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El gobierno, mediante decreto supremo, aprobó hoy la desjudicialización de miles de demandas presentadas contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), que en total alcanzan a 105 mil pensionistas.
El anuncio, esperado por largos años por los jubilados, se oficializó en ceremonia este mediodía en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno, para lo cual fueron invitados cientos de jubilados que aplaudieron la medida.
El Presidente de la República, con los ministros de Economía y Justicia el presidente del Poder Judicial, Francisco Távara, y el presidente electo de ese poder, Javier Villa Stein, además del el jefe de la ONP, Luis Chirinos, suscribieron el documento.
“Esto es un gran esfuerzo que hace el gobierno y un acto de justicia social con los jubilados”, señaló el mandatario, quien agregó que el pago de estos devengados servirán para activar la demanda interna, pues los jubilados gastarán el monto que se les otorga creando demanda.
Según las cifras oficiales, los beneficiados son 105 mil 425 pensionistas, que en adelante podrán cobrar sus devengados, que suman en total 935 millones de soles.
García añadió que se va a nivelar las pensiones a un grupo ellos, al monto mínimo que establece la Ley 23908, lo que demandará un monto adicional de 49 millones de soles.
El Presidente aseguró que el ministerio de Economía y Finanzas ha asegurado los recursos correspondientes a la ONP, que finalmente establecerá el cronograma de pagos.
Sin embargo, habrá plazos diferenciados, que todavía no se publican, pues empezarán por las personas de mayor edad, a partir de 75 años.
Otro beneficio que destacó García es la disminución de la carga procesal del Poder Judicial. Consideró insensato que la ONP haya estado contratando abogados para defenderse de los jubilados.
Agregó que actualmente existen 35 mil causas judiciales contra el ONP y podría subir a 105 mil si todos los jubilados toman la misma acción.
Precisó que al allanarse la ONP en estos juicios y reconocer el derechos de todos los jubilados, se produce una disminución de las causas y expedientes, lo que permitirá al Poder Judicial dedicarse a otros procesos.
