Pese a que constantemente la señora K dice que ella siempre acude a toda citación de las autoridades, esta vez se ella y su cónyuge se escondieron y no dieron cara en la audiencia de la Fiscalía a la cual fueron citados para declarar por dos casos de lavado de activos relacionados con las millonarias precoimas que los ladrones Odebrecht admitieron haber entregado para sus campañas presidenciales.
Keiko Fujimori, cabeza de su partido Fuerza Popular, y su esposo Mark Vitto se negaron a presentarse ante el fiscal José Pérez Gómez en los casos “Falsos Aportantes 2011” y “Cocteles 2011-2016”. Ellos son sospechosos de haber perpetrado delitos de lavado de activos.
Como se sabe, en torno a este caso, existe una casación admitida por el juez César Hinostroza, a quien en los audios del escándalo de corrupción judicial se le escucha mencionar a la "señora K" de "fuerza número uno", alusión entendidad por toda la ciudadanía como a Keiko Fujimori.
Escapó a Ica y pretenden imponer fecha a la Fiscalía
Como se sabe, a una citación fiscal o judicial, un ciudadano sólo puede dejar de asistir por razones de fuerza mayor, como podrían ser una enfermedad grave súbita o la muerte de un familiar directo, pero la señora K , zurrándose en la justicia, Fujimori improvisó un viaje a Ica, donde estuvo con sus incondicionales con el pretexto de las próximas elecciones regionales y municipales, por lo cual tampoco asisitirá a la citación de hoy. Parece que tiene bastante miedo de las evidencias.
La abogada de Fujimori, Giuliana Loza, solicitó al fiscal Pérez Gómez que fije una nueva fecha para su declaración, y como si la Fiscalía estuviese a sus órdenes, dijo que “debe ser” ser después de la segunda quincena de octubre, siempre con el pretexto de sus actividades políticas, pero no explicó las razones por las cuales su cónyuge tampoco quiso asisitr.
Es decir, se trata de un caso de obstrucción a la justicia.
El fiscal Pérez Gómez determinó en los reportes de Fuerza Popular a la ONPE, 15 nombres de personas que, sospechosamente, habrían aportado una misma suma: S/ 13,845.00, en la misma fecha, 18 de marzo de 2011, en un mismo lugar, como si se hubiesen puesto de acuerdo. Ocurrió en Nueva Cajamarca, en el departamento de San Martín.
Parte de esos aportantes son: Segundo Crisanto Pulache (agente de seguridad particular), Niczer Romero Villalobos, Jorge Becerra (Mototaxista), Guzmán Rimarachín y su esposa Gregoria Vela y el hijo de ambos, Yoni Guzmán, Irma Carranza Montenegro, María Delgado Saucedo, así como Jean Maze Cam.
Segundo Crisanto Pulache admitió que todos aceptaron hacerse pasar por aportantes a pedido del legislador sanmartinense Rolando Reátegui, de Fuerza Popular, para solucionar los problemas de rendición de cuentas de la organización.
Con las declaraciones de Pulache, colaborador eficaz, se preparó el allanamiento de los locales limeños de Fuerza Popular y de las viviendas de los dirigentes de esa agrupación política en Nueva Cajamarca, Nolberto Rimarachín Díaz (exalcalde fujimorista de Nueva Cajamarca) e Ytalo Ulises Pachas Quiñones, quienes también aparecen en los registros de la ONPE como aportantes con la misma cifra de S/ 13,845, donada el mismo 18 de marzo de 2011.
La mafia fujimorista presionó al colaborador eficaz para torcer la investigación
El fiscal José Pérez rechazó la pretensión de la defensa legal de Fuerza 2011 de que realice un nuevo interrogatorio a Crisanto Pulache. La negativa del fiscal ocurrió después de haber obtenido evidencias de que habían intentado presionar al colaborador eficaz para que se retracte.
El caso cócteles es una investigación preliminar abierta el 8 de marzo de 2016 por el fiscal German Suárez Atoche, contra la señora K, su cónyuge los responsables de Fuerza 2011 y Fuerza Popular, por presunto lavado de activos con lo recaudado en nueve cocteles y una cena n las campañas presidenciales de 2011 y 2016.
La indagación también incluye el aporte de la ONG LVF Liberty Institute realizado en diciembre del 2015 por S/. 220.608. El 16 de setiembre de 2017, la investigación pasó a cargo del despacho del fiscal José Domingo Pérez.
En diciembre de 2017, durante el allanamiento de dos locales de Fuerza Popular, el fiscal incautó documentación sobre su pesquisa. El 18 de diciembre, allanó la ONPE porque demoraban en entregar reportes solicitados.
Fuerza Popular había realizado “contabilidad paralela” en sus dos últimas campañas para ocultar, en 2011, US$ 1 millón entregado en calidad de precoima por los ladrones Odebrecht, según declararon el mismo Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, su cabecilla en el Perú.
La Sala Suprema Penal Permanente dictará sentencias el 11 de octubre sobre dos recursos de casación, presentados por la señora K y su cónyuge y la defensa del partido Fuerza Popular, para declarar nula la resolución de la Primera Sala Nacional de Apelaciones que facultó al fiscal Domingo Pérez continuar con el caso en el marco de la ley contra el crimen organizado.
Los US$15 millones
En julio de 2016, el fiscal Wilson Salazar, con el control del magistrado Ángel Mendívil Huamaní, titular del cuarto juzgado de investigación preparatoria, se abrió el caso en torno a la denuncia pública del expiloto Jesús Vásquez Ybáñez, antes de la segunda vuelta electoral de 2016: Joaquín Ramírez le dijo en Miami que la señora K le había dado US$15 millones sobrantes de la campaña electoral 2011, para “lavarlos” en negocios de grifos de combustible.
Vásquez grabó la revelación de Ramírez y entregó el original a la DrugEnforcement Agency–DEA, para la que trabajaba como agente encubierto.
En marzo de 2018, el fiscal Wilson Salazar Reque, de la primera Fiscalía de lavado de activos, extendió el plazo de la investigación hasta marzo de 2019 e incluyó en la pesquisa a la Universidad Alas Peruanas, al partido Fuerza Popular y a la empresa Mondreu S.A.C. inmobiliaria de Joaquín Ramírez.
El 5 de julio pasado, ante el fiscal Salazar, en el consulado de Perú en Miami, Vásquez ratificó su declaración, mientras que la grabación fue solicitda por el fiscal a la Drug Enforcement Agency (DEA).
Los ladrones Odebrecht
Marcelo Odebrecht el 15 de mayo de 2017, realizó declaraciones que determinaron la apertura de un expediente el 29 de agosto del 2017, por lavado de activos, por disposición del fiscal German Juárez Atoche.
Entonces, preguntado Odebrecht: “¿Fue Humala el único candidato al que apoyó en la campaña para las elecciones del 2011?”, respondió que la política de su empresa fue apoyar en las elecciones a todos los partidos con alguna posibilidad y que, con seguridad, en esa campaña había apoyado a Keiko Fujimori y a Alan García. Los detalles los refirió a Jorge Barata, cabecilla en el Perú de su empresa.
Marcelo Odebrecht también reveló su anotación: “Biocom p/ ETH ja. Votorantim soh p/voce e LB. Anuncio Kunturagorabom para Peru/AG, etc. Aumentar Keiko para 500 e eufazer visita (ex: Venez). Humala?”.
El 28 de febrero de 2018, Barata confirmó ante el fiscal Domingo Pérez Gómez, en Curitiba, Brasil, que antes y después de las elecciones de 2011, se reunió cuatro veces con la señora K y que, a fines de 2010, con pleno conocimiento de ella, entregó US$ 1 millón en dos armadas al entonces secretario general de su partido, Jaime Yoshiyama, y al secretario de economía, Augusto Bedoya Cámere para la campaña 2011.
Estos aporten fueron desmenuzados para no levantar sospechas. El fiscal Pérez Gómez sostiene que Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular, dividieron US$590,989 del millón de dólares recibidos de Odebrecht, equivalentes a S/1’634,676. Para ello recurrieron a falsos aportantes.
Entre los falsos donantes la Fiscalía cuenta con los nombres de Johanna Sasaki y Melissa Keiko Sasaki, familiares de la esposa de Yoshiyama; Joon Lee Lin, sobrina política del mismo, Sil Yok Lee viuda de Lam, familiar de la anterior; Óscar Moritani Kutsuma, socio de Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama; Patricia Moritani Kutsuma, hermana del anterior; Efraín Goldenberg Schreiber, socio de Jaime Yoshiyama en Pegapaxi, empresa offshore en Aruba,
Juan Luna Frisancho, amigo y socio de Yoshiyama; Carlos Blanco Oropeza, exministro y excongresista fujimorista, exmiembro del equipo de campaña, y sus hijas Karol Blanco Matsuno y Miguel Blanco Matsuno; Milagros Maraví Sumar y Raúl Maraví Sumar, también del entorno de Yoshiyama y Bedoya; y Carlos Luna Venero, relacionado con la familia Yoshiyama.
En investigación se encuentra la ruta del resto del millón de dólares de la precoima de Odebrecht para, en caso ser elegida la señora K, apoderarse de licitaciones sobrevaloradas que les permitieran ganancias de latrocinio, como realmente ocurrió en diversos proyectos que les adjudicaron gobiernos corruptos.
