La situación en la Universidad Garcilaso de la Vega se ha tornado violenta e insólita. Ayer el nuevo rector nombrado por la Asamblea Nacional de Rectores, para intervenir a dicha casa de estudios, no pudo ingresar, pues los locales están capturados por la mafia relacionada con el denunciado exrector Luis Cervantes.
El profesor Lucas Lavado advirtió en varios medios que las actuales autoridades están destruyendo documentación clave para investigación de la comisión interventora de la ANR. Como se sabe, Cervantes y sus allegados habrían perpetrado diversos delitos, pero sospechosamente, siendo el caso un escándalo público y notorio, la Fiscalía no ejerce su función de prevención del delito,
Cuando el nuevo rector pidió ingresar, una voz por el intercomunicador, de la potería, se negó permitirle el ingreso. Ante su insistencia cortó.
Habría que preguntarse: ¿qué hacían tantos policías custodiando la entreda a esta universidad? ¿Por qué se fueron cuando llegó la prensa?
¿Por qué la Sunat no ha fiscalizado a esta casa de estudios para determinar la existencia de delitos tributarios por millones de soles? ¿Cómo así acosan a pequeños negocios por unos pocos soles? Esta universidad goza de exoneraciones millonarias (aproximadamente un 40% de sus ingresos), que en lugar de ir a parar al erario nacional van a enriquecer a unos pocos.
Todo esto es muy sospechoso, y mientras nadie hace nada, se podría cumplir la advertencia de Lavado, de que se está quemando documentación, se están haciendo pagos y se están cobrando sueldos, como explicó en RPP.
Supongamos que la inacción viniese efectivamente de la ANR, la Fiscalía tiene facultades para intervenir, así como la Sunat. ¿Así se quiere “luchar” contra la corrupción?
Como se sabe, las investigaciones contra Cervantes se inicaron por las denuncias del catedrático Lavado, así se reveló que Cervantes ganaba S/.2 millones mensuales y en pocos años habría percibido S/.83 millones.
Lavado instó el apoyo del Ministerio del Interior y del Ministerio Público para que apoyen la labor de la comisión interventora para que se esclarezca las diversas irregularidades denunciadas desde el año 2012 en ese centro de estudios superiores, pero parece que más bien se quiere proteger a Cervantes.
