Se debe destituir a la gran directora de proyectos que por décadas decide mucho: la coima
El Perú ha padecido el derroche de la “reconstrucción” en el norte, donde se invitó torpemente al gobierno británico, que dirigió el despilfarro de los recursos en obras mal diseñadas y gollerías para la burocracia inepta: mobiliario, ropa, cursos de inglés, eventos sociales, etc. El dinero literalmente fue al agua, arrastrado por las inundaciones, para empobrecimiento de la población, pese a los más de 7,000 millones de soles gastados sólo en Piura.
Pasados los desbordes, el gobierno reaccionó para causar efecto mediático haciendo creer que resuelven o corrigen las fallas, pero la solución propuesta es más de lo mismo, improvisación y por qué no, centralización de los latrocinios de la corrupción en menos manos.
El impresentable titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) Alberto Otárola está sediento de poder, no le basta con las instituciones que está engullendo bajo su control, y ahora pretende crear un organismo burocrático llamado Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), que dirigiría él mismo, según el proyecto de ley del Ejecutivo.
Ante tanta incapacidad y corrupción en las obras ejecutadas por sucesivos gobiernos locales, regionales y del gobierno central, una ANIN podría ser una institución que planifique el desarrollo de la infraestructura con criterios de desarrollo del país teniendo en cuenta la minimización de los efectos de los fenómenos naturales y el bienestar de la población, pero el proyecto no está orientado a eso.
Directorio de ministros es más de lo mismo. Se debe destituir a la gran directora de proyectos que por décadas decide mucho: la coima
Dicho proyecto plantea crear un directorio representado por diversos ministerios y dirigido por la PCM, es decir más burocracia que dance al ritmo del gobierno de turno, y por lo visto en las últimas décadas, sería una entronización de la actual directora de proyectos de infraestructura en el Perú, la coima, pues se ha pisoteado la autoridad de los especialistas y han sido muchas veces funcionarios ignorantes hambrientos de prebendas quienes han llevado la batuta y así, de pequeños ladrones pasamos a grandes rateros como Odebrecht y el Club de la Construcción. O bien a mafias que traban proyectos como vimos en el escándalo de Keiko Fujimori con el proyecto Chinecas. En diversos casos, se trató de proyectos que nunca debieron ser prioritarios.
Una ANIN sería peor, porque detrás de los altos funcionarios se concentrarían todas las obras grandes de todos los sectores del estado en un grupo de burócratas que tendrían más fácil perpetrar la corrupción a lo grande.
Contratos de gobierno a gobierno son peores
Minimizando a los profesionales peruanos, los gobiernos venden sebo de culebra con obras para ejecutarse en contratos de gobierno a gobierno. Ya fueron un fracaso los británicos, también los franceses al entregarnos un satélite sobrevalorado y de baja utilidad. Ahora los franceses fueron invitados a la ejecución de una nueva carretera central, pero el Colegio de Ingenieros está realizando necesarias observaciones para su planificación, que deben ser escuchadas. En el Perú tenemos profesionales suficientes para la planificación y ejecución de obras, pero se les relega en favor de intereses.
Vemos cómo las mafias de los ministerios de Transporte y Vivienda continúan de escándalo en escándalo en las adjudicaciones de licitaciones, por lo cual colocar a un directorio ministerial sólo perpetuará la corrupción y la concentrará.
Autonomía
La ANIN debería ser un organismo autónomo, con total independencia del gobierno de turno, dirigido por profesionales idóneos. Por ello, el directorio debería estar conformado por representantes permanentes de los colegios de Ingenieros y Arquitectos, además de tener asesoría permanente de profesionales de carrera del Instituto Geofísico del Perú (IGP) formados en materia afines a desastres, como sismología, el Instituto Geológico y Minero (Ingemmet).
Es problema la subsidiariedad del Estado
Idealmente también debería participar en el directorio el ministerio de Defensa y se debería modificar la Constitución para permitir que el Ejército, así como lo hizo durante el gobierno de Fernando Belaúnde con eficiencia, construya carreteras y otras obras de infraestructura, como aeropuertos y puertos. Ya estamos cansados de empresas corruptas. Antes los militares construían y ello era además un ejercicio para estar preparados para desastres o guerras.
El ciudadano organizado debe vigilar el rumbo de las grandes obras
En vista de que la ANIN abarcaría ámbitos no sólo de infraestructura y prevención de desastres, sino del área de transportes, salud, educación, agropecuaria, ambiente, etc., debería haber directores especializados que participen sólo en los directorios de su materia, es decir, cuando se trate de Salud participarían el Minsa, el Colegio Médico y gremios médicos y organizaciones de salud representativas-
Si se trata de Transportes, participaría el MTC y uno o varios representantes de organizaciones especializadas en transportes, como Luz Ámbar, de reconocida trayectoria, organizaciones de usuarios o defensores de usuarios de estos servicios, y podrían participar de observadores representantes de gremios de transportes.
Lo mismo si se trata de Educación, participaría sólo en las decisiones de su sector el Minedu, Colegio de Profesores y organizaciones especializadas en educación con amplia experiencia y probidad.
Si se trata de sector Ambiente, participaría dicho ministerio y organizaciones ciudadanas probas, pero su participación debería ser permanente, pues toda clase de proyectos de envergadura deberían contar con una evaluación de impacto ambiental, esto no sólo con la participación del ministerio del Ambiente, sino con representantes de organizaciones ciudadanas defensoras del ambiente.
Tratándose del sector agropecuario, además del Midagri, deberían participar uno o más representantes de las primeras universidades del sector, como la Agraria de la Molina y representantes de gremios representativos por su número y ámbito geográfico.
Si se trata de infraestructura carcelaria deberían participar en el directorio los ministerios de Justicia e Interior, así como representantes de organizaciones independientes especializadas en la materia.
El proyecto prevé que el ministerio de Economía (MEF) conforme el directorio, lo cual es errado. Dicho ministerio podría participar en calidad de asesor, pero no debe ser quien decida qué obras son o no prioritarias ni cómo deberían planificarse. El MEF debe limitarse a informar sobre la disponibilidad presupuestal y el directorio debe decidir sobre las prioridades. La decisión debe ser del Ejecutivo con vigilancia ciudadana y profesional, no una PCM y ministros. La ANIN además debería funcionar como un banco de grandes proyectos por realizarse según la disponibilidad presupuestal no pensando sólo en un gobierno, sino a largo plazo.
Importancia de la participación ciudadana
El Estado y el sector privado tienen más de 200 años de trabajo deficiente y corrupto, por lo cual la ciudadanía debe participar en la toma de decisiones. Por ello, cuando se trate de planificación para regiones determinadas deberían integrar dichos directorios el gobernador de las regiones involucradas, así como los alcaldes provinciales de esas zonas, que son autoridades elegidas por la ciudadanía, que vigilará la actuación de sus representantes, pues estas autoridades no sólo deberían tener voz y voto en los proyectos planteados por la ANIN, sino que deberían presentar sus requerimientos de infraestructura y recibir las propuestas de asociaciones público-privadas para ser evaluadas por la ANIN.
Esta participacíon debería darse también a nivel de inversiones de montos menores que los administrados por la ANIN, así se podría minimizar el sucio trabajo de muchos congresistas lobbistas que cobran para “empujar” proyectos, como el caso denunciado de Luciana León y sus “tamalitos”.
Una ANIN así conformada debería planificar el desarrollo de la infraestructura en todo el país, comenzando por las obras prioritarias, que deben ser aquellas donde existe zonas con riesgo de ser dañadas por desastres naturales grandes, los cuales deberían ser evitados escogiendo para ejecución los lugares más seguros.
En zonas donde ya haya población asentada y sea posible la minimización de los efectos de los desastres con obras, la ANIN debería planificar dichas obras de prevención.
Contraloría, transparencia y ciudadanía
No obstante, para que la lucha contra la corrupción sea más efectiva es necesario dotar a la Contraloría de mayor presupuesto, pero ello nunca será suficiente, por lo cual debe ampliarse el alcance de las normas de transparencia y sancionar de forma efectiva a todas las instituciones que se niegan a responder a las solicitudes de transparencia. Ello debería tipificarse como actos de corrupción.
Se debe incentivar la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción otorgando premios a las personas que denuncien hechos que conduzcan a la detección de actos de corrupción y, de ser trabajadores del Estado, protegerlos de los jefes corruptos. Paralelamente, se debe ampliar el presupuesto del Poder Judicial y la Fiscalía en sus funciones contra los delitos de corrupción, de modo que los procesos se desarrollen de forma mucho más rapida.
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