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El Congreso de la República es responsable del quiebre de la democracia, de la ruptura del equilibrio de poderes y por ello ahora el largo repudio ciudadano es mucho mayor, carece de legitimidad, por lo cual debería abstenerse de elegir a magistrados del Tribunal Constitucional, pero como está dominado por intereses, ambiciones, ongresistas con cuentes pendientes con la justicia, ha decidido seguir adelante con el preceso de dicha elección.
Ni siquiera su breve duración (pues no tienen ni un año de vigencia y deben terminar en julio) les invita a reflexionar en su falta de representatividad.
Ahora la Comisión Especial encargada del proceso de selección de magistrados del Tribunal Constitucional, que preside el congresista Rolando Ruiz Pinedo (AP) anunció que elegirá a los candidatos por meritocracia y no por conveniencias partidarias.
El congresista, Jorge Pérez Flores (SP), quien sostuvo ante la VII sesión extraordinaria de la Comisión especial que, de acuerdo a la Constitución, los parlamentarios tienen un mandato en ese sentido, que tienen que cumplir. “Quienes consideren que eso no es así, es mejor que den un paso al costado”, expresó.
El titular de ese grupo parlamentario, Ruiz Pinedo, anunció que el próximo miércoles, en sesión ordinaria, se deliberará sobre un pedido presentado por la congresista Carolina Lizárraga Houghton (PM), para interrumpir el proceso de elección de magistrados para el Tribunal Constitucional.
Durante la reunión se dio lectura al oficio de la congresista Lizárraga Houghton, en el que solicita la suspensión del proceso de selección de jueces del Tribunal Constitucional, “por lo menos hasta que el TC resuelva el proceso competencial iniciado por el Poder Ejecutivo contra el Congreso de la República”.
El congresista Jorge Pérez Flores (SP) recordó que seis de los siete magistrados del TC ya culminaron su mandato el 3 de junio del 2019 y que los congresistas tienen un mandato constitucional, que de no hacer lo que se manda, significaría no hacer lo que corresponde.
Asimismo, sostuvo que hoy no hay lugar para pensar en que elección sea por interés partidario, sino que será por meritocracia.
El congresista Gino Costa Santolalla (PM) se sumó el pedido de Lizárraga Houghton de deliberar, considerar y decidir si se interrumpe el proceso de concurso público de méritos “hasta que por lo menos se pronuncie el TC, ya que la vacancia presidencial ha generado una situación de desequilibrio de poder, y ver si el caso se encuentra ajustado o no a la Constitución”.
La congresista Tania Rodas Malca (APP) dijo no entender en qué se afectaría el proceso si las elecciones tendrían lugar el próximo año.
Por su lado, la legisladora Rocío Silva Santisteban (FA) expresó que en medio de un contexto de crisis política debería debatirse el tema de inmediato.
Durante la VII sesión extraordinaria se dio a conocer la renuncia formal de Guillermo Martín Boza Pro al proceso de postulación de selección de magistrados del Tribunal Constitucional.
En la carta que se leyó, Boza Pro manifiesta que la reciente decisión del Congreso de vacar al presidente de la república “resulta en mi opinión, no solo controversial, desde una perspectiva legal y constitucional, sino apresurada, al encontrarse pendiente una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional”.
Dijo que a esto se agrega “la imperiosa necesidad de hacer frente a la gravísima crisis económica y sanitaria que atraviesa nuestro país, que afecta la vida de millones de personas. Esto se logra a través de medidas que contribuyan al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y no a debilitarla o sumirla en la incertidumbre, como es actualmente el caso”.
Durante la sesión, se dio cuenta del oficio enviado por el portavoz de Podemos Perú, Arón Espinoza Velarde, que señala que tomaron conocimiento de un pedido efectuado por los congresistas Rocío Silva Santisteban (FA) y Gino Costa Santolalla (PM) referido al congresista de su bancada, José Luis Luna Morales.
“Lo consideraremos conforme a nuestras atribuciones”, fue la respuesta oficial del representante de esa bancada.
En la última sesión, tanto Silva Santisteban como Costa Santolalla solicitaron que ingresara a la orden del día el pedido de que Luna Morales sea reemplazado por otro parlamentario, considerando la situación judicial en que se encuentra.
“Lo que está en juego es el prestigio, la imagen y la legitimidad de la Comisión especial”, dijo al pedir que el caso se vea de inmediato.
