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El Pleno del Congreso aprobó el proyecto de Resolución Legislativa que modifica la tercera disposición transitoria del Reglamento del Congreso para de establecer una cuarta legislatura en el actual periodo de sesiones 2020-2021.
La decisión se tomó por mayoría (75 votos a favor, 33 en contra y 5 abstenciones) y fue exonerada de segunda votación. El trabajo parlamentario estará organizado en cuatro legislaturas en lugar de tres, como es actualmente, con el fin de aprobar algunas reformas constitucionales, aseveró el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Luis Valdez Farías.
La tercera legislatura, que se inició el 1 de febrero de este año, culminará el 12 de junio; mientras que la cuarta legislatura iniciará un día después y durará hasta el 16 de julio de este año.
Valdez Farías, al sustentar el dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, señaló que se trata de un proyecto de Resolución Legislativa presentado por la congresista Arlette Contreras Bautista (NoA) y que fortalece la lucha contra la corrupción.
“¿Cuál es el legado que queremos dejar al país? Si lo que buscamos, a pesar de meses de gran esfuerzo y dedicación, es dejar las cosas sin resolver, pues no modifiquemos nuestro Reglamento ni utilicemos este mecanismo. Por el contrario, si buscamos un mejor Perú para los siguientes años, instauremos una cuarta legislatura que nos permita reconocer derechos constitucionales, fortalecer la institucionalidad y consolidar la lucha contra la corrupción”, indicó.
Sobre las críticas a la aprobación de la norma, el titular de la Comisión de Constitución y Reglamento recordó que en marzo de 2020 se aprobó instaurar tres legislaturas y no se recibió ninguna crítica diciendo que era inconstitucional, inoportuna o que generaría un mal precedente para otros Congreso. Lamentó que ahora que se plantea una modificación a la organización del trabajo parlamentario, aprobada con anterioridad al gravísimo impacto de la pandemia, hay quienes quieren intimidar para que no se haga nada.
“Quienes critican son grupos interesados en socavar la democracia y que permanentemente se están aliando a opciones extremistas que intentan desprestigiar al Congreso y los principios esenciales de un Estado democrático. Quieren menoscabar la presencia de la Representación Nacional a través de comunicados de gente que no representa a nadie, más que a ellos mismos. Estos agentes externos, ilegítimos quieren imponer una agenda al Congreso y para ello azuzan en los medios y redes sociales e intimidan a los congresistas y dicen que es inconstitucional, inoportuno y que es un mal precedente”, manifestó.
Valdez Farías hizo referencia a varios reconocidos constituyentes, como Luis Bedoya de Vivanco, quienes coinciden que el Congreso tiene autonomía para decidir a través de su Reglamento cómo organizar su trabajo.
Agregó que esta modificación reglamentaria no sienta un mal precedente, ya que la modificación corresponde a una situación extraordinaria, sobre todo porque permite realizar reformas electorales, reglamentarias y constitucionales, como dar una vivienda digna para los ciudadanos, acceso al internet y también poner fin al enfrentamiento entre dos poderes del Estado.
Asimismo, la reforma para asegurar el acceso a todos los medicamentos para la población en caso de emergencia sanitaria, y el régimen de residencia temporal del expresidente de la República, la mayoría hoy prófugos del país.
El legislador Betto Barrionuevo Romero (DD) señaló que la propuesta es apresurada e inconstitucional, por lo que no se puede deslegitimar el Parlamento cuando se está a puertas de recibir a nuevos representantes para los próximos cinco años.
“Si bien es cierto que el artículo 94 de la Constitución advierte que el Reglamento del Congreso es elaborado por el propio Parlamento, eso no significa que podamos hacer abusos cuando nos interesa algunas acciones”, dijo.
La presidenta a. í, del Congreso, Mirtha Vásquez Chuquilín, indicó que el objetivo de que las reformas constitucionales se traten en dos legislaturas es asegurar una deliberación pública y amplia reflexión sobre esas materias.
Consideró que la reforma se tiene que trabajar de manera cuidadosa, toda vez, que se llevó a cabo un referéndum donde la población dijo no estar de acuerdo con la bicameralidad. Agregó que el establecimiento de una cuarta legislatura podría tener problemas de constitucionalidad y subrayó que toda decisión debe tener legitimidad.
Sostuvo que esta fórmula se ha utilizado dos veces, pero solo de manera excepcional. La primera vez de 2000 al 2001 para permitir elecciones democráticas y, la segunda vez, lo hizo este Congreso para hacer posible que se pueda legislar después de un Parlamento disuelto.
“Es correcto que ahora volvamos a utilizarla cuando es una medida residual que tiene que ser causada por el legislador. En este momento hay que reflexionar, esta es una medida legal, es nuestra atribución, pero toda medida legal no siempre es legítima, y hay que tener cuidado con eso. Hay que tener mucha consideración de lo que dice el pueblo”, indicó Vasquez Chuquilín.
En tanto, el congresista Luis Roel Alva, segundo vicepresidente del Congreso, indicó que esta medida no es inconstitucional por ningún lado, ya que el mismo Tribunal Constitucional ha señalado que dentro de su autonomía legislativa, el Congreso regula su propia Ley Orgánica que es lo que se busca modificar.
Recordó que, en el Congreso de transición democrática de Valentín Paniagua en el 2000, también se hizo esta reforma y no fue inconstitucional. “Lo que hoy estamos resolviendo son antecedentes jurídicos que tenemos en nuestro propio Reglamento y también en la Constitución”, manifestó.
Roel Alva indicó que este Congreso se encuentra legitimado por el pueblo peruano, cuyas funciones vencen el 26 de julio. Hacer lo contrario sería dar la espalda a quienes confiaron y votaron por ellos.
En tanto, el parlamentario Guillermo Aliaga Pajares (SP) precisó que no se va a aprobar ningún tipo de reforma, por el contrario, se está dando pase para que en una nueva legislatura se den reformas constitucionales.
“Muchos dicen que es inconstitucional, pero no se dice nada de lo que pasa en las municipalidades donde pueden autodeterminarse. No se está hablando de un tema de reformas constitucionales”, dijo.
A su turno, el congresista Lenin Checco Chauca (FA) señaló que la norma planteada debe respetar las mayorías y minorías parlamentarias a fin de evitar que las leyes se aprueben “al caballazo”.
“Es un momento difícil no solo por la pandemia, sino por la crisis social económica y moral que vive el país. En esa circunstancia, una propuesta de cuarta legislatura esconde temas importantes de los que no se quieren hablar, como es la bicameralidad y la cuestión de confianza. Con respecto a la bicameralidad sí estamos de acuerdo, pero no
ha sido discutida, no ha sido consensuada”, puntualizó.
A su vez, el parlamentario Carlos Almerí Veramendi (PP) sostuvo que es importante la partición de esta legislatura con miras a analizar las reformas constitucionales basadas en un régimen económico, de educación, salud y referéndum. Este último para que el pueblo decida con su voto si cambia o no la Constitución.
“Este corto tiempo hemos podido dar leyes que el pueblo quiere, como la de los fondos de la AFP y de la ONP, las reformas constitucionales y elevar el presupuesto de la República a educación y salud, pero si no logramos aprobar esta norma, será imposible”, acotó.
Finalmente, el legislador Iván Quispe Apaza señaló que desde el Frente Amplio siempre se han mostrado de acuerdo con las reformas más importantes del país; por ello, presentaron varios proyectos para convocar a referéndum vía Asamblea Constituyente y cambiar la Constitución. Lamentó que desde la Comisión de Constitución y Reglamento no se haya querido ver este tema.
