No sólo en la corrupción que infiltra a los poderes del Estado no ha cambiado la mafia fujimorista. Tampoco lo ha hecho en sus costumbres dictatoriales y antidemocráticas. Es la misma pelona de los años 90. Ahora buscan violar la libertad de expresión de una periodista que realizó unos dibujos caricaturescos de Keiko Fujimori, alias señora K, presunta cabecilla de organización criminal dentro de su partido Fuerza Popular.
Sheyla Herrera Yui, trabajadora de TV Perú, es la víctima del deseo de opresión de los fujimoristas, pues la congresista Alejandra Aramayo, desde su despacho, envió, junto con otros cinco parlamentarios de ese partido, una furibunda y descabellada carta a la minstra de Cultura exigiendo sanción para la mujer de prensa, pese a que se trata de un meme que nada tiene que ver con su trabajo, sino que es una expresión libre en su cuenta privada de Facebook.
Herrera para nada ha empleado los recursos del Estado y tiene derecho a expresarse sobre política en el ámbito privado, de modo que las pretensiones fujimoristas son totalmente abusivas. En cambio, nunca protestan cuando algún trabajador del Estado en Facebook se expresa en forma adulona sobre el fujimorismo.
El hecho es más grave cuando la ciudadanía busca expresar por todos los medios su rechazo a la corrupción, mal que afecta al Perú en el cual tiene mucha participación el fujimorismo.
“La carta es enviada desde el despacho de la congresista Alejandra Aramayo y a su firma la acompañan las de los parlamentarios Mario Mantilla, Milagros Takayama, Tamar Arimborgo y dos más que no logro distinguir”, dijo Herrera.
“Mi opinión fue en calidad de ciudadana. Sin embargo, un periodista puede ser fujimorista, antifujimorista, aprista, humalista (de todo, menos terrorista) sin que ello afecte directamente su labor porque por algo nos preparamos tanto”, manifestó.
Este intento de amordazamiento ha merecido el rechazo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), que señaló que “esta medida restrictiva contra la libertad de expresión de una periodista que si bien trabaja en el canal estatal está protegida por el derecho a su libertad de expresar sus opiniones políticas sean críticas o no frente a autoridades y funcionarios públicos”.
