La Comisión de Energía y Minas, presidida por el congresista Víctor Cutipa Ccama (bancada JJP-VP-BM), aprobó por mayoría el dictamen que reúne los proyectos de ley 11871/2024-CR, 12727/2025-CR, 12871/2025-CR y 12973/2025-CR, iniciativa que propone —mediante texto sustitutorio— la “Ley que modifica el Decreto Legislativo 1293, Decreto Legislativo que declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal”.
La votación alcanzó 17 votos a favor, 3 votos en contra y 1 abstención.
El texto aprobado extiende la vigencia del proceso de formalización minera hasta el 31 de diciembre de 2027 o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).
Además, refuerza la responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas como ente rector para coordinar acciones con los gobiernos regionales, simplificar procedimientos, validar información georreferenciada y supervisar los aspectos ambientales y sociales del proceso.
Durante la sesión, el debate se intensificó debido a las discrepancias sobre la suspensión temporal de los procedimientos de exclusión del Reinfo.
El congresista Jorge Montoya (bancada RP) reiteró su desacuerdo con la ampliación: “reitero mi oposición a dichas medidas (…) no se ha terminado de formalizar a nadie más porque los problemas de fondo siguen vigentes”.
A su turno, Guido Bellido criticó el desempeño del Ministerio de Energía y Minas al señalar que “durante todo el año no ha podido formalizar ni diez mineros”, y planteó otorgar mayor responsabilidad a los gobiernos regionales.
Por su parte, la congresista Diana González (bancada AvP) impulsó una cuestión previa para votar por separado ambas disposiciones complementarias transitorias referidas al eventual retorno de los cincuenta mil Reinfos excluidos y a la continuidad de sus trámites. Al sustentar su pedido, presentó cifras tributarias y recordó que “es falso que el grueso de los cincuenta mil excluidos trabajaban y que pagaban impuestos”, asegurando que la recaudación aumentó pese a la depuración del padrón.
Además, denunció la oferta de Reinfos en redes sociales y cuestionó la posibilidad de reincorporar a titulares que, según dijo, “hoy son mineros ilegales, no informales”. Su cuestión previa fue rechazada con 8 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones.
En esa misma línea, el congresista Eduardo Salhuana (bancada APP) cuestionó el carácter general de la suspensión de exclusiones: “decir que se suspenden todos los procedimientos de exclusión va contra todo razonamiento de tipo administrativo”, indicó.
Otros legisladores, como Wilson Quispe (bancada JPP-VP-BM), respaldaron la ampliación del plazo y destacaron la contribución económica de los operadores inscritos en el Reinfo. En cambio, Diana Gonzales (bancada AvP) insistió en que el proceso debía centrarse en operadores reales y no en registros utilizados con fines indebidos.
En ese marco, la congresista Patricia Juárez (bancada FP) planteó 3 correcciones puntuales al texto.
La primera estuvo referida al artículo 2, específicamente sobre el artículo 11, relativo a la responsabilidad del adquiriente de productos mineros. Señaló que era necesario precisar los puntos suspensivos para evitar que se modificara el Decreto Legislativo 1107, tomando en cuenta los incisos B y C, así como el texto final de dicho dispositivo legal.
En segundo término, se pronunció sobre la Primera Disposición Complementaria Final, la cual establece la suspensión temporal de los procedimientos de exclusión del Reinfo En consecuencia, dicha disposición detiene provisionalmente el inicio y la tramitación de los procedimientos administrativos de exclusión previstos en el artículo 8 del Decreto Supremo 001-2020-EM y en el artículo 14 del Decreto Supremo 018-2017-EM.
Esta suspensión no alcanza a los casos regulados en la Primera Disposición Complementaria Transitoria. Además, la medida se mantendrá hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) o hasta la culminación del proceso de formalización, lo que ocurra primero.
A ello, según lo solicitado por la congresista Patricia Juárez, se debe agregar una precisión normativa adicional. Propuso que se deje claro que la suspensión no es aplicable a los administrados que cuenten con sentencia condenatoria firme por minería ilegal, ni a quienes tengan condena por lavado de activos conforme al Decreto Legislativo 1106 y sus modificatorias, o por trata de personas.
Tampoco debe aplicarse a quienes desarrollan actividades mineras en zonas no permitidas, tales como zonas arqueológicas, áreas naturales protegidas, reservas indígenas, reservas territoriales en proceso de adecuación y cuerpos de agua (ríos, lagos, lagunas, humedales, quebradas, manantiales, glaciares, cauces y riberas, entre otros).
La tercera observación se refirió a la Primera Disposición Complementaria Transitoria sobre la reincorporación excepcional y la evaluación técnica en la formalización. En este punto, la congresista sugirió una mejora en la redacción para que, mediante Decreto Supremo, el Ministerio de Energía y Minas establezca los criterios técnicos y objetivos, así como el procedimiento para evaluar los reclamos o solicitudes presentados por las personas naturales o jurídicas comprendidas en el artículo 2 del Decreto Supremo 012-2025-EM y en otros dispositivos normativos vinculados.
Dicho ministerio deberá realizar esta evaluación en un plazo máximo de 60 días calendario, contados desde la entrada en vigor del respectivo Decreto Supremo, con el fin de identificar a las personas afectadas e implementar las medidas correctivas correspondientes para una eventual reincorporación excepcional. Esta reincorporación deberá considerar el cumplimiento de los requisitos legales y la verificación efectiva del desarrollo real de actividad minera.
En ese sentido, planteó que se elimine el primer párrafo de la Primera Disposición Complementaria Transitoria, en el que se señala que las personas excluidas “se incorporan de manera excepcional”, a fin de adecuar la redacción a los criterios técnicos y procedimentales mencionados».
En esa línea, el dictamen quedó aprobado con cargo a redacción, lo que permitirá incorporar los aportes presentados por la congresista Patricia Juárez.
Finalmente, el presidente de la comisión, Víctor Cutipa, defendió la propuesta al señalar que “no queda otro camino que ampliar el Reinfo” y recordó que la suspensión planteada en el dictamen es temporal y se mantendrá solo hasta la entrada en vigor del nuevo marco legal.
