Reacción. Premier fue al Congreso para respaldar gestión de ministra de Educación. Anunció que denunciará a los profesores de Sutep-Conare que intentaron tomar el aeropuerto de Juliaca. Patricia Salas será interpelada la próxima semana.
Martín Hidalgo/
El oficialismo ha decidido enfrentar su batalla política en defensa de la ministra de Educación, Patricia Salas, anunciando, primero, mano firme ante los movimientos radicales en dicho sector.
Fue el primer ministro Juan Jiménez Mayor quien desde el Congreso anunció que la Procuraduría de Orden Interno ha iniciado una denuncia formal al Ministerio Público tras los actos vandálicos protagonizados el miércoles por los ‘seudomaestros’ del Sutep-Conare en el aeropuerto Manco Cápac de Juliaca.
"Evaluaremos la forma de sacar a estas personas, a quienes no se puede considerar miembros del magisterio", agregó el premier. Jiménez ratificó que el Poder Ejecutivo no negocia con "movimientos terroristas", en alusión a la reunión que sostuviera el asesor de la ministra de Educación, José Luis Velásquez, con la facción radical del Sutep, a pedido del presidente de la Conferencia Episcopal, Salvador Piñeiro.
"No se ha debatido nada sustantivo, solo fueron conversaciones donde se les pidió deslindar con el Movadef y otros movimientos terroristas", explicó el premier a la prensa luego de sostener una reunión con Víctor Isla Rojas, presidente del Parlamento.
Aseguró que todo su gabinete ministerial tiene una directriz para no negociar con ningún tipo de movimiento violentista.
Buscan consensos
Horas previas a la presencia del Premier en el Congreso, la titular de la cartera de Educación, Patricia Salas, se reunió con la bancada de Perú Posible.
En conferencia de prensa, la ministra, quien es cuestionada por un sector de la oposición por el proyecto de Ley del Desarrollo Docente, también se refirió a la reunión de su asesor con el grupo de docentes vinculados a la facción del Sutep-Conare.
“A pedido de monseñor Piñeiro se conversó con unos dirigentes para plantearles la posibilidad de que hicieran un deslinde total con el Movadef, el terrorismo o cualquier otra situación. Eso no se ha producido. Por lo tanto, no hay diálogo con ellos”, afirmó Salas.
Previo a esto, la ministra explicó, en una reunión de dos horas, a los peruposibilistas los principales puntos de la ley de desarrollo docente que se debatirá hoy en el Consejo de Ministros para, una vez aprobada, sea remitida al Congreso para su debate.
En el resumen ejecutivo presentado a los peruposibilistas, Patricia Salas fundamentó su reforma educativa en la meritocracia con "principios de equidad, orden y transparencia". Además, considera la evaluación en tres criterios: qué sabe el maestro, cómo aplica ese saber con sus estudiantes y cómo se esfuerza para ser un mejor profesional en su área.
Sobre la mejora en los sueldos, la titular indicó que todos los docentes elevarán su remuneración luego de seis años de espera, con la posibilidad de recibir hasta cuatro asignaciones especiales sumadas a su salario íntegro mensual.
Estas bonificaciones son de 20% para los que trabajan en escuela unidocente, 10 % para lo que lo hacen en multigrado, en área rural y en escuelas del Vraem; mientras que el 5% para los de escuelas bilingües y las de zonas de frontera.
En ese sentido, también anunció que la ley ofrece nueva áreas de desarrollo profesional para los docentes, como la innovación pedagógica y la formación de pares, que serán reconocidas como parte de su trayectoria laboral. "Ya no deberán pedir licencia sin goce de haber para desempeñar estas tareas", apunta el resumen ejecutivo presentado.
Tras esto, especifica que dicha norma dispone que el ascenso está ligado, principalmente, a la evaluación del desempeño profesional y, adicionalmente, a la evaluación de sus conocimientos.
Al respecto, la congresista Carmen Omonte resaltó que esta norma perfeccionará la Ley de Carrera Pública Magisterial. "No se va a crear una nueva ley, sino que es una modificatoria que enriquecerá la CPM obligando a la inscripción de todos los maestros", alegó.
Omonte reveló que la ministra Salas aceptó la falta de comunicación a la hora de plantear el proyecto ante la población y las fuerzas políticas. "También nos solicitó que apoyemos la iniciativa puesto que busca prohibir a los condenados por delitos de terrorismo ingresar al sector Educación", agregó en referencia al artículo 46 del Proyecto de Ley de Desarrollo Docente que además impide a sentenciados por delitos contra la libertad sexual estar en el magisterio.
En ese sentido, afirmó que su agrupación política no apoyará la moción de interpelación que impulsa la oposición.
Similar postura mostró el tercer vicepresidente del Congreso, José Luna, en representación de Solidaridad Nacional. "Nosotros esperamos el documento para analizarlo, es poco serio emitir opinión antes", dijo.
Juegos de poder
Pese a las visitas por dos días consecutivos de la ministra al Congreso, la oposición consiguió 21 firmas con las que han presentado una moción de interpelación con 31 preguntas.
Dicho recurso no es solo por lo que consideran la eliminación de la Ley de Carrera Magisterial, sino "por la incapacidad y desidia" de su gestión.
Para el aprista Javier Velásquez Quesquén, la titular de Educación tendrá que aclarar por qué se dejó de lado la Carrera Magisterial, solo para "cumplir con los compromisos con el Sutep de Patria Roja y que ahora es boicoteado por el pro senderista Conare-Sutep".
Mientras que la fujimorista Luz Salgado explicó que la Ley de Desarrollo Docente no es el único punto crítico en la gestión, pues a ello se suma el retraso en la capacitación de maestros, el cambio del currículum escolar, y la poca firmeza para enfrentar el bullying en los colegios de todo el país.
La respuesta del oficialismo llegó a través de sus voceros Jaime Delgado y Ana María Solórzano, quienes calificaron de apresurada la interpelación presentada por las bancadas de Fuerza 2011, Concertación Parlamentaria y el nuevo Acción Popular-Frente Amplio.
"Se busca viabilizar la ley de carrera pública magisterial. No estamos comenzando de cero, eso sería irreponsable", dijo al respecto Jaime Delgado.
Mientras que Solórzano pidió a la oposición priorizar la reforma en Educación por encima de los tintes políticos.
Delegación de facultades
El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, también anunció que están realizando "ajustes" al proyecto de ley que plantea la delegación de facultades en temas de seguridad ciudadana, para asegurar su aprobación en el Congreso.
"Estamos haciendo los ajustes correspondientes a efectos de lograr el consenso que necesitamos para aprobar esta ley", afirmó tras revelar que se ha reunido con representantes de la mayoría de fuerzas políticas del Parlamento para escuchar sus posiciones.
Al respecto, el fujimorista Carlos Tubino negó que en la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana se haya aprobado esta concesión como afirmó el presidente de este grupo parlamentario, Renzo Reggiardo. Adelantó, además, que su bancada no apoyará el pedido.
De otro lado, informó que su gabinete ministerial se presentará al Congreso antes del 23 de agosto, para exponer la política general de gobierno y solicitar el voto de confianza.
En cifras
7 años estuvo Salas en el Consejo Nacional de Educación. Allí participó de la creación de la Ley de Carrera Pública Magisterial (CPM).
S/. 42 millones se dieron para la implementación de la CPM.
La República, 03-08-2012
