Partido Nacionalista demanda investigación de indulto a Crousillat
Anuncian Moción de Interpelación a Ministro de Justicia, Aurelio Pastor
El Partido Nacionalista presentó una moción para formar una comisión investigadora que se encargue de esclarecer las razones y determinar a los responsables que indujeron al error al Presidente, a fin de que éste otorgue el indulto al ex empresario José Enrique Crousillat, afirmó la vocera de este grupo parlamentario, Marisol Espinoza Cruz.
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El Partido Nacionalista presentó una moción para formar una comisión investigadora que se encargue de esclarecer las razones y determinar a los responsables que indujeron al error al Presidente, a fin de que éste otorgue el indulto al ex empresario José Enrique Crousillat, afirmó la vocera de este grupo parlamentario, Marisol Espinoza Cruz.
La legisladora piurana anunció además que en los próximos días su Bancada interpondrá una moción de Interpelación al ministro de Justicia, Aurelio Pastor Valdivieso, quien tendrá que explicar las irregularidades cometidas al conceder este beneficio presidencial.
Espinoza reveló que el objetivo de esta comisión investigadora será demostrar que la referida absolución se otorgó sin seguir las condiciones establecidas por ley y por ende es un acto nulo y debería considerarse su revocatoria.
La moción señala que si bien el indulto es una potestad presidencial, este beneficio debe basarse en un informe técnico que justifique las razones humanitarias que lo avalen, lo que no ha sucedido en este caso.
Resaltó la existencia de informes médicos que evidencian que Crousillat no padecía ninguna enfermedad terminal o no terminal irreversible o degenerativa ni fue afectado por un transtorno mental ni la naturaleza de las condiciones carcelarias que sufría colocaban en grave riesgo su vida, salud o integridad, requisitos que justifican el otorgamiento de este derecho de gracia según el reglamento Interno de la Comisión de indulto y conmutación de la pena.
Para Espinoza se ha incumplido el artículo 23 del referido reglamento al tomarse en cuenta el informe del médico de cabecera de Crousillat y no el emitido por la Junta Médica Penitenciaria, tal y como lo refrenda la Resolución Suprema 285-2009-JUS, que recomendaba el reingreso inmediato al penal del ex empresario, por cuanto su salud era estable.
La vocera nacionalista señaló que tampoco se ha considerado el requisito de grado intenso planteado para el ejercicio del indulto presidencial en casos de procesados por “delitos constitucionalizados” (narcotráfico, corrupción o terrorismo entre otros) cómo es en el caso de Crousillat, por lo que el gobierno debería reconsiderar su decisión y cumplir con la ley.
Espinoza reveló que el objetivo de esta comisión investigadora será demostrar que la referida absolución se otorgó sin seguir las condiciones establecidas por ley y por ende es un acto nulo y debería considerarse su revocatoria.
La moción señala que si bien el indulto es una potestad presidencial, este beneficio debe basarse en un informe técnico que justifique las razones humanitarias que lo avalen, lo que no ha sucedido en este caso.
Resaltó la existencia de informes médicos que evidencian que Crousillat no padecía ninguna enfermedad terminal o no terminal irreversible o degenerativa ni fue afectado por un transtorno mental ni la naturaleza de las condiciones carcelarias que sufría colocaban en grave riesgo su vida, salud o integridad, requisitos que justifican el otorgamiento de este derecho de gracia según el reglamento Interno de la Comisión de indulto y conmutación de la pena.
Para Espinoza se ha incumplido el artículo 23 del referido reglamento al tomarse en cuenta el informe del médico de cabecera de Crousillat y no el emitido por la Junta Médica Penitenciaria, tal y como lo refrenda la Resolución Suprema 285-2009-JUS, que recomendaba el reingreso inmediato al penal del ex empresario, por cuanto su salud era estable.
La vocera nacionalista señaló que tampoco se ha considerado el requisito de grado intenso planteado para el ejercicio del indulto presidencial en casos de procesados por “delitos constitucionalizados” (narcotráfico, corrupción o terrorismo entre otros) cómo es en el caso de Crousillat, por lo que el gobierno debería reconsiderar su decisión y cumplir con la ley.
