que en la actualidad cada entidad del Estado, como ministerios, gobiernos regionales y locales, tiene sus propias leyes y sus propios documentos de gestión y por ello hay pagos de beneficios que no tienen justificación. Eso es verdad, pero la propuesta nueva tampoco creará un régimen único: habrá una clase de trabajadores mejor pagados, pero descartables, y otros con más estabilidad, pero marginados en su remuneración.
La reforma será planteada a inicios del 2013 y prevé una transición en dos etapas. Primero los trabajadores CAS concursarán para mantenerse en el Estado. Después los trabajadores de las leyes 276 y 278 decidirán si entran al concurso de manera voluntaria.
“Si se quedan en su régimen (276 y 278) va a pasar dos cosas. El estancamiento de sus sueldos, y van a entrar en los procesos de evaluación que serán objetivos, con la alternativa de que si tiene una mala calificación o si pasa a las justas, va a tener un proceso de capacitación y si después de eso no pasa se terminará su contrato”, dijo Villena.
Aseguró que las entidades a cargo del proyecto de reforma han revisado legislación anterior para evitar que los trabajadores no sientan que se está vulnerando sus derechos y se evite que imponga alguna acción legal contra el Estado.
“La idea del proyecto de la reforma es que esté blindado y para eso se ha revisado jurisprudencia y sobre todo en el tema de salarios en que no se puede reducir”, expresó.
Villena subrayó que en el sector público nadie tiene “su silla ganada”, como consideran muchos funcionarios originales de carrera del servicio público, porque si el puesto ya no está vigente puede ser reubicado, con lo cual soltó una amenaza velada de hostilización para quienes no se acojan al nuevos sistema.
Explicó que en el borrador participaron la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). “Ya ha sido presentado al presidente y hemos querido ordenar la planilla en el sector público y priorizar la meritocracia”, dijo en RPP.
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