Desco Opina
La derogatoria de la denominada «Ley Pulpín» no es otra cosa que el resultado de un ciclo caracterizado por la actuación de un Presidente sin brújula y por tanto, sin «hoja de ruta», cuya impericia e ineptitud política han contribuido decisivamente a agravar y crispar la tensión que se vive en la escena oficial en estas semanas.
El escándalo en torno a la comisión López Meneses, la fuga de Martín Belaúnde, los supuestos seguimientos/reglajes de la DINI y la «Ley Pulpín» son parte del mismo «paquete»: un gobierno atravesado por la poca transparencia en sus decisiones, la incompetencia y la corrupción imperante en algunos de sus sectores, así como la presencia de distintos discursos y estilos en sus diversos «voceros».
La torpeza mostrada es tal, que por momentos parece deliberada. Quien busque explicar esto en función de la inteligencia de los autores, sólo está mirando una pequeña parcela del problema; la explicación mayor se encuentra en la ausencia de una mirada política, reemplazada por los lentes de una tecnocracia enceguecida y la instalación de una lógica casi militar para abordar los problemas. A fin de cuentas, el presidente Humala es un militar que mira la escena nacional desde esa óptica, rodeado, además, de asesores que parecen provenir casi todos de ese estamento. No hay otra forma de entender la miopía para forjar alianzas, el desempeño del Ministro del Interior y las arrogantes declaraciones de muchas de sus «figuras» invitando a los potenciales disidentes a abandonar la bancada nacionalista.
El resultado de todo esto no puede ser peor, no sólo para el gobierno sino para el país: políticos fujimoristas y apristas, con un pasado oscuro en materia de derechos humanos, trayectoria democrática, pero también en el manejo de los recursos públicos, aprovechan los errores del Presidente y su entorno para blanquear su pasado y fungir de moralizadores y defensores del estado de derecho. Un gobierno cada vez más aislado, sin horizontes y sin voluntad ni capacidad para hacer nada mínimamente diferente a lo que proponen los tecnócratas neoliberales que ocupan los puestos claves en el MEF y otros sectores, es el menú más probable para los próximos 18 meses que restan antes de la transferencia.
La situación se parece cada vez más a los momentos críticos del gobierno de Alejandro Toledo en su ineptitud y aislamiento, aunque con una diferencia no menor: aunque el Presidente Humala no registra tan bajos niveles de aprobación, aparece sí más precario institucionalmente, con un gabinete más débil y sin operadores políticos comparables a los que tuvo el ex presidente Toledo (Carlos Ferrero, Luis Solari, Luis Thais o Juan Sheput). La crisis reciente ha sido particularmente grave para el nacionalismo en la medida en que ha afectado a su núcleo duro, que se ha mostrado dividido en torno a la «Ley Pulpín»; hoy, distintos indicios muestran que un grupo de sus congresistas parece dispuesto a abandonar el barco en cualquier momento, aumentando la sensación de desbande que ya empieza a acentuarse.
La derogatoria de la «Ley Pulpín» es políticamente importante por cuanto significa el cuestionamiento de una medida típicamente neoliberal, que planteaba eliminar los «sobrecostos laborales» como un mecanismo para retomar el crecimiento, suprimiendo en la práctica una serie de derechos laborales que, desde esta óptica, son vistos como privilegios. Los tecnócratas del gobierno han sido duramente golpeados y no deja de ser paradójico que el Presidente Humala, quien como se recuerda, fue candidato con un programa al que difícilmente podría considerársele neoliberal, haya hecho de la aprobación de esta ley una cuestión de estado, eligiendo dar una batalla con un empecinamiento que no se le conoció en años anteriores.
En estas condiciones, las perspectivas para el año 2015 aparecen bastante inciertas y complicadas; el debilitamiento de su bancada y las crecientes dificultades para generar alianzas, le dificultarán al gobierno el control del Congreso y la aprobación de sus iniciativas. En la escena social, la medida adoptada por el Ministerio de Energía y Minas para facilitar las inversiones mineras, recortando funciones a las asambleas comunales, la aprobación del EIA de Tía María para desarrollar el proyecto en una zona donde los alcaldes recién elegidos levantan una plataforma claramente crítica al proyecto y a la empresa involucrada, son indudablemente nubarrones negros en el horizonte, que obligarán a una salida negociada, para la que el gobierno muestra poca o ninguna disposición. La incertidumbre de la economía internacional es otro de los grandes problemas para un país esencialmente primario exportador, aunque el ministro Segura, que en cualquier democracia seria renunciaría tras el fracaso de la Ley Pulpín, insista en que nuestro paso al primer mundo es cuestión de pocos años.
En ese marco, una política razonable y democrática para un mandatario y un gobierno crecientemente aislados, sería una apertura hacia el diálogo político y social. Sin embargo, la poca destreza y voluntad políticas demostradas hasta la fecha, el mencionado estilo militar y la falta de rumbo, no dan motivos para el optimismo.
30.01.2015
