Con total desparpajo, pese a que diversos expertos recomendaron renegociar el contrato del peaje de Rutas de Lima, el alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio salió enfático a defender los intereses de los ladrones de Odebrecht esgrimiendo el argumento preferido de los mermeleros, esto es: quieren hacer creer que los contratos con empresas extranjeras son más intocables que la Biblia y que no se puede tocar ni una letra.
Estos defensores de las empresas corruptas siempre dicen esto en coro, cuando en todo el mundo todo contrato es renegociable por ambas partes. Es más, Castañeda mismo ha modificado varias veces contratos, pero siempre para favorecer a las empresas. Pero los lobistas siempre manipulan a la opinión pública haciendo temer que por los cambios de contrato se puede “espantar” la inversión extranjera.
Hay que tener en cuenta que tras el escándalo de Odebrecht, otros países no solo que han anulado contratos, sino que han expelido de regreso a Brasil a esta empresa corrupta. Rutas de Lima no es sólo de Odebrecht, pero debe analizarse si se la puede expulsar del país.
Seguidamente protegió a la empresa dando una solución cantinflesca para calmar el conflicto social encendido en ese distrito por el injusto y abusivo cobro de S/ 10 para salir e ingresar de su distrito. Para Castañeda basta con bajar el IGV y no retirar esas casetas, pues deberían estar en la frontera de la provincia de Lima, no dentro.
Es decir, para el Alcalde de Lima Rutas de Lima (de Odebrecht y otras empresas) debe seguir oprimiendo con los cobros a los ciudadanos reduciendo tan solo unos céntimos y recortar al Estado sus ingresos por IGV y ni un sol a Rutas de Lima
En los estándares internacionales se suele considerar que una ruta de peaje deba tener más de 100 kilómetros para sustentar una cobranza por derecho de paso, esto es equivalente a algo menos de la longitud de la provincia de Lima en su parte más larga, que va desde Pucusana hasta Ancón. Si hubiese equidad, los peajes deberían estar instalados en estos límites.
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