Tras un arduo debate, el pleno del Congreso de la República aprobó por 51 votos a favor, 13 en contra y 14 abstenciones, el proyecto de reforma de la Ley Magisterial, elaborado por la Comisión de Educación, sobre la base de la iniciativa remitida por el Ejecutivo. La propuesta beneficiará a 195 mil 759 docentes y establece ocho escalas magisteriales a las que podrán acceder los profesores a lo largo de sus 30 años de servicios.
La propuesta de 79 artículos y 16 disposiciones complementarias, transitorias y finales, normará las relaciones entre el Estado y los profesores de educación básico y técnico productiva bajo principio de legalidad, probidad y ética pública.
El objetivo es garantizar la calidad de la institución educativa, la idoneidad de los profesores y autoridades educativas, así como el buen desempeño para dar al alumno una educación de calidad.
Asimismo, indica que el Ingreso a la carrera magisterial será por concurso público y se formaliza con resolución de nombramiento en la primera escala magisterial.
Según la propuesta, los docentes se someterán a una evaluación de desempeño que tiene como finalidad comprobar el grado de desarrollo de las competencias y desempeño profesional del profesor de aula.
Respecto a los ascensos y acceso a cargos, el Ministerio de Educación en coordinación con los gobiernos regionales convocará a concurso para el ascenso y también, cada dos años, para el acceso a cargos teniendo en cuenta los criterios del buen desempeño.
La nueva norma también establece sanciones, estas van desde la amonestación hasta la destitución del servicio, la cual se producirá por no presentarse a la evaluación de desempeño sin causa justificada, así como por haber sido condenado por delito doloso, contra la libertad sexual, apología o delito de terrorismo; por incurrir en actos de violencia, hostigamiento sexual, ebriedad o por inducir al alumnado a participar en marchas políticas.
Como se recuerda, la propuesta fue elaborada tomando como base las iniciativas remitidas por el Ejecutivo, las bancadas del Parlamento, los gremios educativos y con la asesoría de especialistas en el tema.
