Raúl Wiener
La corrupción policial es una de las claves de la inseguridad ciudadana. El caso del coronel Montesinos denunciado en Chiclayo y el Callao muestra hasta dónde puede llegar el problema.
El diario La República, Región Norte, del 16 de enero del 2014, informa que el fiscal provincial de Chiclayo, José Céspedes García, solicitó al Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo de la jueza Yolanda Gil Ludeña, la prórroga del plazo de investigación contra 22 policías (oficiales y suboficiales) implicados en el proceso contra el clan de drogas denominado “Caycay”, por el delito de corrupción de funcionarios.
Los agentes policiales entre los que destacan dos coroneles, Luis Alberto Montesinos Valverde y Benedicto Yáñez Untiveros, un mayor, tres capitanes y 16 suboficiales, están acusados de haber brindado información telefónica sobre operativos y medidas cautelares dirigidas hacia la organización criminal (según se prueba con diversos audios grabados) y de haberles hecho requerimientos de dinero para cuentas bancarias del Banco de la Nación a nombre del coronel Montesinos.
Las pesquisas sobre estos hechos datan del año 2011, y en la carpeta fiscal Nº 11-2012-2ºFPPC-Chiclayo, referida específicamente al coronel Montesinos Valverde, ordenando abrir investigación, se puede leer: “los investigados Luis Alberto Montesinos Valverde… habrían desplegado conductas que lindan con delitos de corrupción de funcionarios y contra la administración de justicia… toda vez que el informar a personas involucradas por el delito de tráfico de drogas… a cambio de una ventaja económica o cualquier otra ventaja, tanto más que por su función están obligados a combatir el tráfico de drogas, han incumplido sus obligaciones de combatir el delito de TID.”
Lo más extraño de esta historia es que desde 2012 el coronel Montesinos Valverde ya no está en Chiclayo y sus jefes no tomaron ninguna medida sobre su actuación en este caso, y prefirieron encargarle la DIVINCRI (Investigación Criminal) del Callao, donde también ha hecho noticia, a su manera. Justamente en diciembre del 2013, cuando el fiscal Céspedes de Chiclayo pedía más tiempo para investigarlo, la Inspectoría General de la Policía pasaba a la disponibilidad al segundo de Montesinos, comandante José Antonio Santillán Pérez, dos mayores y cinco suboficiales, por secuestro, detención arbitraria y falsa acusación de extorsión contra el propietario de un terreno y seis vigilantes para facilitar la apropiación ilícita de 43 mil metros cuadrados de un lote de uso urbano.
Inspectoría también investigó al coronel Montesinos al que absolvió de toda responsabilidad, a pesar que fueron unidades a su cargo las que intervinieron en el caso y no una vez sino en dos ocasiones en el lapso de tres meses y sin que por responsabilidad de función les tocara encargarse de un asunto de disputa de terrenos que corresponde a los policías que ven asuntos de patrimonio. Alguien, pareciera estar digitando una protección a un oficial que tiene una especial predilección por aparecer ligado casos en los que elementos de la policía mantienen retorcidos vínculos con los que cometen los delitos.
Por si lo dicho fuera poco, se sabe que el coronel de marras ha sido transferido a la jefatura de personal del Callao, desde donde podrá determinar los movimientos de personal en una zona de alta incidencia de grupos delincuenciales y de marcada corrupción en las instituciones policiales. Con sus antecedentes, a quién se le habrá ocurrido ponerlo donde está.
19.05.14
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