Notaría Gonzales Loli debe ser investigada, así como el juez y la Sunarp
El flamante “Defensor” del Pueblo, Wálter Gutiérrez, ha sido acusado de perpetrar una millonaria estafa inmobiliaria al mismo estilo de la delincuencial mafia de Rodolfo Orellana, para despojar de una casa en San Isidro a un ciudadano.
El contundente informe fue publicado por el semanario Hildebrandt en sus 13, que detalla que Gutiérrez compró con dolo un inmueble que estaba en condición de prenda de una deuda por US$850,000, hecho que merece también una investigación urgente a la notaría Gonzales Loli, que consumó la venta pese a existir la prenda, al igual que la Sunarp, que registró la opración, que tenía un impedimento evidente.
El agraviado, ingeniero Víctor Canani Larco, acusó a Gutiérrez de haber “intervenido activamente en una clara operación delincuencial, en una estafa bajo la modalidad de fraude procesal” contra él.
La denuncia se encuentra en el Poder Judicial. En agosto del 2015, el Sétimo Juzgado Comercial de Lima falló en beneficio de Canani y ordenó el remate de una vivienda ubicada en la avenida Salaverry, San Isidro, que está hipotecada a favor de Canani desde el año 2012.
“Se burla del Poder Judicial y no acata la sentencia y se resiste a cancelar la suma de 850,000 dólares que, mediante escritura pública, él mismo se comprometió a pagar”, advierte Canani, “Me hizo el perro muerto y ha utilizado su poder para obstruir a la justicia con el objeto de no pagarme esa deuda”, añadió.
Canani relata que fue ingenuo al conceder un préstamo a Fernando Bayona y su esposa Lucy Meléndez, quienes hipotecaron la vivienda de Salaverry en calidad de garantía, para un presunto negocio minero que pretendían emprender con ese dinero.
Dicha pareja hipotecó la residencia de San Isidro hasta por 2`231,550.00 soles, operación que fue inscrita en la partida N.º 49019412 de los Registros Públicos de Lima y se estableció un cronograma de pagos a Canani.
Los deudores nunca pagaron a Canani, por lo cual éste demandó el remate de la propiedad para cobrar. En respuesta, Walter Gutiérrez interviene para despojar de la casa a Canani y compra el inmueble como si se tratara de un bien “libre”. Es decir, “Gutiérrez se hizo de la propiedad sabiendo que estaba hipotecada”. Lo grave es que una notaría haya avalado la venta, cuando debía haber consentimiento del acreedor, Canani, para ello. Lo hicieron en las sombras.
El 5 de mayo de 2014, la última instancia del Poder Judicial ordenó ejecutar el embargo para pagarle a Canani; sin embargo, Gutiérrez se presentó como “tercero legitimado” para no pagar los 850 mil dólares adeudados a Canani y, no contento con eso, interpuso acciones legales contra el embargo de la propiedad.
El juez
El “Defensor” del Pueblo tachó a los peritos contables y observó las tasaciones de la residencia hipotecada. “Fue así, de forma irregular y prevaricadora, que Gutiérrez logró que la segunda sala Comercial cambie de opinión y reduzca la deuda establecida”, denuncia Canani. Tenemos pues, presuntamente a un juez prevaricador.
