El siglo XX acabó junto a la caída del Fujimorismo. Los diarios publicaban los vergonzosos actos de corrupción en los poderes del Estado. El país, es decir, lo más sano de la sociedad peruana, expresaba su indignación exigiendo investigación y sanciones para los responsables de la corrupción. Los videos que mostraban el verdadero rostro del fujimontesinismo eran el tema mediático, mientras las pesquisas ponían en evidencia a personajes intocables, era el fin de una oscura fase y el comienzo de una posibilidad democrática en el país, después de la huida de Fujimori a Japón.
Junto al nuevo espíritu de querer reivindicar al Estado, algunas voces subterráneas susurraban la necesidad de contar con nuevos sistemas legales de autoprotección, como si los temores del avance de la lucha contra la corrupción pusieran en riesgo el actuar público de muchos funcionarios ligados a la estructura del Estado.
En marzo del 2002 surge una norma hasta ahora vigente: El Consejo de Ministros aprueba el Decreto Supremo Nº 018-2002-PCM, el cual hizo posible que todas las dependencias del Ejecutivo contrataran, con cargo al erario público, servicios especializados en asesoría legal para la defensa penal, civil y/o administrativa, de funcionarios y servidores públicos en todo el país, incorporando para gozar de este privilegio a aquellos que habrían dejado ya el servicio público, sin interesar la fecha de su cese. Entre los destapes de los actos de corrupción en el Estado, surge incoherentemente este DS que en forma oportuna sirve para los intereses y la defensa de los funcionarios corruptos del fujimorato.
En otras palabras, el Estado paga a los abogados defensores de los acusados por corrupción para que los defiendan frente al propio Estado que los denuncia, debilitándolo aún más frente a la posibilidad de enfrentar a los que delinquen, desde su posición de funcionarios públicos, creando así el camino de la impunidad y el resurgimiento de nuevas redes de corrupción.
Desde la dación del cuestionado decreto, muchos funcionarios de todo nivel hacen uso de esta artimaña legal para autoprotegerse, situación que por diversas circunstancias sigue en uso. Uno de los casos públicos fue el de César Gutiérrez comprometido con la concesión de los lotes petroleros a Discover Petroleum. La empresa de todos los peruanos, Petroperú, en el año 2009 había gastado 59 mil 500 dólares en la defensa legal de su ex presidente.
Los defensores de la norma indican que si no existiera este decreto podría paralizarse la función pública por el temor de verse envueltos en procesos judiciales y al no existir este blindaje legal surgiría la posibilidad de la paralización del Estado. Este razonamiento que trata de justificar el referido DS hace que el funcionario tenga una protección antelada de la que no goza ningún funcionario ni servidor público en el mundo.
En un Estado de Derecho, los ciudadanos comunes y corrientes, puede estar acusados injustamente y para ello existen normas jurídicas que regulan la legalidad con principios de igualdad ante la ley y el derecho de defender su inocencia pero de ninguna manera gozan de privilegios que pueda atentar contra el Estado.
La retroactividad de la norma no resulta casual, circunstancial o gratuita, tuvo el objetivo de favorecer a los responsables de la megacorrupción de la década infame del fujimorato; sin embargo, su vigencia cuida los privilegios de los nuevos corruptos y crea condiciones para el retorno de las redes corruptas, no en balde fracasaron los intentos por derogarlo en la legislatura última, e incluso modificarlo o elevarlo a norma legal dictada por el Congreso
Pareciera que persiste un pacto infame entre los que mantienen los poderes facticos, para conservar este cuestionado decreto como una herramienta que desvirtúa la institucionalidad democrática. Tampoco podría resultarnos extraño y casual que seamos el único país en el que se legaliza la impunidad de los funcionarios que desde aparato público son actores directos o están comprometidos con la corrupción, pero lamentablemente subsiste una norma que hace que el Estado, que en nombre de una supuesta legalidad burocrática financia con dinero de todos los peruanos la defensa de los corruptos.
