Acusan de extorsión a funcionarios de Vivienda
Chantaje lo realizaría el Apra mediante el viceministro de Vivienda
Mario Huamán, Secretario General de la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) denunció una sistemática extorsión practicada por el ministro de Vivienda, Enrique Cornejo, a través de su viceministro, Juan Sarmiento, mediante la cual impiden la libre contratación de obras de construcción.
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Mario Huamán, Secretario General de la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) denunció una sistemática extorsión practicada por el ministro de Vivienda, Enrique Cornejo, a través de su viceministro, Juan Sarmiento, mediante la cual impiden la libre contratación de obras de construcción.
Huamán explicó que es clara la intromisión del gobierno para tratar de destruir y debilitar al gremio de construcción civil, pues desde hace tres meses las obras de los programas Techo Propio y Agua Para Todos, del ministerio de Vivienda, son manipuladas para entregar la buena pro a constructoras que contraten la mano de obra de construcción al nuevo gremio proaprista fundado durante este gobierno, hace año y medio.
Este gravísimo hecho fue revelado durante la nutrida marcha que realizaron ayer miles de trabajadores de construcción civil, desde el Campo de Marte hasta la sede del ministerio de Vivienda en San Isidro, marcha que fue realizada también en todo el Perú.
El presunto delito, según la denuncia de Huamán, consiste en chantajear a las constructoras para otorgarles la concesión de las construcciones del gobierno, bajo la condición de sólo contratar obreros de la nueva federación aprista.
No contentos con chantajear a las constructoras que contratan con el estado, Huamán denunció que la presión también se está produciendo contra empresas privadas que realizan proyectos privados sin intervención del gobierno.
Debido a estos serios hechos, Huamán demandó una rectificación, pues la acción del gobierno es antidemocrática y un abuso de poder que persigue liquidar a todas las organizaciones sindicales en venganza por haber marchado y protestado públicamente contra la política antilaboral del gobierno.
Indicó que tienen nombres, pero no los pueden revelar para proteger la vida de los implicados, pues ya se han dado casos de asesinatos de ingenieros civiles; por ello las empresas no siempre denuncian cuando son extorsionadas. Señaló que el representante de la Cámara Peruana de Construcción (Capeco), Lelio Balarezo, está muy preocupado por esta grave situación y ha solicitado que guarden la confidencialidad del caso.
El líder sindical informó que se han enviado oficios y realizado llamadas a Vivienda, “pero el ministro, imitando al Presidente de la República, no dialoga”, deploró. Por ese motivo, el martes se reunirán todos los dirigentes de Lima y Callao para evaluar medidas de urgencia, que podrían incluir una huelga indefinida.
El congresista Edgard Raymundo acompañó la marcha e identificó a la CTP (gremio aprista) como la que reúne a la cuestionada nueva federación aprista, “es una denuncia sumamente grave, se trata de una especie de chantaje para que las licitaciones puedan ser trabajadas por una federación paralela proaprista, donde hay indicios de lumpenería; se trataría de una consigna política del Apra y del ministro a través de su viceministro”, manifestó y anunció que realizará un pedido de información.
Ante la gravedad de los hechos, pareciera que han resurgido las alianzas lumpen-Apra, que datan desde los inicios de la fundación de ese partido y que trajeron muchas muertes al país. Es sintomático además que el lumpen esté ahora bien organizado y con capacidad para realizar constantes actos de extorsión a las empresas constructoras, al no haber sido controlado (¿premeditadamente?) por el sector Interior. Lo grave sería que la extorsión haya dejado de ser “prerrogativa” del lumpen para instalarse como práctica del mismo gobierno, lo cual evidenciaría un generalizado nivel de corrupción —de lo más delictiva y criminal— en el aparato estatal. ¿Estamos ante un lumpen-gobierno? Esperemos que las investigaciones se realicen de inmediato y en profundidad.
Este gravísimo hecho fue revelado durante la nutrida marcha que realizaron ayer miles de trabajadores de construcción civil, desde el Campo de Marte hasta la sede del ministerio de Vivienda en San Isidro, marcha que fue realizada también en todo el Perú.
El presunto delito, según la denuncia de Huamán, consiste en chantajear a las constructoras para otorgarles la concesión de las construcciones del gobierno, bajo la condición de sólo contratar obreros de la nueva federación aprista.
No contentos con chantajear a las constructoras que contratan con el estado, Huamán denunció que la presión también se está produciendo contra empresas privadas que realizan proyectos privados sin intervención del gobierno.
Debido a estos serios hechos, Huamán demandó una rectificación, pues la acción del gobierno es antidemocrática y un abuso de poder que persigue liquidar a todas las organizaciones sindicales en venganza por haber marchado y protestado públicamente contra la política antilaboral del gobierno.
Indicó que tienen nombres, pero no los pueden revelar para proteger la vida de los implicados, pues ya se han dado casos de asesinatos de ingenieros civiles; por ello las empresas no siempre denuncian cuando son extorsionadas. Señaló que el representante de la Cámara Peruana de Construcción (Capeco), Lelio Balarezo, está muy preocupado por esta grave situación y ha solicitado que guarden la confidencialidad del caso.
El líder sindical informó que se han enviado oficios y realizado llamadas a Vivienda, “pero el ministro, imitando al Presidente de la República, no dialoga”, deploró. Por ese motivo, el martes se reunirán todos los dirigentes de Lima y Callao para evaluar medidas de urgencia, que podrían incluir una huelga indefinida.
El congresista Edgard Raymundo acompañó la marcha e identificó a la CTP (gremio aprista) como la que reúne a la cuestionada nueva federación aprista, “es una denuncia sumamente grave, se trata de una especie de chantaje para que las licitaciones puedan ser trabajadas por una federación paralela proaprista, donde hay indicios de lumpenería; se trataría de una consigna política del Apra y del ministro a través de su viceministro”, manifestó y anunció que realizará un pedido de información.
Ante la gravedad de los hechos, pareciera que han resurgido las alianzas lumpen-Apra, que datan desde los inicios de la fundación de ese partido y que trajeron muchas muertes al país. Es sintomático además que el lumpen esté ahora bien organizado y con capacidad para realizar constantes actos de extorsión a las empresas constructoras, al no haber sido controlado (¿premeditadamente?) por el sector Interior. Lo grave sería que la extorsión haya dejado de ser “prerrogativa” del lumpen para instalarse como práctica del mismo gobierno, lo cual evidenciaría un generalizado nivel de corrupción —de lo más delictiva y criminal— en el aparato estatal. ¿Estamos ante un lumpen-gobierno? Esperemos que las investigaciones se realicen de inmediato y en profundidad.
