Alan Fairlie Reinoso
Hace unos días, el Ejecutivo ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Nro. 31131 que elimina el régimen CAS y dispone el tránsito de los trabajadores que desarrollan labores permanentes a los regímenes labores Nro. 276 y 728, proceso que sería concretado en un plazo de 5 años. Asimismo, la norma elimina el ingreso de más trabajadores bajo el régimen CAS en el Sector Público y establece que sus contratos son de carácter indefinido, pudiendo ser despedidos sólo por causa justa.
Esta Ley, fue conquistada luego de mucho esfuerzo de los trabajadores a nivel nacional, quienes venían denunciando los abusos que cometían sus empleadores debido a que sus contratos eran temporales y por tanto vulnerables. No importaba si trabajaban años en la institución, algunos incluso desde los Servicios No Personales, en cualquier momento podían perder sus puestos de trabajo sin la posibilidad de proyectarse a nivel profesional y familiar. Asimismo, el CAS permitía la discriminación laboral, dado que por más que realizaban las mismas labores que los trabajadores que se encontraban en los regímenes labores Nro. 276 y 728, no se les reconocía los mismos derechos.
Esta posición del Ejecutivo, para frenar los avances en derechos laborales obtenidos a través del Legislativo, no es reciente. Los trabajadores vienen logrando se le reconozcan sus demandas laborales a nivel congresal y obtienen autógrafas de Ley a su favor, pero tienen que enfrentar la posición del Ejecutivo que, en vez de promulgar la Ley, las observa. Con ello se dilata su aprobación, dado que retorna al Congreso y mediante la insistencia recién la promulga. El Ejecutivo apela al Tribunal Constitucional para cerrar el paso a la Ley, mediante las demandas de inconstitucionalidad.
Un caso similar sucedió a finales del año pasado, cuando los trabajadores del sector salud acudieron al Congreso para que sean atendidas sus demandas de nombramiento y ascenso automático, lo cual fue recogido por diversas bancadas, siendo aprobada la autógrafa de ley. Sin embargo, el Ejecutivo la observó, por lo que tuvo que ser aprobada por insistencia y promulgada por el Congreso mediante la Ley Nro. 31039. La razón principal, fue otorgarles protección laboral a quienes desde el inicio de la pandemia se encuentra en la primera línea, expuestos al contagio y a la muerte por Covid-19 y cuentan con contratos temporales, incluso sin ser reconocidos como trabajadores (en el caso de los terceros). Lamentablemente, el Tribunal Constitucional acogió la demanda del Ejecutivo y declaró por unanimidad inconstitucional la Ley, permitiendo que los trabajadores del sector salud continúen con contratos temporales y sin derechos laborales plenos.
Hace poco, también se aprobó por insistencia la Ley de la Negociación en el Sector Estatal, Ley Nro. 31188, acorde a los Convenios Nro. 98 y 151 de la OIT, restituyéndoles el derecho a negociar en materia económica a los trabajadores estatales y eliminándose esa prohibición impuesta desde que se aprobó la Ley del Servicio Civil en el 2013. En este caso, el mismo Tribunal Constitucional exhortó al Congreso a legislar en materia de negociación colectiva para el Sector Público, luego de diversas demandas de inconstitucionalidad presentadas por los trabajadores a la Ley del Servicio Civil y a las Leyes de Presupuesto que lo prohibían. Igual que en los casos anteriores, el Ejecutivo observó la Ley del Congreso, por lo que tuvieron que aprobarlo por insistencia.
Estos son sólo algunos ejemplos en los que vemos estos niveles de confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo cual termina afectando a los trabajadores. Si bien el tema presupuestario es responsabilidad del Ejecutivo, los casos señalados son demandas laborales que vienen siendo exigidas durante muchos años y los gobiernos no han tenido la voluntad política de atenderlas. Las leyes que fueron promulgadas por el Congreso permitían un cumplimiento progresivo de los derechos reconocidos, que con una adecuada planificación podrían ser cumplidos. Esperamos que cesen estas confrontaciones, y se ponga por delante a los trabajadores atendiendo sus demandas, postergadas por diversos gobiernos. Sobre todo, en el actual contexto de emergencia sanitaria y crisis económica.
