Arropado por sus influencias en el sistema judicial, el expresidente Alan García asistió muy seguro a su interrogatorio número 47 en el Ministerio Público, esta vez en calidad de testigo por el caso de la coima del Tren Eléctrico vinculado con la constructora Odebrecht.
A la salida del interrogatorio fue vivado por una reducida portátil más no declaró a la prensa, pero luego se manifestó mediante su cuenta de la red social Twitter.
“Muchas gracias a las compañeras y compañeros que, con su afecto, me acompañaron hoy a la Fiscalía como tantas veces. Saben que detrás de los rumores solo hay maldad y odio”, señaló.
“Asistí por 3 horas a la citación número 47 de las fiscalías, como siempre lo haré. Hoy se suspendió hasta el 15 de noviembre. Todo es claro. Otros se venden, yo no”, enfatizó.
El alicaído líder aprista parece que ignora cómo van cayendo sus compañeros tanto en la política como en el sistema judicial. AG pretende mostrar seguridad debido a su presunta inocencia e ignorar lo ocurrido con la catástrofe fujimorista y sus amigotes de “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
El tren de Odebrecht
En mérito a una denuncia de la procuraduría del Estado, el equipo especial del caso Lava Jato – Perú, abrió investigación, según la ley de organizaciones criminales (Nº 30077), contra el exministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo y el director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, Oswaldo Plascencia Contreras, por el presunto delito de tráfico de influencias.
La Fiscalía sospecha que AG y Cornejo habrían elaborado un marco legal exclusivo para la adjudicación y ejecución de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del Tren Eléctrico, a fin de favorecer a Odebrecht.
La columna vertebral de este marco es el Decreto de Urgencia Nº 032-2009 que fue complementado por otras normas posteriores, incluyendo la designación de Oswaldo Duber Plasencia Contreras como director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico.
Sin embargo, la investigación de este tema parece estancada, pero en el equipo especial unificado, ha pasado a manos del fiscal José Pérez Gómez. Está relacionada con el caso del soborno de 8.1 millones de dólares pagado por Odebrecht al exviceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba Hidalgo.
Yásser Gómez Carbajal
Diario Uno, 20.10.2018
