El Ministerio Público solicitó 25 años de prisión contra los delincuentes Alberto Fujimori y su Vladimiro Montesinos, quien fue asesor del exdictador, por el asesinato de seis personas en 1992 en el caso Pativilca.
La solicitud de condena fue formulada ante la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora. Además, en el caso del exasesor presidencial se solicitó 5 años de inhabilitación accesoria.
El exdictador Fujimori participó de la audiencia acompañado del abogado Elio Riera, y presentó como su domicilio la vivienda de su hija Keiko Fujimori, en San Borja.
La masacre ocurrió el 29 de enero de 1992. Las víctimas fueron seis personas de los anexos El Caraqueño y San José en Pativilca (Barranca) quienes fueron secuestrados, torturados y asesinados: John Calderón Ríos (18), Toribio Ortiz Aponte (25), Felandro Castillo Manrique (38), Pedro Agüero Rivera (35), Ernesto Arias Velásquez (17) y César Rodríguez Esquivel (29).
El técnico del Ejército, Jorge Ortiz Mantas, exmiembro del Grupo Colina, confesó, en una audiencia, que participó en la masacre y que esta fue realizada por el mencionado grupo paramilitar.
Asimismo, Ortiz dijo el Grupo Colina dependía del exgeneral Nicolás Hermoza Ríos durante la dictadura de Alberto Fujimori.
Según consta en el expediente judicial, un empresario chino que disputaba un terreno en los anexos Caraqueño y San José, acusó falsamente a quienes ocupaban estas zonas de pertenecer al grupo subversivo Sendero Luminoso y pidió a un familiar cercano a Hermoza que “le diera una mano”.
Por orden de Hermoza y con la dirección de Martin Rivas, los agentes llegaron a esa localidad a las dos de la mañana; sacaron de sus casas a John Calderón Ríos (18), Toribio Ortiz Aponte (25), Felandro Castillo Manrique (38), Pedro Agüero Rivera (35), Ernesto Arias Velásquez (17) y César Rodríguez Esquivel (29). Los sujetos se apropiaron de dinero y luego generaron una explosión que atemorizó a la familia. Ellos, en medio de la confusión, alcanzaron a ver dos camionetas marcharse.
Los familiares visitaron todas las comisarías de la zona donde les negaron haber realizado alguna batida en la zona. Recorrieron hospitales y la morgue, sin hallar nada.
Desgarradores testimonios
Cerca de las 6 de la tarde del 30 de enero, José Luis Agüero Rivera, hermano de una de las víctimas, encontró los cuerpos. “Un amigo que bajaba con su camión me contó que había visto varios cuerpos en un cañaveral cerca de la carretera de ingreso. Cuando fui a verlos encontré un cuadro horrible. Mi hermano tenía disparos en la cabeza, pero había otros dos señores que estaban torturados, quemados, parecían que les habían puesto soplete”, contó Agüero. En ese entonces, los familiares aseguraron ante la policía que los victimarios eran militares, sin embargo, poco hicieron para investigar el caso.
“Mi hermano Felandro era el cuarto de 8 hermanos. Era un muchacho muy tranquilo, el más sano de todos. No estaba metido en actividades políticas, o con los del partido (senderista), para decir que lo mataron por eso”, declaró Domingo Castillo Manrique.
“Si hubiera sido terrorista, él hubiera estado escondido. Pero estaba con nosotros, durmiendo. No sabemos por qué se lo llevaron. Acá mucha gente ha sido confundida. Nosotros sabíamos quiénes estaban metidos con el terrorismo, pero esa gente desapareció días antes“, agregó
Posteriormente, se corroboró que los pobladores fueron reducidos, torturados con quemaduras de soplete en diversas partes de sus cuerpos, incluido el ano; y además les propinaron patadas. Después de esto, los mataron con sendos disparos de bala en la cabeza y lanzaron sus cuerpos en un cañaveral.
Fujimori lo sabía
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, este operativo formó parte de un plan formulado por la Dirección de Inteligencia y aprobado por el Comando General del Ejército por órdenes de Montesinos y con el conocimiento del entonces presidente Fujimori.
Para dar con la responsabilidad de Fujimori en el crimen, fue clave la confesión del técnico de Segunda EP, Jorge Ortiz Mantas, integrante del destacamento Colina.
El 8 de febrero del 2008, y durante una sesión judicial, Ortiz Mantas señaló que Colina dependía, además de Hermoza Ríos, de Fujimori y el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos.
Ante la pregunta del juez sobre la cadena de mando de Colina, el ex agente respondió:
“(El mayor Santiago) Martin Rivas, (el coronel) Fernando Rodríguez Zabalbescoa, (el general) Federico Navarro Pérez, el director de la Dinte (Dirección de Inteligencia del Ejército), el jefe de Estado Mayor y el comandante general del Ejército (Nicolás Hermoza). Nos dieron un almuerzo, lo que demuestra que el general Hermoza sabía (…) En el Ejército no es posible. Nada se hace sin una orden superior”.
Por la forma en que ocurrieron los hechos, se establece que incurrieron en el delito de homicidio calificado con alevosía, considerado como delito de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma, un instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, adoptado en 1998 por las Naciones Unidas para casos de violación a los derechos humanos.
