Rocío Ferrel
Ante la inscripción del delincuente Alberto Fujimori en el partido Fuerza Popular, unos cuestionan la mentira sobre su presunta enfermedad, otros la legitimidad, la legalidad para candidatear, la moral de dicho acto, sin embargo, no se pone de relieve que ese partido es el único que se jacta de inscribir a un delincuente sentenciado por delitos graves.
Dicho caco fue sentenciado por graves violaciones a los derechos humanos y tremendos delitos de corrupción, con el agravante de que
- debería estar en la cárcel porque no cumplió con la condena debido al indulto escandaloso y pestilente que fue una maniobra política, figura que no borra los delitos, sigue siendo muy culpable
- no se arrepintió de los delitos que perpetró
- tiene pendientes procesos por graves delitos
- no pagó la reparación civil
- es considerado en el mundo el sexto expresidente más corrupto
- gobernó traicionando al Perú, rematando nuestras empresas para robar y favorecer a mafias
- se promueve como eficaz luchador contra el terrorismo, pero fue ineficiente en ello, pues no quiso en su momento respaldar al general Ketín Vidal, que con ayuda podría haber capturado a Abimael Guzmán años antes 1992, cuando ocurrió finalmente dicha detención.
Así pues, con la inscripción del cabecilla de la banda delincuencial fujimorista Fuerza Popular se consagra como un partido del hampa, con foto donde el caco se luce firmando, acompañado por su hija de igual catadura moral.
Es un caso único, pues tenemos otros partidos muy cuestionables, como Acción Popular, que tuvo el gesto de expulsar a “Los niños” por hechos evidentes aunque no haya sentencia judicial.
También tenemos otros partidos que albergan o albergaron a ladrones, como el Partido Aprista Peruano, pero aunque todos estemos escandalizados con dichos presuntos actos de corrupción, los inscritos activos no exhiben una sentencia judicial.
Alberto Fujimori podrá o no podrá postular según las normas legales (hay especialistas en Derecho que opinan que sí, otros que no), será eso una amenaza para la democracia o no, pero queda en evidencia que el sistema legal y político es capaz de crear monstruosidades delincuenciales como la existencia de un partido con sentenciados por delitos graves.
Un país civilizado debería tener leyes que impidan ser candidatos y afiliados a partidos no sólo a los sentenciados por delitos graves, sino a los sentenciados por todo delito. Inclusive deberían estar impedidos no sólo los sentenciados, sino quienes cargan a cuestas con una investigación fiscal por toda clase de delitos. También quienes perpetren faltas.
Pero como en lugar de un parlamento respetable tenemos un hampa congresal, allí se cocinan toda clase de favorecimientos a los delincuentes y a los políticos delincuentes. Por ello por un lado proclaman no tocar la Constitución del gobierno delincuencial de Fujimori, pero por otro lado con una y otra norma han realizado numerosos cambios a la Constitución. Claro está lo que no quieren que se cambie el capítulo económico, en particular, la subsidiariedad del Estado, que impide que se promuevan empresas estatales importantes para el país, como sucede en Europa y América, con lo cual se favorece a empresarios delincuenciales que buscan obtener privilegios con las riquezas de todos los peruanos.
