Una nueva ley universitaria concertada debe buscar el mejoramiento de la calidad educativa y responder a la demanda de empleabilidad. El aseguramiento de la calidad implica un trabajo concertado de supervisión sin intervencionismo
En un escenario de debate sobre la implicancia de una nueva ley universitaria en el país, el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Comercio de Lima, Idel Vexler, reafirmó su posición sobre la necesidad de contar con una nueva ley, concertada, que no implique crear más burocracia y que permita avanzar hacia un sistema universitario de clase internacional.
Agregó que se debe asegurar la formación de egresados de calidad y con alta empleabilidad en el mercado profesional. Una nueva ley debe buscar el mejoramiento de la calidad para forma profesionales competentes, es decir eficientes y éticos. “Urge reformular la oferta de profesiones universitarias que responda a las demandas del mercado laboral, al crecimiento, a una nueva ciudadanía y al fortalecimiento de la democracia” dijo Idel Vexler, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Comercio de Lima.
Precisó que una nueva ley debe fomentar la buena gobernanza para que se elijan autoridades con solvencia técnica, académica y moral; que permita la generación del talento para que las universidades tengan profesores e investigadores con estándares internacionales y bien remunerados y, desde luego, que accedan recursos suficientes como infraestructura, laboratorios, bibliotecas y conectividad internacional.
Reiteró que debe fortalecerse el sistema de acreditación de la calidad de las universidades. Y que ésta debe ser obligatoria para todas las carreras. Además, las universidades que no se acrediten en un tiempo prudencial, no deberían extender un título profesional a nombre de la nación.
El presidente de la Comisión de Educación señaló que la CCL está a favor de un mecanismo de supervisión concertado, que no sea un organismo controlista ni intervencionista de la gestión universitaria, que pudiera afectar la autonomía, la libertad de enseñanza y la iniciativa privada en educación. “La superintendencia que crea el proyecto en debate no está en línea con estos postulados”, precisó.
