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El Ejecutivo, fingiendo sorpresa por los sucesos en la selva, se escandaliza por la gravedad a la que han llegado las movilizaciones indígenas. Es fingimiento porque sabían muy bien lo que la llamada Ley de la Selva y los Decretos Legislativos 1064 y 1015 iban a provocar, hasta la Defensoría del Pueblo había señalado su inconstitucionalidad.
Se trata entonces de un plan premeditado que comenzó a hacerse visible con la publicación de las series “El perro del hortelano”, donde un soberbio García con su artículo preparaba la campaña previa a la publicación de sus decretos, según él, la “gente preparada” le iba a dar la razón, menos los cholos, chunchos o perros del hortelano.
Alegaba que si en la costa la mayoría simple en las comunidades puede decidir asuntos de la mayor importancia, como la venta de sus tierras, era lógico que en la sierra y selva se haga lo mismo.
Lo que él y la prensa oficialista omiten es decir que la costa tiene una realidad totalmente distinta, es donde más se destruyeron las formas cooperativas ancestrales y en la actualidad por lo general están conformadas por personas que han asimilado en su totalidad las formas coloniales y ahora republicanas y modernas de producción.
Es muy distinto el caso de la sierra y selva, donde existen comunidades que conservan siglos de tradición, inclusive se han firmado tratados internacionales para proteger a estas poblaciones, de modo que con la Ley de la Selva se han violado las normas legales que establecen que para dictar leyes como la de la selva es preciso consultar con las comunidades, cosa que no se ha hecho.
Además, la pretensión de que los indígenas vendan sus tierras con mayoría simple es un acto discriminatorio, pues cuando se trata de propiedad y decisiones de importancia, la ley de sociedades que rige a las empresas privadas no contempla mayoría simple, sino los dos tercios de quórum.
Si García hubiese legislado para cambiar el quórum de las juntas generales de accionistas, cambiándolo por mayoría simple —tal como ha hecho con las comunidades indígenas—, todos los empresarios hubiesen reaccionado. Pero es una hipótesis imposible, pues García gobierna para las empresas.
¿Las ONGs son las causantes del caos?
Que no vengan a contar el cuento de que todo estaba en paz hasta que las ONGs comenzaron a azuzar. Que ciertas ONGs están movidas con ánimos doctrinarios y promueven el separatismo es cierto, pero es un trabajo que realizan desde hace años entre los indígenas de la sierra y selva, donde exacerban su tradición llevándolos a doctrinas donde les hacen sentirse separados y despreciados del mundo, menos de las ONGs que están “para salvarlos”.
Las ONGs corroen la peruanidad incentivando en los indígenas el sentimiento de que ellos son una nación aparte, atizando el resentimiento, la desconfianza y el rechazo contra el resto de peruanos, como si quienes no somos de sus comunidades fuésemos algo peor que extranjeros (pues en las ONGs hay extranjeros), extranjeros hostiles.
Estando de esta manera preparados los ánimos en los indígenas, sólo bastaba una chispa, como la ley de la selva, para encender la pradera hasta límites que pueden comprometer a los propios pobladores y a la seguridad nacional.
¿De dónde surge el interés en la ley de la selva?
Como hemos visto, García invirtió muchos recursos en promover esta y otras leyes que pretenden rematar todo lo que pueda en el país. Su voracidad se ha visto mermada al ver que Fujimori lo dejó ya casi sin empresas estatales que rematar, por eso busca remates no sólo del patrimonio del estado, sino que hasta lucha con propietarios privados, como son las comunidades.
En el caso de la selva, la codicia ya se ha encendido en los inversionistas extranjeros, principalmente en los chilenos, que no tienen selva y están ansiosos de instalarse en nuestra Amazonía, no sólo por motivos económicos, sino para desde allí espiar cómodamente y hasta podrían instalar no se sabe qué clase de arsenales, o bien trabajar mano a mano con el narcotráfico en contra del Perú, igual que las FARC.
Existiendo la figura de la concesión, no cabe la venta, ni con el pretexto de abarcar territorios deforestados, pues ello sólo incentivaría más destrucción para después alegar que son selva deforestada. En ello toda la región de la selva debe estar unida, pues el gobierno trata de dividir alegando que la ley de la selva no es para todos sino sólo para algunas zonas.
Uno de los caballitos de batalla —o, hablando con propiedad, caballos de Troya— del gobierno chileno son sus empresarios, porque en Chile el gobierno trabaja en políticas de estado de penetración en el exterior en forma estrecha con sus empresarios.
Por ello los chilenos, cuyas empresas en el Perú más se conocen por sus videos con Montesinos o su pésima calidad, llegaron invitados hasta el mismo Palacio. ¿Se ha convertido Palacio en la nueva salita del SIN? ¿La ley de la selva ha costado a empresarios que han pagado por ello a altos funcionarios o tal vez al mandatario, por eso el gobierno se atrinchera en su terquedad de no dar marcha atrás?
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Ver partes II y II: La selva: sólo sucede lo esperado, II
La selva: sólo sucede lo esperado, III
