Rechazan venta de terrenos a Chile en la zona fronteriza

Especialistas opinan que es un error que empresas chilenas adquieran propiedades cuando aún no se soluciona el tema del triángulo terrestre.

“Si bien a algunos tacneños les interesa que se concrete esta venta, al final los va a perjudicar”, afirma Fernando Grau Umlauff.

PPK planteó dar una excepción dentro del artículo 71 de la Constitución “a fin de promover las inversiones en la ciudad de Tacna”.

Un error. Así calificó el exministro de Defensa Roberto Chiabra a la Resolución Ministerial N.^o 334-2017, del Ministerio de la Producción, que autoriza a empresas de capital chileno la compra de 100 mil metros cuadrados dentro de los 50 kilómetros de zona de frontera en Tacna.

“No se debe dar ninguna autorización, más aún cuando hay un tema pendiente como es el Punto Concordia, que es lo que nos debe preocupar y llamar la atención. ¿Cómo puede Produce autorizar una inversión en esta área, que además está prohibido por la Constitución, cuando no se han resuelto todos los problemas?”, señaló Chiabra.

Para el general EP en situación de retiro, la Constitución del Perú señala claramente, en su artículo 71, que las empresas extranjeras no pueden poseer terrenos en los 50 kilómetros de frontera, salvo que sea de necesidad pública, hecho que no ocurre con la venta de estos terrenos para la construcción de dos centros comerciales.

“El mayor error, más que la resolución ministerial de Produce, ha sido el de la Cancillería, que generó un gabinete binacional cuando hay una situación de integridad territorial que no se ha solucionado. ¿Tan difícil se les hace a los chilenos reconocer que el Punto Concordia es el inicio de la frontera terrestre? ¿Y tan difícil es que Cancillería pueda solucionar este tema? Cómo es posible que continuemos con el cuento de las cuerdas separadas”, enfatizó el también exjefe del Ejército.

Peligrosa ingenuidad

En la resolución emitida por el Ministerio de la Producción se sostiene que tanto Aventura Plaza como Open Plaza (que buscan mantener un inmueble dentro de estos 50 km de frontera) son empresas peruanas. Pero lo cierto es que Open Plaza S.A. —antes Malls Perú— pertenece al grupo Falabella, el cual, como todos saben, es una transnacional chilena. Lo propio ocurre con Aventura Plaza S.A., que fue constituida en 2006, y forma parte de los grupos Falabella y Ripley.

Por eso, para el Grupo Basadre, ceder en propiedad 100 mil metros cuadrados de territorio peruano en la frontera a estas empresas revela una ingenuidad política gigantesca y peligrosa para la integridad nacional. Más aún, si se olvida que en 1879 las salitreras en territorio boliviano eran propiedad de chilenos e ingleses y constituyeron la causa inmediata de la guerra contra el Perú.

“Creo que es un error permitir que capitales privados chilenos formen un enclave extranjero muy cerca de la frontera. Creo que debió darse una licitación nacional o internacional u ofertarse a capitales peruanos. [Produce] debió tomar este asunto con calma y no dejar solo 30 días para opinar”, indicó el presidente de esta organización, Fernando Grau Umlauff, quien consideró que la venta de estos predios vulneraría nuestra seguridad fronteriza, más aún si se toma en cuenta el total descuido existente en todas las fronteras peruanas.

Produce, por su parte, aseguró que la construcción de estos centros comerciales va a generar dos mil empleos en la etapa de construcción y al menos la contratación de 5,500 trabajadores en la etapa de operación a través de la instalación de tiendas.

Es más, precisó que las ventas en el primer año de ejecución alcanzarán los 271.5 millones de soles, lo que significaría una recaudación 46.2 millones de soles por concepto de Impuesto General a las Ventas (IGV) y de 22.7 millones de soles por concepto de Impuesto a la Renta (IR) por tercera categoría (empresas), montos que representan una importante recaudación tributaria de la región Tacna.

Sin embargo, para el presidente del Grupo Basadre, la supuesta ventaja del incremento de la oferta de bienes y servicios a precios accesibles a la población no tiene sentido, porque nadie puede asegurar que esto ocurra.

Así mismo, dijo que el establecimiento de megacentros comerciales en Tacna solo causará desprotección a los negocios actuales y, a la larga, habrá más de 80 mil desocupados, mientras que los pobladores de la zona terminarán pagando más impuestos.

“Si bien a algunos tacneños les interesa que se concrete esta venta, al final los va a terminar perjudicando. Todo lo que se gane en la frontera se va a revertir a Chile, ya que las utilidades producidas por ellos son derivadas a empresas de ese país. Además, van a tener problemas de desocupación masiva, ya que la gente se va a ir a Arica porque hay más desarrollo”, aseguró.

Por eso, Grau Umlauff indicó que es indispensable que en este caso se pronuncie el Centro de Planeamiento Estratégico (Ceplan), cuyos estudios relacionados con la zona sur peruana serían de mucha utilidad en esta discusión.

“La legislación peruana que promueve la inversión privada no puede pasar por encima de los intereses del país. Ceplan tiene una visión clara de esta problemática, pero no les dan los medios necesarios para desarrollar los planes que tienen previstos”, declaró.

En pie de guerra

El Gobierno Regional de Tacna emitió un comunicado respaldando la resolución de Produce e incluso declaró de “interés nacional y de necesidad pública” el arribo de inversiones privadas en actividades comerciales. De acuerdo al comunicado, esta posición defiende su derecho al desarrollo económico de la región.

Sin embargo, el consejero regional Santos Pablo Agama rechazó esta posición y aseguró que, por unanimidad, el consejo regional se ha opuesto a que se instalen estas compañías dentro de los 50 kilómetros de la frontera.

“Cómo va a ser necesidad pública poner dos ‘malls’. Esta resolución es inconstitucional. Tenemos un equipo de abogados que señala que no puede ser que un decreto supremo esté por encima de la Constitución”, aseveró.

De acuerdo a Pablo Agama, esta resolución ministerial perjudicará a los pequeños comerciantes, que no van a poder competir con gigantes transnacionales. Por eso, alistan una movilización regional como protesta a esta medida.

“Esto no se puede imponer, aquí va a haber un problema social. Nosotros ya estábamos muy molestos por el fallo de La Haya, no tenemos las 200 millas, usted llega al distrito de Los Palos y no puede pisar el agua porque ya es chilena, sin contar con el triángulo terrestre del que Chile arbitrariamente ya se está apoderando”, afirmó.

El consejero dijo que se ha formado un Comité de Defensa dentro de los 50 km de frontera que va a hacer respetar la Constitución y su territorio, puesto que esta región, a diferencia de otras, “sufrió 50 años de cautiverio y su libertad costó sangre”.

“Lo que se quiere es favorecer a las empresas chilenas, posiblemente están imponiéndolas en las reuniones que tiene el presidente de la República con la mandataria de Chile. Nosotros vamos a evitar que esto suceda, el pueblo de Tacna se está organizando. El respaldo solo es del gobernador regional; del alcalde provincial, que tiene dos nacionalidades, la peruana y la chilena; y de la Cámara de Comercio que no representa ni a 200 personas”, dijo.

Consejo regional patriótico

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Tacna emitió, en mayo pasado, un acuerdo en el que respaldan la vigencia del artículo 71 de la Constitución, que señala que dentro de los 50 kilómetros de frontera “los extranjeros no pueden adquirir ni poseer por título alguno minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa o indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido”.

Y es que para ellos, como para otros analistas, la supuesta mayor oferta de servicios, así como los posibles puestos de trabajo, no constituyen una justificación para permitir que empresas chilenas se hagan de 100 mil metros cuadrados en la frontera tacneña, más aún si se toma en cuenta la desventaja que significa para la seguridad nacional.

“El argumento del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de que las propiedades no están situadas en áreas en las cuales se ejercitan operaciones y acciones militares no es justificación válida, ya que los 50 kilómetros de frontera abarcan el total de la misma y no están sujetas a escogimiento según el lugar de operaciones militares”, sostuvo el Grupo Basadre.