Cada país debería ser soberano en las decisiones concernientes a su cultura, educación y políticas sociales, sin imposiciones ni amenazas de sanciones por incumplimiento sobre lo que tiene que hacer sobre la gente que decide inmigrar legal o ilegalmente, por lo cual resulta extraño que el Perú no haya retirado su respaldo al acuerdo de la ONU sobre esta materia, pues es una ideología perversa para corroer el aparato estatal y orientar los recursos del Estado a los caprichos de la ONU.
Otros países han dado la espalda a este pacto: varios países europeos, Australia (un país caracterizado por dar facilidades a los inmigrantes), los Estados Unidos y otros de Sudamérica. Con este pacto se corre el riesgo de que los inmigrantes se conviertan en parásitos con beneficios mayores que los ciudadanos del país y que al menor problema denuncien al Perú para que sea sancionado. Encima, el Perú tendría que gastar en contribuciones a la ONU para patrullar el cumplimiento internacional del pacto.
¿Seguridad?
Todo país tiene el derecho de decidir a quiénes quiere recibir para integrar a su sociedad y a quiénes no, pero esta libertad está amenazada por el “Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular” (GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION), discutido en Marruecos hace unos días.
En primer lugar, llama la atención que el nombre del pacto haga alusión a la seguridad, pero nada diga sobre la migración de criminales como ladrones, narcotraficantes, asesinos o terroristas y que más bien toda sanción se enfoque en los países que no cumplan con el pacto y no proponga nada para expulsar a tales indeseables.
Todos los inmigrantes han sido considerados en este documento como de una sola clase, sin importar que sean gente que escapa de conflictos bélicos o desastres, gente que simplemente quiere conseguir mejores sueldos, delincuentes o terroristas que busquen crear enclaves. Con este pacto, por ejemplo, si cientos de fundamentalistas islámicos entre los cuales podría haber terroristas, quisieran instalarse en nuestro territorio, tendrían que ser tratados con todas las ventajas y gastos para el Perú, que sería sancionado si los echa fuera.
Al Perú no le alcanza para atender a peruanos en miseria ni en extrema miseria pero se vería obligado a gastar en inmigrantes, ya sean ilegales o ilegales o delincuentes. Toda política y fondos del Estado deberían poner en primer lugar a los más necesitados del país y a todas las necesidades de los peruanos, contrariamente a lo que dice la ONU.
Este pacto obligaría a gastar millones en consultorías y nuevos burócratas que tendrían que encargarse de mejorar regulaciones publicas y privadas para que se ajusten a estas políticas de la ONU, incluso en asociaciones con sectores público y privado, todo financiados con fondos del estado.
Injerencia hasta en la formación de las fuerzas armadas y policiales
La injerencia va más allá y hasta pretende inmiscuirse en la capacitación de las fuerzas armadas o policiales, para que prevengan discriminación, sexismo, xenofobia, etc., según los criterios de la ONU y no según los criterios del país.
Otra tarea de una nueva burocracia y consultores sería diseñar programas para la mujer, inmigrantes vulnerables, durante todas las etapas de inmigración, entrada hasta la salida. Atender a todos sin importar que sean legales, ilegales, delincuentes.
Trabajo
Otra tarea de la burocracia y consultores sería facilitar acceso al trabajo a los inmigrantes en condiciones de igualdad, lo cual no se puede tolerar porque la legislación peruana establece que máximo debe haber un 20% del costo de la planilla para extranjeros y condiciones de igualdad sería ampliar al 50%, cerrando oportunidades a peruanos, que ya tienen difícil conseguir un empleo.
Deportaciones
Al Perú le quitan la soberanía en decidir a quién deporta (por ejemplo a ilegales y delincuentes o terroristas) y lo obligarían a pagarle un abogado defensor antes de deportar a un inmigrante, que no gastaría en ello, sino que sería una carga para el Estado.
Otra obligación que impondrían al Perú es la de atender las necesidades de migrantes en tránsito, aunque sean ilegales y será ilegal la expulsión colectiva de inmigrantes, aunque sean ilegales o delincuentes, de manera que al Perú sólo le permitirían expulsar caso por caso porque la expulsión es la “ultima opción”.
El Perú perdería el derecho de detención justa o preventiva de inmigrantes y se le obligaría a buscar otras medidas, ni siquiera se les podría detener para investigarlos, para no chocar con sus “derechos humanos”.
Obligarían también a que, si un inmigrante quiere volver a su país, el Perú tendría que financiarlos y también darles dinero si se van para otro país y se reintegren allí.
Salud, educación, vivienda
El Perú se vería obligado a facilitar el acceso de niños y jóvenes inmigrantes a la educación, cuando eso debería darse voluntariamente, primero después de cubrir las necesidades de los peruanos, pues en todos los niveles de la educación, desde inicial hasta la universidad, hay carencias.
Incluso obligarían a dar educación no formal para los niños donde los servicios del estado no lleguen. Por ejemplo, en la selva hay lugares donde el Estado no llega, habría la obligación de dar educación a un inmigrante, cuando primero deberíamos ocuparnos de los niños que trabajan y que por ello no asisten a la escuela, pero a la ONU no le interesan las necesidades y carencias del país, sino las preferencias a los inmigrantes.
En el Perú la asistencia de salud es precaria para los sectores pobres, y se pretende con este pacto que se gaste también en los inmigrantes, no solo para darles atención, sino en burocracia que los incluya en planes de salud estatales.
Comunicaciones
El pacto obligaría al Perú a gastar en comunicaciones con sus familias en el exterior. Por ejemplo, si un africano quiere comunicarse con sus familiares, el Estado tendría que pagar sus llamadas de larga distancia.
Repatriación de muertos
En todo el mundo un fallecido o va a la fosa común o la familia gasta en repatriar sus restos, pero la ONU impondría al Perú un gasto en repatriar a fallecidos y posesiones. Si tan indigente es, la fosa común es una opción, porque existe también para peruanos que no pueden gastar en un funeral.
Más burocracia y consultorías para revisar leyes
Se pretende obligar al Perú a revisar sus leyes sobre la discriminación y establecer certidumbre y prectibilidad de las normas, regionales, interregionales, fuerzas publicas, sistemas de justicia, administración publica, etc., educarlas con la asesoría de la ONU.
Gasto hasta en los países de origen de los inmigrantes
Este pacto infame pretende obligar a los países suscriptores a construir lugares consulares donde los países (de donde vienen los inmigrantes) no puedan cumplirlos, construirles una sede en su país para que allí den esos servicios consulares que ese país no puede dar.
Control de la libertad de expresión hasta en internet con el pretexto de la discriminación
El pacto obliga prohibir la discriminación de inmigrantes (aunque sean delincuentes) con preferencia o al mismo nivel que la gente autóctona, preferencias a mujeres migrantes. Tendría que haber instituciones que reciban quejas de inmigrantes para que el país sea sancionado.
Esto es peligroso porque la discriminación es un aspecto muchas veces subjetivo, por ejemplo si un peruano dice que le parecen mal las costumbres de países islámicos, esto podría entenderse como discriminación y se atentaría contra la libertad de expresión y una queja podría llevar a una sanción para el Perú.
Cultura e idioma
En cualquier país los inmigrantes que quieren mantener su cultura se organizan para conservarla o manifestarla, no es obligación de ningún estado promover culturas ajenas, salvo que sean de su interés. Así, por ejemplo tenemos comunidades de peruanos en el exterior que para recordar y promover sus bailes, gastronomía y otras manifestaciones culturales, invierten tiempo y dinero, sin exigir que el país que los ha recibido gaste en ello.
Pero este denigrante pacto haría gastar al Perú en consultorías, burocracia y eventos públicos para promover culturas ajenas. Por ejemplo, si viniesen haitianos tendríamos que promover el vudú, o si llegan asiáticos come-perro tendríamos que promover su “gastronomía”. Si se realizase festivales organizados por el Estado y no se les incluye, serían alentados a quejarse para que sancionen al Perú.
En cualquier país los inmigrantes deben adaptarse a la cultura del país al que llegan, pero se pretende que sea al revés. ¡Es el colmo!
En todo el mundo, los inmigrantes se esfuerzan por aprender el idioma del país a donde van, ya sea antes, o estando allí y gastan en ello, pero este pacto pretende obligar a que el estado les pague sus cursos de idioma y adaptación.
Lavado cerebral
Puede haber culturas que no nos agraden y esto puede expresarse en los colegios o la prensa, pero la ONU pretende que se invierta en promover la cultura de los inmigrantes en los colegios o prensa para “cambiar las percepciones”, es decir, pretenderían obligar a que se gaste en lavado cerebral hasta que a la gente le parezca positiva la cultura de un grupo de inmigrantes.
Además, obliga a que se promulguen leyes que penalicen lo que se considere discriminatorio contra los migrantes y empoderarlos creando instituciones para que denuncien, y esto es una amenaza para la libertad de expresión, pues incluso habría persecución de la opinión no sólo en la prensa escrita o televisiva, sino hasta en internet.
Buscar que los inmigrantes nos dirijan
Otro punto cuestionable es que impondrían leyes para fomentar que los inmigrantes incursionen en religión, política, censurando a las campañas electorales que se opongan a ello. Cuando esto debería ser circunstancial y voluntario.
Actualmente los inmigrantes no votan, pero la ley obligaría a incluirlos en las elecciones, y a que tengan representación parlamentaria.
Remesas
Hasta se pretende obligar a los estados que suscriban el pacto a facilitar remesas a sus países incluyendo gastar en instituciones estatales para esos fines, gastos estatales para financiar tecnologías para que los inmigrantes envíen esas remesas a sus familias en el exterior. Si a un país le conviene que los inmigrantes gasten en el mercado interno, se lo impedirán con estas políticas.
Préstamos
También obligarían a que el estado facilite asistencia y dinero a las ideas de negocio que quieran los inmigrantes, cuando nuestra realidad es que cualquier persona que busque un emprendimiento tiene que prestarse a su cuenta y riesgo. ¿Y si la idea del inmigrante es mala? Será una pérdida, y se puede quejar si no le entregan el dinero, para que sancionen al Perú si no se les subsidia.
No han firmado este pacto los Estados Unidos, Austria, Suiza, Bélgica, Estonia, Israel, Eslovenia, Polonia, Italia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Bulgaria, Australia, Brasil y Chile.
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