La situación en el lote 192 se tensa. Más de 380 indígenas achuares de la cuenca del Río Corrientes (de la comunidad de Pampa Hermosa) han tomado, desde el lunes por la noche, la base de Jibarito, paralizando la producción petrolífera de 14 pozos, ocasionando la pérdida de producción de 3.100 barriles por día, según informaciones de Pluspetrol.
Carlos Sandi, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (Feconaco), alerta de la presencia de efectivos de la DINOES en la base. “No queremos que suceda nada lamentable, queremos que se instale lo más pronto posible una Mesa de Diálogo para poder tratar las demandas, en la que participen el Alto Comisionado del Estado, de la empresa, Defensoría del Pueblo, comunidades y organizaciones”.
“Tenemos preocupación porque se pueda hacer un uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias o algún tipo de violación a los derechos de los pueblos indígenas”, alerta por su parte Ismael Vega, antropólogo del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).
La comunidad de la cuenca del Río Corrientes reclama, entre otros pedidos, el pago por el uso de sus tierras. Afirman que desde hace tres meses, Pluspetrol estuvo pagando compensaciones a otras comunidades vecinas de Pampa Hermosa, ubicadas en el interior del lote, sin embargo, se niegan a pagar a la comunidad movilizada.
Por su parte, Pluspetrol afirma en un comunicado de prensa, que a las otras nueves comunidades sí les corresponde “ya que tienen en sus territorios instalaciones petroleras y están dentro de la zona de influencia de la empresa”. Sandi afirma que la comunidad de Pampa Hermosa es parte del área de influencia.
Respecto a ello, Ismael Vega afirma que hay que tomar en cuenta la forma de entender el territorio por parte de los pueblos amazónicos, la cual es diferente de la occidental, delimitado a un espacio con medidas específicas. “La forma de cultivo, de alimentación requiere de vastos espacios que incluyen bosques y ríos, porque sin este territorio básico es difícil que las comunidades amazónicas puedan vivir de acuerdo a su cosmovisión”.
25 días de movilización en la cuenca del Tigre
Desde hace casi un mes los pobladores de la cuenca del Tigre reclaman, entre otras medidas, una “justa compensación” por el uso de los territorios para la explotación petrolífera por parte de Pluspetrol. En un comunicado de prensa, denuncian el ofrecimiento de un pago “irrisorio”, sin estudios de valorización económica de por medio”. Sin embargo, la empresa afirma en el comunicado que no le corresponde este pago, por la misma razón que en el caso de Corrientes, es decir, por no estar dentro de la zona de influencia de la empresa.
Desde hace una semana, se han endurecido las medidas de protesta de las comunidades con el cierre del río, por lo que al menos ocho embarcaciones se encuentran retenidas al no poder surcar el río. Las comunidades del Tigre piden que la premier Ana Jara se traslade a la zona para escuchar sus demandas, y la conformación de una Comisión de Alto Nivel para atender sus demandas.
Más de 40 años de explotación petrolífera
“Estas medidas de fuerza por parte de las organizaciones indígenas se producen ante la inaceptable postergación de soluciones que el Estado viene mostrando en este proceso de negociación y de diálogo que, desde el año 2012, comenzó con las organizaciones indígenas”, explica Ismael Vega, también coordinador del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Hay que tener en cuenta que, la semana pasada finalizó una reunión celebrada en Iquitos por la Comisión de Alto Nivel designada por el Ejecutivo con representantes de las comunidades de las cuencas Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón para concretar acuerdos y propuestas, como parte de la Comisión Multisectorial creada en 2012. Tras la reunión, se siguió sin llegarse a acuerdos sobre la titulación de tierras y el pago por servidumbre petrolera entre el Ejecutivo y las comunidades.
“El país se ha beneficiado de más de 40 años de explotación petrolífera. Sin embargo, nosotros vivimos en la pobreza, el Estado no ha invertido en educación ni salud. La empresa viene contaminando los bosques y ríos. La población sigue consumiendo agua y alimentos contaminados”, denuncia Sandi.
Así lo documentan además diversos informes estatales realizados por Osinergmin, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) o la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) que alertan de la presencia de metales pesados como el bario o el plomo, y de hidrocarburos totales de petróleo en altas concentraciones.
Las comunidades indígenas de las cuatro cuencas demandan indemnización por los daños sociales y ambientales producidos, compensación por el uso de sus tierras, depuración de los lugares contaminados, elaboración de diagnósticos integrales para dar solución a los problemas de la zona y titulación de los territorios, además de la celebración de la consulta previa.
“De acuerdo a lo que señala el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, estas comunidades tienen derecho a ser compensados, indemnizados y a una reparación ambiental por los daños producidos. De modo que no son demandas fruto del capricho, sino producto de convenios e instrumentos internacionales”, comenta el antropólogo.
Sin embargo, “El Estado no ha tenido capacidad para resolver las demandas planteadas, y tampoco ha mostrado voluntad política, pese a la voluntad de diálogo de las comunidades”, explica Vega.
A contrarreloj para realizar consulta previa
Este caso es emblemático pues fue el primer lote donde el Ejecutivo anunció que celebraría la consulta previa en agosto de 2012, por ser un caso complejo con pasivos ambientales que afectan a las comunidades indígenas desde hace más de cuarenta años, y porque de este lote se extrae el 11,7% del crudo nacional. Todavía no se ha iniciado el proceso de licitación del lote, y el contrato de Pluspetrol vence en agosto de este año, y para esa fecha ya debería haberse celebrado la consulta. Tal es así, que una fuente cercana del gobierno afirmaba que el caso está en una fase crítica, pues el período que dura el proceso (convocatoria de consulta previa, organización del proceso de licitación y convenios que debe establecer el ganador de la licitación además de formalización de contratos) está calculado entre 20 a 25 meses, cuando la concesión vence en siete meses.
Ismael Vega considera que “el Estado está demostrando que está más preocupado por hacer la licitación que por implementar el derecho a la consulta previa. Lo cual sería bastante peligroso porque estaría violando el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados”. Hay que recordar que el Estado Peruano ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como promulgó la ley del Derecho a la Consulta Previa.
“Los plazos se vencen, el proceso de consulta está en riesgo, y las medidas de fuerza de las organizaciones indígenas pueden incrementarse, y producirse una escalada muy peligrosa de conflicto”, reflexiona el antropólogo.
Poder Judicial adopta medidas para garantizar que el servicio de justicia no se interrumpa
Caso “Baguazo” no se suspenderá durante vacaciones judiciales
La Corte Superior de Justicia de Amazonas informó que las audiencias del denominado Caso ‘Baguazo’ no se suspenderán durante las vacaciones judiciales de febrero, pues la Sala Penal Liquidadora, a cargo de este proceso, trabajará con normalidad.
Dicho tribunal funcionará como uno de los órganos jurisdiccionales de “emergencia” dispuestos para atender no solo los casos de su competencia, sino también las materias “urgentes” de los juzgados y salas que saldrán de vacaciones del 1 de febrero al 2 de marzo.
En ese sentido, la mencionada sala, integrada por los jueces Gonzalo Zabarburú (presidente), Norberto Cabrera y Enrique Montenegro, programó para el mes de febrero cuatro audiencias por el Caso “Baguazo”, en las cuales se tomará las declaraciones de más testigos.
Cabe resaltar que, en total, la Corte de Amazonas dispuso el funcionamiento de 21 órganos jurisdiccionales de “emergencia”, los cuales atenderán solicitudes de hábeas corpus, liberación de reos, apelación de mandato de detención, entre otros.
Diario 16, 30.01.2015
