El ejército y la policía del Perú perpetraron lo que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, además de otros abusos brutales contra manifestantes y transeúntes durante las protestas de los últimos meses, señala un informe de Human Rights Watch (HRW), que señala también que todo apunta a intentos del régimen de Dina Boluarte de minimizar los abusos, junto con la aparente pasividad ante pruebas sólidas de abusos, generan interrogantes sobre una posible negligencia o incluso complicidad.
El informe recomienda que el gobierno invite a una comisión de expertos internacionales independientes para que respalden las investigaciones penales y que la comunidad internacional apoye un diálogo nacional amplio sobre las preocupaciones legítimas de los peruanos.
Las protestas se desarrollaron tras el intento de golpe del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y continuaron hasta febrero de 2023.
HRW indica que los abusos se produjeron en un contexto de deterioro de las instituciones democráticas, corrupción, impunidad por abusos cometidos en el pasado y desigualdad persistente.
El informe de 117 páginas, “Deterioro letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú”, documenta el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, violaciones del debido proceso, abusos contra detenidos y deficiencias en las investigaciones penales, así como una arraigada crisis política y social que erosiona el Estado de derecho y los derechos humanos en el Perú. Aunque algunos manifestantes fueron responsables de actos de violencia, las fuerzas de seguridad respondieron con una fuerza desproporcionada, incluyendo con fusiles de asalto y armas cortas. Cuarenta y nueve manifestantes y transeúntes, entre ellos ocho niños menores de 18 años, murieron durante las protestas.
“Durante semanas, mientras las fuerzas de seguridad mataban a manifestantes y transeúntes, el gobierno de Boluarte parece haber mirado hacia otro lado”, señaló César Muñoz, director asociado de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Hubo graves actos de violencia por parte de manifestantes, que deben ser investigados, pero eso no justifica la respuesta brutal, indiscriminada y desproporcionada de las fuerzas de seguridad”.
Human Rights Watch entrevistó a más de 140 personas, incluidos testigos, manifestantes y transeúntes heridos, familiares de fallecidos, policías, fiscales, periodistas y otras personas, en persona en el Perú y a distancia. Human Rights Watch también se reunió con los ministros de Defensa e Interior, el entonces comandante general de la Policía Nacional del Perú, el inspector general de la policía, la fiscal de la Nación y la defensora del pueblo. Human Rights Watch verificó más de 37 horas de video y 663 fotografías de las manifestaciones, y revisó autopsias e informes de balística, registros médicos, expedientes penales y otra documentación.
La evidencia recogida por Human Rights Watch establece que al menos 39 personas murieron por heridas de bala. Más de 1.300 personas resultaron heridas, entre ellas cientos de agentes de policía. Un agente de policía murió en circunstancias poco claras. Las investigaciones de estos homicidios deben ser imparciales y exhaustivas, y deben alcanzar a todos los responsables de los abusos, incluidas las más altas instancias de gobierno.
