El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho ordenó ayer prisión preventiva por doce meses para los exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Jesús Munive Taquia y Magdalena Bravo Hinostroza.
Ambos son investigados por haber recibido parte de la coima por la Línea 1 del Tren Eléctrico que cobró y repartió el exviceministro Jorge Cuba Hidalgo.
El Poder Judicial dio cuenta de la medida a través de un comunicado vía Twitter emitido anoche, luego que anteayer viernes, el equipo especial de la Fiscalía encargado del caso Lava Jato, fundamentara su pedido de carcelería preventiva para ambos sindicados, por 36 meses.
El juez Concepción Carhuancho, considerado en medios judiciales y por la percepción pública como el más “carcelero” del país, optó por encerrarlos solo por 12 meses tras evaluar los descargos de los abogados de los investigados como de ellos mismos.
Dedo acusador
Se conoce que en su solicitud de colaboración eficaz, el recluido Miguel Navarro Portugal, exasesor de Cuba Hidalgo en el MTC, declaró que Jesús Munive habría recibido 100 mil dólares por su participación en los comités especiales de adjudicación de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del tren. No se conoce una cifra respecto a Magdalena Bravo, quien presidió el Comité de la primera licitación realizada en noviembre del 2009.
Munive y Bravo habrían sido parte de la red personal de Cuba Hidalgo, quien recibió de Odebrecht la suma de 8.4 millones de dólares, como parte del soborno total por la adjudicación de los contratos del proyecto vial.
Munive y Bravo, integraron el comité especial de licitación de los tramos 1 y 2 del Tren, junto con Santiago Chau Novoa, Edwin Luyo y Mariela Huerta. Chau y Luyo están presos y Huerta está prófuga y con orden de extradición.
Munive, además, desempeñó el cargo de director general de Concesiones en Telecomunicaciones, durante la gestión de Cuba Hidalgo.
Peces chicos
No obstante, Munive y Bravo, son considerados “peces chicos”, en el contexto de las revelaciones del ejecutivo de Odebrecht, Carlos Nostre Junior, realizadas el reciente jueves 4 del presente, en Curitiba, Brasil, ante el fiscal José Pérez Gómez.
Nostre confesó que el total de la coima por la línea 1 del tren, fue de 23.9 millones de dólares y que solo Barata (Odebrecht) y José y Hernando Graña (de la constructora Graña y Montero), saben a quién o quiénes se pagó cerca de 14 millones de dólares.
Explicó que él repartió solo 10 millones, con el pleno conocimiento de la firma Graña y Montero, a través del viceministro Jorge Cuba y de otros miembros de la red personal y amical de este, quienes ahora están presos,
El propio Nostre dijo que desconoce cómo Barata manejó la distribución de los 14 millones restantes, pero confirmó que su jefe se encargaba también de gestionar el excelente nivel de sus relaciones políticas con los entonces presidente de la República, Alan García Pérez, y ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo Ramírez.
Peces gordos
Estas delaciones han hecho que el equipo especial Lava Jato, a cargo del fiscal Pérez Gómez, enfoque su atención en García y Cornejo, así como en otros altos funcionarios del último régimen aprista como los principales sospechosos de haber participado en el reparto de los 14 millones.
En ese curso, el equipo del fiscal Pérez Gómez empezó ayer mismo a preparar una serie de diligencias para corroborar las sospechas generadas por Nostre, o lo que es lo mismo, tratar de cerrar el círculo en torno al expresidente García y otros.
En total, el Ministerio Público realiza tres investigaciones contra el expresidente García Pérez y sus principales colaboradores, una en el que es considerado presunto jefe de una red criminal; otra por los sobornos del tren eléctrico y otra por la receptación de fondos de campaña electoral.
Jefe de organización criminal
En este proceso que data del 2015, de carácter complejo, la Fiscalía sospecha de supuesto lavado de activos con recursos del Estado mal habidos mediante una supuesta organización criminal.
Un primer grupo de coinvestigados está formado por los exministros de García, Hernán Garrido Lecca, Aurelio Pastor, José Antonio Chang y Luis Nava Guibert, así como Pilar Nores.
Un segundo círculo está compuesto por 10 personas, entre ellas, Carlos Arana Vivar, Jorge Barco, Miguel Facundo Chinguel, Umberto Olcese.
En el tercer círculo operarían 15 personas y una red de empresas e instituciones que manejarían los recursos esquilmados al Estado. Para Castellanos una de esas empresas es Odebrecht.
Están comprendidos en esta investigación, que se encuentra en etapa preparatoria, un total de 31 personas.
Tren eléctrico
Esta es también una investigación según la ley de organizaciones criminales (Nº 30077), contra García Pérez, el exministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo y el director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, Oswaldo Plascencia Contreras, por el presunto delito de tráfico de influencias.
La sospecha es que AGP y Cornejo habrían elaborado un marco legal exclusivo para la adjudicación y ejecución de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del Tren Eléctrico, a fin de favorecer a Odebrecht, a partir del Decreto de Urgencia Nº 032-2009 que fue complementado por otras normas posteriores.
Ayuda a campaña 2006
Este es el caso más reciente contra el exmandatario AGP. Es por presunto lavado de activos y está a cargo del severo fiscal José Pérez Gómez.
Tuvo su origen en las últimas confesiones del exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, acerca de que entregó US$ 200 mil al aprista Luis Alva Castro como aporte secreto para la campaña presidencial del año 2006, en la que García Pérez fue elegido Presidente de la República por segunda vez.
Algo más
La clave del caso Tren Eléctrico está en descubrir el destinatario de más alto nivel que el del preso Cuba (viceministro) de los casi 14 millones pagados como coima por esa obra, lo que limita las probabilidades a García y Cornejo, según fuentes de la Fiscalía.
Diario Uno, 07.10.2018
