Lobbies de transgénicos tras nuevas normas sobre semillas

 

Un punto muy cuestionable es el cambio de la Autoridad en Semillas del Servicio Nacional de Seguridad Agraria (SENASA) al Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA), a partir del 1.° de enero del 2009. Siendo INIA un instituto productor de semillas, ¿cómo así será a la vez autoridad para emitir una opinión imparcial en materia de semillas, que implique certificar, autorizar o sancionar?

El INIA

El jefe del INIA es el señor Juan Rissi, personaje que es conocido por ser un directo interesado en el ingreso de los organismos modificados al Perú. ¿Cómo entonces puede ser autoridad competente en biotecnología y semillas? Sabiendo los estragos que causarían los transgénicos en el país resulta indispensable la mayor transparencia e imparcialidad, por lo que resulta extraño que se designe al INIA como autoridad.

Como antecedente tenemos que quienes prepararon estos cambios fueron el ex ministro de Agricultura, Ismael Benavides y su asesor Alexander Grohmman; y del decano del Colegio de Biólogos, Ernesto Bustamante. Estos tres personajes son abiertamente protransgénicos y defensores de Monsanto.

Tendríamos pues, que el INIA tranquilamente podría autorizar el ingreso de semillas transgénicas a nuestro país, además de promover la producción y difusión de transgénicos en el Perú.

El reglamento de semillas responde a una ley, la Ley 27262, modificada por DL 1080. En el hipotético caso de que mediante ley se declare al Perú libre de transgénicos, como muchas voces lo proponen, habría conflicto con esa ley, pues la autoridad de semillas tendría autonomía, a menos que se modifiquen las normas que regulan a la autoridad de semillas, sobre todo, que se deroguen o modifiquen estas últimas, que están preparadas sin siquiera un nivel técnico aceptable, según especialistas en la materia.

Monsanto es una transnacional con antecedentes cuestionables, pues en su propósito de obtener lucro no tiene escrúpulos en perjudicar a los agricultores, quienes serían casi unos siervos de esta transnacional, que ejerce monopolio en la venta de semillas.

Tampoco le importa el medio ambiente y el ser humano, pues está ampliamente comprobada la contaminación de los transgénicos en el agro e inclusive sus efectos adversos en insectos, aves y en la salud de los humanos, siendo el cáncer y las alergias las principales amenazas.

Delegación de funciones

Con las nuevas normas, el estado estaría abdicando de su función fiscalizadora en materia de semillas delegando sus facultades a terceros, públicos o privados, lo que abre el camino para que Monsanto ingrese creando una empresa que realice esas funciones, y ya sabemos qué clase de semillas autorizaría: transgénicas.

Lo más grave, y que ya parece increíble, es que el reglamento no precise cuáles son las funciones de la autoridad de semillas y cuáles son las funciones que puede delegar.

Las normas tampoco establecen exigencias técnicas y operativas aceptables a estas empresas para que operen. El estado debería velar por la superación de la calidad técnica, pero estas normas se proponen bajar el nivel técnico. Como diversos especialistas lo advierten, existe conflicto de intereses. Si la entidad pública o privada produce semillas, no debe constituirse en juez y parte para dictaminar en materia de semillas, lo que constituiría un grave conflicto de intereses.

Peligros para los agricultores y consumidores

Como si fuese poco, con el pretexto de la simplificación administrativa hasta se ha llegado a establecer la autorización automática para el registro de semillas, con cinco días de plazo para que opere el silencio administrativo. Un resultado hipotético sería la coima para exceder el plazo y así obtener la aprobación automática. ¿Dónde queda la responsabilidad de brindar semillas de calidad al agricultor, y quién responde por los daños le ocasionarían las semillas de mala calidad, sean o no transgénicas?

Por lo menos tengamos presente la experiencia de la India, donde por un problema de semillas se desató una ola de suicidios entre los agricultores arruinados. El príncipe Carlos culpó a las semillas transgénicas de estos hechos (ver: Príncipe Carlos: “culpo a los transgénicos por los suicidios de los agricultores”).

Resulta asombroso que el gobierno, que tanto habla de desarrollo, en lugar de dictar normas que mejoren la calidad técnica, tecnológica o científica, se dedique a destruir lo que se ha ganado, pues estas normas significan la precarización del control de semillas, con lo que nos colocaríamos a un nivel tribal: todo será aceptable, todo será posible, no interesa que los agricultores, el ambiente y los consumidores se perjudiquen, lo importante para el gobierno es facilitar a Monsanto su ingreso y permanencia en el Perú.

Las nuevas disposiciones parecen un elefante dispuesto a pisotear todo atisbo de ciencia, tecnología, calidad, responsabilidad, de ética, lo cual ha costado décadas construir.

El ministro Antonio Brack Egg declaró que se estudia declarar al Perú libre de transgénicos y la congresista Juana Huancahuari ya presentó un proyecto de ley respectivo, el cual esperemos que sea aprobado de urgencia, pues el gobierno está haciendo oídos sordos a los reclamos de los agricultores de diversas regiones y a la opinión de los especialistas.

Hemos visto cómo el mafioso Canaán se sentó a conversar en Palacio y estamos viendo la cadena de corrupción destapada. Por lo visto, el que Monsanto se haya sentado también a conversar con el Presidente en Palacio es un asunto que huele muy mal. ¿Todo empresario que llega a Palacio, puede obtener su ley, sin importar lo que suceda con el Perú y con los intereses de los peruanos?