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El contralor general de la República, Nelson Shack Yalta, sugirió a los miembros de la Comisión de Fiscalización y Contraloría la necesidad de contar con un marco normativo único, integral, que pase por la derogación de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, que data del 2001, y ya que requiere de una actualización.
Fue a propósito de la invitación efectuada por el grupo de trabajo, que preside Héctor Maquera Chávez (UPP), para que brinde su opinión sobre los proyectos de ley 5828 (Frente Amplio) y 7494 (Acción Popular), que proponen una Ley que sanciona la “puerta giratoria” entre el sector público y privado; y el PL 6999, que establece medidas para la expansión del control concurrente.
El PL 7494 propone una Ley que prohíbe la “puerta giratoria” entre el sector público y privado y viceversa; modificando la Ley 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así como de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual.
Shack Yalta recordó la norma que el Congreso aprobó sobre la presentación de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos y dijo que “cada vez que se saca una ley de esta naturaleza para simplificar la vida a los funcionarios, es preferible hacer una norma integral, que se derogue la Ley 27785, que ya es del 2001, y es necesario que sus alcances sean evaluados, y se saque una norma integrada”.
Seguidamente, sostuvo que en la Contraloría están totalmente de acuerdo con regular apropiadamente el problema de las “puertas giratorias”, que cada vez se realiza más, pues son (causa) de posibles problemas de corrupción e inconducta funcional, que derivan de los conflictos de intereses. “Por tanto, es fundamental”, señaló.
“En ese sentido”, continuó, “estamos de acuerdo con los proyectos de ley; y, para ello, es necesario: uno, integrarlas; dos, ya se aprobó por el Pleno la ley que desarrolla que todo el problema de las declaratorias juradas de intereses. Entonces, sería conveniente que estas iniciativas sean actualizadas”.
“Un tema adicional”, indicó, “y quizá sea un tema fundamental es la definición del ámbito: qué cosa es el sector. Y seguramente allí se van a presentar muchas situaciones concretas que alguien debe resolver, porque evidentemente la norma nunca va a ser perfecta. Y la realidad es muy dinámica”.
Finalizó esta parte de su alocución con el ofrecimiento de colaborar con el equipo de asesores para elaborar, conjuntamente, un dictamen con las características propuestas: integral, con la norma aprobada la semana pasada, que derogue la ley anterior y que se obtenga un solo cuerpo normativo, y que también establezca mecanismos para precisar situaciones en donde esta incompatibilidad no sea tan evidente.
CONTROL CONCURRENTE
En el segundo punto de agenda Nelson Shack Yalta hizo una amplia exposición de los conceptos y la puesta en práctica del control concurrente, a propósito de la opinión solicitada en torno al Proyecto de ley 6999, presentado por Fuerza Popular, por el que se propone una Ley que establece medidas para la expansión del control concurrente.
“Es uno de los desafíos más importantes en el marco de la reforma del control gubernamental”, manifestó.
“Está claro que es necesario mejorar la coordinación interinstitucional activando y comprometiendo al Ecosistema de Control; ampliar el modelo de control concurrente; culminar el proceso de absorción de las Oficinas de Control Interno (OCI) a la Contraloría General”, señaló.
Para esto, expresó, es obvio que esas oficinas sean autónomas e independientes, y deben tener capacidad operacional. “Es fundamental”, enfatizó, “porque estas harían el control concurrente”.
Un segundo gran desafío es la “recuperación de la capacidad sancionadora de la Contraloría General de la República (CGR)”, “son dos ejes distintos pero vinculados”.
Sobre el avance del proceso de incorporación de las OCI ofreció algunas cifras: en el 2020 se incorporaron 81 OCI del gobierno regional y gobierno local; en el 2021 se han incorporado 252 y faltan 22 (de los gobiernos regionales, locales y nacional); en el periodo 2022-2023 se pretende incorporar 382 de los tres sectores. De un total de 738 entidades priorizadas.
La planilla de la CGR tendrá que absorber el gasto de lo que significan 2708 profesionales (más de 455 millones de soles), “que, en rigor, no son nuevos, ya existen”, pero “vamos a tener presencia física directa”, en una serie de organismos que “gastan tres cuartas partes del presupuesto de la república”.
“Necesitamos fortalecer capacidades y técnicas de esas entidades”, subrayó Shack Yalta. El control concurrente se creó para intervenir los procesos en la Reconstrucción con Cambios.
“Cuesta plata”, efectivamente, “pero le ahorra dinero al Estado”, y “estamos convencidos de que tiene que expandirse”, pero, “no tenemos los recursos para poder expandirlo”, entonces, “hemos imaginado un mecanismo, que sea parte del expediente técnico”, “que forme parte de la inversión”.
“Cuantas obras se hacen en el Perú”, se preguntó el contralor, “estratifiquemos por tamaño”, “el umbral sería diez millones de soles”.
“Si tomamos el dato del costo total del control concurrente, resulta importante compararlo con el monto total devengado hasta diciembre del 2020, en el cual se incluyen los proyectos y actividades afectadas del control concurrente”, inició una explicación.
“Este cociente”, continuó, “permitirá contar con una referencia orientada que coadyuve a definir los cosos del control concurrente para un proyecto. A esta referencia la llamaremos tasa de costo. Para el caso de la cartera de Reconstrucción con Cambios la tasa de costo para control concurrente alcanza 2,2 %”.
Hay más de 37 874 inversiones efectuadas en el 2020; lo que significa un devengado de más de 28 mil 500 millones de soles; pero si se utiliza el umbral de los diez millones, hay 2678 inversiones con un devengado de casi 16 mil millones de soles: el 2 % de ello significaría 319 millones de soles.
Intervinieron Marco Pichilingue Gómez (FP), quien dijo que el Congreso ha perdido un año, pues no se aprobó en su momento una ley similar, y el beneficio del control concurrente es evidente; Orlando Arapa Roque (NC), quien abogó por incorporar la función sancionadora de la CGR en la presente ley.
Por su parte, Wilmer Bajonero Olivas (AP) señaló que su región Huánuco ha resultado ser más corrupta que Áncash y el Callao, y le llama la atención que no haya alguna autoridad tras las rejas, y Héctor Maquera Chávez dijo que a nivel nacional hay 14 hospitales abandonados.
Al finalizar la sesión, los miembros de la comisión aprobaron, por unanimidad, invitar a una próxima sesión extraordinaria a la presidenta ejecutiva del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), Janeyri Boyer Carrera, para que dé su opinión sobre el proyecto de las puertas giratorias; y al ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza Bellido, para que brinde su opinión sobre la iniciativa que expande el control concurrente.
