Presentan proyecto de ley para desjudicializar procesos la ONP
El congresista Yonhy Lescano presentó un proyecto de Ley que tiene por objeto que el Estado, a través de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), se allane o transija en los juicios sobre pensiones en todos aquellos casos en los que resulten manifiestos los derechos de los demandantes.
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El congresista Yonhy Lescano presentó un proyecto de Ley que tiene por objeto que el Estado, a través de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), se allane o transija en los juicios sobre pensiones en todos aquellos casos en los que resulten manifiestos los derechos de los demandantes.
Si hacemos la sumatoria del número de los expedientes judiciales con el número de los expedientes administrativos pendientes de resolución nos encontramos con un resultado que en sí mismo da una clara visión de la grave situación que estamos describiendo: Tenemos que un mínimo de 200,385 personas o familias se encuentran privadas de contar con una pensión que por derecho les corresponde y que han adquirido gracias a su trabajo, debido a la ineficiencia de una entidad.
Para el congresista Yonhy Lescano la poca eficiencia de la ONP para resolver los procedimientos administrativos que tiene a su cargo conlleva a la judicialización de dichos procedimientos, que ocasiona no sólo un problema dentro de una entidad estatal, sino una grave crisis social que atenta contra el artículo 11.º de la Constitución Política del Perú, que establece que “el Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas.”
De ahí que el problema en el acceso a las pensiones de las personas que cotizaron para el sistema público se haya convertido en una violación constitucional que afecta a más de 200,000 personas.
Esta comisión estará integrada por cinco miembros, que pertenecen a sectores directamente involucrados con el tema, comola Defensoría del Pueblo, la ONP, la Presidencia del Consejo de Ministros, la Corte Suprema de Justicia y la Confederación Nacional de Pensionistas y Jubilados del Perú–CONADEPEN. Estará presidida por el representante de la Defensoría del Pueblo, puesto que ha sido esta entidad la que se ha preocupado por publicar un documento técnico que haga de conocimiento público el problema generado por la ineficiencia de la ONP.
La presencia en la Comisión Especial de la Presidencia del Consejo de Ministros encuentra su fundamento en el hecho de que es la entidad que preside y coordina con todo el poder ejecutivo y que a su vez se encargará de coordinar con el ministerio de Economía el tema de presupuesto, ya que, a pesar de que la ONP contempla un sistema solidario de pensiones, es el Estado el que financia un aproximado del 58% de cada pensión, por lo cual está directamente relacionado con el presupuesto a cargo de éste ministerio. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia debe estar presente por el hecho de que la desjudicialización de los expedientes pensionarios significan que su carga procesal disminuirá en un gran porcentaje.
Con relación a la exigencia de un número mínimo de expedientes contenida en el proyecto de ley, debe enfatizarse en las cifras que se han expuesto previamente, las cuales a la fecha deben haber superado los 110,000 procesos judiciales referidos a materia pensionaria; con un universo tan grande no se puede dejar el número de casos solucionados al arbitrio de la Comisión Especial, más aún cuando dichos procesos tienen como consecuencia el perjuicio económico de miles de familias peruanas, explicó el parlamentario.
Para el congresista Yonhy Lescano la poca eficiencia de la ONP para resolver los procedimientos administrativos que tiene a su cargo conlleva a la judicialización de dichos procedimientos, que ocasiona no sólo un problema dentro de una entidad estatal, sino una grave crisis social que atenta contra el artículo 11.º de la Constitución Política del Perú, que establece que “el Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas.”
De ahí que el problema en el acceso a las pensiones de las personas que cotizaron para el sistema público se haya convertido en una violación constitucional que afecta a más de 200,000 personas.
Esta comisión estará integrada por cinco miembros, que pertenecen a sectores directamente involucrados con el tema, comola Defensoría del Pueblo, la ONP, la Presidencia del Consejo de Ministros, la Corte Suprema de Justicia y la Confederación Nacional de Pensionistas y Jubilados del Perú–CONADEPEN. Estará presidida por el representante de la Defensoría del Pueblo, puesto que ha sido esta entidad la que se ha preocupado por publicar un documento técnico que haga de conocimiento público el problema generado por la ineficiencia de la ONP.
La presencia en la Comisión Especial de la Presidencia del Consejo de Ministros encuentra su fundamento en el hecho de que es la entidad que preside y coordina con todo el poder ejecutivo y que a su vez se encargará de coordinar con el ministerio de Economía el tema de presupuesto, ya que, a pesar de que la ONP contempla un sistema solidario de pensiones, es el Estado el que financia un aproximado del 58% de cada pensión, por lo cual está directamente relacionado con el presupuesto a cargo de éste ministerio. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia debe estar presente por el hecho de que la desjudicialización de los expedientes pensionarios significan que su carga procesal disminuirá en un gran porcentaje.
Con relación a la exigencia de un número mínimo de expedientes contenida en el proyecto de ley, debe enfatizarse en las cifras que se han expuesto previamente, las cuales a la fecha deben haber superado los 110,000 procesos judiciales referidos a materia pensionaria; con un universo tan grande no se puede dejar el número de casos solucionados al arbitrio de la Comisión Especial, más aún cuando dichos procesos tienen como consecuencia el perjuicio económico de miles de familias peruanas, explicó el parlamentario.
