El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), como entidad rectora del ejercicio profesional y garante del desarrollo técnico del país, expresa su profunda preocupación sobre más de 65 mil proyectos de inversión pública paralizados o abandonados desde el 2012. Esta situación no solo representa un enorme desperdicio de recursos, sino un riesgo directo para el desarrollo territorial, la confianza ciudadana y el funcionamiento del sistema democrático.
“Desde el CIP, coincidimos en que la paralización de obras estratégicas ——ospitales inconclusos, carreteras sin fecha de entrega, puentes abandonados y sistemas sanitarios sin conexión– constituye una grave afectación al cierre de brechas y pone en evidencia fallas estructurales en la programación presupuestal, la supervisión técnica y la gobernanza de proyectos”, afirmó el decano Nacional del CIP, Ing. Jaime Ruíz Béjar.
Enfatizó que la multiplicación por cinco del número de obras paralizadas entre 2016 y 2023 demuestra que el problema se ha desbordado y exige una respuesta inmediata, técnica y no politizada.
El CIP alerta que la ejecución deficiente, la ausencia de un sistema de control concurrente eficaz y la falta de predictibilidad en los gobiernos regionales y locales están generando un escenario donde la inversión pública se diluye sin resultados tangibles. Esta situación implica serios riesgos: deterioro de infraestructura, pérdida de recursos irrecuperables (equivalentes al 2,3% del PBI) y afectación directa a millones de ciudadanos que esperan servicios esenciales.
En ese sentido, el CIP propone impulsar una reforma integral del sistema de inversión pública que garantice continuidad técnica en los proyectos, fortalezca las capacidades de formulación y supervisión, mejore los mecanismos de control preventivo y asegure que la priorización responda a criterios estrictamente técnicos y de cierre de brechas. Asimismo, exhorta a las autoridades electas en 2026 a culminar las obras en curso y evitar nuevos proyectos sin sustento técnico, que solo incrementan el stock de obras inconclusas.
Finalmente, el CIP reafirma su compromiso de contribuir con recomendaciones técnicas y supervisión profesional para que la inversión pública recupere su rol transformador.
